La Provincia aprobó el modelo de contrato y destinará USD 112,5 millones a infraestructura vinculada principalmente al tratamiento de efluentes.
El programa contempla intervenciones en plantas depuradoras, colectores y sistemas de tratamiento de efluentes, además de mejoras en la gestión de Aysam.
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El gobierno de Alfredo Cornejo dio un nuevo paso para acceder a un préstamo de USD 150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a financiar obras y acciones vinculadas con el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales.
A través del Decreto 1713 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo aprobó el modelo de contrato que deberá suscribirse con el organismo internacional.
La operación se enmarca en el Programa de Mejora de la Seguridad Hídrica en la Provincia de Mendoza, que será financiado íntegramente con recursos externos y contará con garantía soberana de la Nación.
El anexo del acuerdo permite conocer cómo se distribuirán los recursos: USD 112,5 millones, equivalentes al 75% del préstamo, estarán destinados directamente a obras de infraestructura.
Otros USD 35 millones se utilizarán para mejorar la gestión de los servicios y el fortalecimiento institucional, mientras que USD 2,5 millones financiarán la administración, el monitoreo y la evaluación del programa.
Entre las principales intervenciones aparecen un sistema de macro recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Villa Tulumaya, Lavalle; la rehabilitación de las plantas depuradoras Campo Espejo y Paramillo; la ampliación y optimización del establecimiento depurador de Uspallata; y las etapas II y III del colector de aguas residuales de Colonia Segovia.
El objetivo general del programa es mejorar la seguridad hídrica de Mendoza. Para ello, apunta por un lado a fortalecer la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento y, por otro, a incrementar la disponibilidad y mejorar la calidad de los recursos hídricos mediante la ampliación y optimización del tratamiento de aguas residuales.
Dentro del componente de infraestructura, el programa identifica una serie de intervenciones vinculadas fundamentalmente con el tratamiento de líquidos cloacales.
Una de ellas será la ejecución de un sistema de macro recolección y tratamiento de efluentes cloacales de Villa Tulumaya, en Lavalle.
También se contempla la rehabilitación de las plantas depuradoras Campo Espejo y Paramillo, además de la ampliación y optimización del establecimiento depurador de Uspallata.
A ese paquete se suma la construcción de las etapas II y III del colector de aguas residuales de Colonia Segovia, otra de las intervenciones incluidas dentro del programa que será ejecutado con los recursos internacionales.
La autorización provincial que sirve como marco para el financiamiento contempla, entre otros destinos, la ampliación y mejoramiento de la capacidad de producción, la optimización de los sistemas de distribución de agua, la instalación de macro y micromedidores y la recuperación y ampliación tanto de colectores cloacales como de establecimientos depuradores y potabilizadores.
El segundo componente contará con USD 35 millones y estará enfocado en la gestión de los servicios y el fortalecimiento institucional.
Entre las acciones previstas se encuentran la micromedición y renovación de conexiones domiciliarias de agua potable y la modernización y automatización de perforaciones.
También se incorporan herramientas destinadas a mejorar la gestión de Aysam, como un sistema de seguimiento de reclamos y la actualización de su plataforma tecnológica.
El programa incluye además la elaboración de proyectos ejecutivos e intervenciones complementarias sobre plantas potabilizadoras, junto con campañas destinadas a promover un uso más eficiente del agua y experiencias piloto vinculadas con innovación tecnológica.
Dentro de este componente aparecen además acciones institucionales vinculadas con la inserción laboral de mujeres y políticas de inclusión para personas con discapacidad.
La ejecución técnica y operativa del programa quedará en manos de Aysam, mientras que la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) del Ministerio de Hacienda y Finanzas tendrá a su cargo la gestión financiera y contable del financiamiento.
La operación comenzó a avanzar formalmente durante el primer semestre. El 30 de abril, el gobernador Alfredo Cornejo solicitó al Ministerio de Economía de la Nación la priorización del programa para acceder al financiamiento internacional.
El 20 de mayo, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, otorgó una opinión favorable para iniciar las gestiones por un monto de hasta USD 150 millones. Un día antes se había desarrollado la negociación entre representantes de Mendoza, Nación y el BID, en la que se discutieron las condiciones de los contratos.
Posteriormente, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó la línea de crédito destinada a mejorar la seguridad hídrica en provincias argentinas y, dentro de ese esquema, la primera operación individual correspondiente a Mendoza.
Ahora, mediante el Decreto 1713, el Gobierno provincial aprobó tres instrumentos: el modelo de contrato de préstamo entre Mendoza y el BID, el contrato de garantía entre la Nación y el Banco y el contrato de contragarantía entre la Provincia y el Gobierno nacional.
De esa manera, la República Argentina actuará como garante ante el organismo internacional, mientras que Mendoza asumirá las obligaciones correspondientes al préstamo.
Las condiciones establecidas contemplan un plazo de cinco años para los desembolsos, contado desde la entrada en vigencia del contrato, y un cronograma de amortización de 25 años desde la firma. La tasa de interés será determinada de acuerdo con las condiciones previstas por las normas generales del BID.
El expediente incorpora además un informe de la Dirección General de Crédito al Sector Público que considera conveniente la operación por la competitividad de la tasa y el extenso plazo de financiamiento respecto de las alternativas disponibles para Mendoza en los mercados de capitales.
Sin embargo, la publicación del decreto no significa que los USD 150 millones ya estén disponibles para la Provincia.
Antes del primer desembolso, Mendoza deberá cumplir una serie de condiciones, entre ellas suscribir un convenio de ejecución, conformar la Unidad Ejecutora del programa y designar especialistas en adquisiciones, monitoreo y evaluación y aspectos ambientales y sociales.
También deberá aprobarse y entrar en vigencia el Reglamento Operativo del Programa, que incorporará los requisitos ambientales y sociales acordados con el organismo internacional.
Una vez firmado el contrato, la UFI iniciará además el procedimiento para realizar un incremento presupuestario por mayor recaudación estimada, que permitirá incorporar los fondos del préstamo al presupuesto provincial y efectuar las imputaciones correspondientes.
El programa quedará sujeto a controles durante su ejecución. La Provincia deberá presentar al BID informes semestrales de progreso, un Plan de Ejecución Plurianual, planes operativos anuales y planes de adquisiciones.
El esquema contempla además reuniones trimestrales y visitas de inspección conjuntas para controlar el avance físico y financiero de las intervenciones.
