El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este viernes la salida del juez Rafael Alfonso Escot, quien dejó el Poder Judicial de Mendoza después de 38 años de carrera y mientras avanzaba con los trámites para acceder a la jubilación.
El juez dejó el Primer Tribunal Penal Colegiado. Su trayectoria estuvo atravesada por causas resonantes y controversias judiciales.
El juez penal dejó su cargo mientras avanzaba con su jubilación. En los últimos meses había sido denunciado por filtrar chats privados.
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El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este viernes la salida del juez Rafael Alfonso Escot, quien dejó el Poder Judicial de Mendoza después de 38 años de carrera y mientras avanzaba con los trámites para acceder a la jubilación.
La renuncia del magistrado, que en los últimos años estuvo involucrado en distintas controversias, había comenzado a tramitarse meses atrás y ahora quedó formalizada con su publicación en el Boletín Oficial. La decisión fue instrumentada mediante el Decreto 1520, fechado el 30 de julio y firmado por el mandatario y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
Según establece el decreto, Escot presentó su “renuncia definitiva” a partir del 1 de septiembre al cargo de juez de Cámara e integrante del Primer Tribunal Penal Colegiado de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. El Ejecutivo aceptó la dimisión en esos términos, por lo que su salida tiene efectos desde comienzos de esta semana.
La aceptación se realizó de acuerdo con los artículos 96 y 97, inciso a), de la Ley 9003 y luego del dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
La salida se conocía desde hacía algunas semanas. Escot había presentado su renuncia en junio, mientras avanzaba con los trámites previsionales necesarios para retirarse después de una extensa trayectoria dentro de la Justicia provincial.
El magistrado había recurrido previamente a la Justicia federal debido a que contaba con los años de aportes requeridos para jubilarse, aunque todavía no alcanzaba la edad exigida. Tras avanzar en ese proceso comenzó a preparar su retiro del Poder Judicial.
Escot ingresó a la Justicia mendocina en 1988 y atravesó diferentes funciones dentro del fuero penal. Comenzó como fiscal en Tunuyán, luego se desempeñó como juez de Instrucción y posteriormente llegó a juez de Cámara.
Durante buena parte de su trayectoria integró la Quinta Cámara del Crimen y, con la implementación de los Tribunales Penales Colegiados, pasó a formar parte del Primer Tribunal Penal Colegiado de la Primera Circunscripción Judicial, cargo al que ahora renunció formalmente.
También quedó registrado en la historia reciente del sistema judicial mendocino por haber sido el primer magistrado en conducir un juicio por jurados en la provincia, luego de la puesta en marcha de ese mecanismo.
Uno de los expedientes de mayor repercusión que pasaron por sus manos ocurrió durante su etapa como juez de Instrucción. Escot tuvo a cargo parte de la investigación de la denominada “mafia policial”, una causa que sacudió a Mendoza a comienzos de los 2000.
El expediente se desarrolló a partir de los crímenes de José Zambrano y Pablo Rodríguez y derivó en la detención y encarcelamiento de policías y civiles. Sin embargo, en 2004 los imputados terminaron liberados y sobreseídos ante la falta de acusación fiscal.
Entre ellos estuvo el expolicía Felipe Gil Fernández, quien posteriormente obtuvo una indemnización millonaria contra el Estado provincial y continuó reclamando su reincorporación a la fuerza.
Ya como juez de sentencia, Escot integró la Quinta Cámara del Crimen. Allí mantuvo una relación conflictiva con su colega Gonzalo Guiñazú, con diferencias que trascendieron los despachos judiciales.
Otro conflicto se produjo en 2016, cuando la fiscal de Cámara Laura Rousselle presentó una denuncia administrativa contra Escot por presunto maltrato laboral. El magistrado rechazó las acusaciones y sostuvo entonces que las diferencias entre ambos respondían a cuestiones jurídicas.
Fuera de los expedientes, Escot tampoco ocultó durante su carrera su afición por las armas de fuego y la caza. Es presidente del Club Tiro Federal Mendoza y fue uno de los primeros magistrados mendocinos en acudir armado a allanamientos y otros procedimientos policiales y judiciales.
También trascendieron fotografías de expediciones de caza mayor realizadas en diferentes cotos, incluso en África, que en distintos momentos generaron cuestionamientos dentro y fuera del ámbito judicial.
Otra de las controversias que atravesó su última etapa en la Justicia estuvo vinculada con el caso Próvolo. Escot integró inicialmente el tribunal del segundo juicio por los abusos cometidos en el instituto religioso, pero fue apartado del debate en agosto de 2022.
Durante la declaración de un testigo hipoacúsico, el magistrado utilizó la expresión “diálogo de sordos” ante las dificultades que se presentaban para desarrollar el testimonio. La situación provocó cuestionamientos de la Fiscalía y de los representantes de las víctimas, que plantearon su recusación.
El episodio volvió a quedar bajo la lupa este año luego de que la Suprema Corte revisara las absoluciones dictadas en aquel proceso. En ese contexto, la ministra del máximo tribunal Teresa Day impulsó que la Sala Administrativa analizara la actuación que había tenido Escot durante aquel juicio.
La controversia más reciente ocurrió meses antes de su salida y estuvo relacionada con la causa contra el exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino.
Un grupo de jueces penales en actividad y jubilados presentó una denuncia administrativa ante la Suprema Corte de Justicia contra Escot por la filtración de conversaciones de un grupo privado de WhatsApp denominado “Hay juec@s en Berlín”.
Las capturas llegaron a manos de D'Agostino y fueron utilizadas por su defensa para plantear la recusación de la jueza María Belén Salido, a partir de comentarios que la magistrada había realizado previamente sobre la situación procesal del exfuncionario.
Escot reconoció públicamente que había entregado las capturas a D'Agostino y explicó que mantenía una amistad con él. Justificó su decisión al considerar que el acusado tenía derecho a conocer expresiones previas de una magistrada que podía intervenir en su expediente y sostuvo que debía garantizarse la imparcialidad de quien lo juzgara.
La situación derivó en una presentación de nueve integrantes del grupo ante la Sala Administrativa de la Corte. Entre las medidas solicitadas figuraban el secuestro y peritaje de los teléfonos celulares de Escot para determinar el alcance que había tenido la difusión de esas conversaciones.
