Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional ha implementado una estrategia financiera que consistió en retener y redireccionar fondos originalmente destinados a obras públicas.
Mediante la subejecución de partidas destinadas a infraestructura, la administración nacional acumuló excedentes que fueron utilizados para adquirir bonos y letras del Tesoro para priorizar el equilibrio fiscal sobre la ejecución de proyectos viales e hídricos.
Rutas nacionales en mal estado por falta de obras públicas.
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Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional ha implementado una estrategia financiera que consistió en retener y redireccionar fondos originalmente destinados a obras públicas.
Según revelan balances oficiales y planillas presupuestarias, los fondos fiduciarios que aún operan recaudaron más de $ 8,2 billones, logrando acumular un superávit cercano a los US$ 3.000 millones.
A pesar de que estos recursos tienen fines específicos asignados por ley, principalmente vinculados a la infraestructura, la administración nacional ha optado por destinar solo una fracción de los mismos a sus metas originales. El análisis de informes de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto indica que un porcentaje elevado de esta recaudación se volcó a la compra de letras y títulos públicos para sostener la premisa de déficit cero.
Las cifras oficiales detallan que el superávit financiero de estos fideicomisos fue de $ 1,86 billones en 2024 y de $ 1,23 billones en 2025, montos que equivalen a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones respectivamente, calculados al tipo de cambio oficial promedio. Esta acumulación fue posible gracias a una marcada subejecución: en 2024 solo se ejecutó el 55,8% de lo recaudado, cifra que subió levemente al 69,5% en 2025 y se mantuvo en un 69,7% durante el primer trimestre de 2026.
Esta maniobra financiera ha tenido un impacto directo en la obra pública, provocando la parálisis de proyectos viales e hídricos en todo el territorio nacional. Uno de los sectores más afectados es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), donde las transferencias se recortaron en un 94%, lo que derivó en la detención de 636 proyectos de vivienda e infraestructura básica en barrios populares.
Asimismo, se observan restricciones similares en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica. En estos casos, las inversiones financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo han superado ampliamente los montos invertidos en el mantenimiento de rutas y saneamiento.
Bajo la dirección del Ministerio de Economía, los activos no utilizados han dejado de resguardarse en plazos fijos del Banco Nación para pasar a la adquisición directa de instrumentos de deuda del Tesoro. Para el presente ejercicio, se estima que las colocaciones en bonos, letras y títulos públicos alcanzarán los $ 1,33 billones, otorgando a la cartera económica unos US$ 880 millones adicionales provenientes de estas cajas fiduciarias.
Proyecciones de centros de estudio privados sugieren que, de mantenerse este esquema, la acumulación de excedentes fiduciarios podría rozar los US$ 4.000 millones al finalizar los primeros tres años de mandato.
