La Provincia ofrece dos aeronaves y mantendría la radarización. Alvear busca avanzar, mientras San Rafael reclama recursos para operar el sistema.
El Ejecutivo puso dos aeronaves a disposición del Sur y aportaría la radarización, pero persisten diferencias sobre el traspaso y el financiamiento.
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El gobierno de Alfredo Cornejo abrió una negociación con San Rafael y General Alvear para definir el futuro de dos de los cuatro aviones que Mendoza utilizaba para la lucha antigranizo. La decisión inicial era subastar todas las aeronaves, pero la insistencia de los intendentes del Sur llevó al Ejecutivo a retirar dos de la venta y ofrecerlas a los municipios.
Ahora, la discusión pasa por las condiciones de la transferencia y por quién afrontará los costos para mantener operativo el sistema. Los otros dos aviones continuarán dentro del proceso de venta previsto por la Provincia. Según indicó a Los Andes el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, cada aeronave está valuada en unos US$300.000.
“Tenemos programada la subasta de los cuatro aviones, a los municipios ya les habíamos dicho que compraran uno mediante esa vía. Lo que pasó ahora es que, a través de la insistencia de los intendentes, decidimos ceder dos de esos aviones y los otros dos seguirán a la venta”, explicó.
Sin embargo, todavía no está resuelta la modalidad bajo la cual San Rafael y General Alvear podrían recibirlos. Vargas Arizu señaló que la Provincia no tiene previsto entregar gratuitamente las aeronaves y mencionó como una posibilidad establecer un mecanismo de pago en cuotas mediante descuentos sobre la coparticipación municipal.
“Nos tenemos que reunir con los municipios para ver las condiciones de esa cesión. Nosotros no tenemos pensado regalárselos. Podemos acordar algún tipo de venta mediante descuento de la coparticipación y en cuotas”, sostuvo.
Desde otros sectores del Ejecutivo señalaron que la decisión adoptada hasta el momento consiste en poner dos aviones a disposición de los departamentos del Sur, aunque todavía no está definido si la transferencia será mediante una venta.
La interpretación de General Alvear es diferente. Desde el municipio conducido por Alejandro Molero aseguraron que durante las conversaciones con funcionarios provinciales plantearon que las comunas no estaban en condiciones de endeudarse para adquirir las aeronaves y que se acordó avanzar con una cesión sin cargo.
De todas maneras, reconocieron que el traspaso requiere cumplir una serie de pasos administrativos porque los aviones forman parte del patrimonio provincial. Es decir, en caso de concretarse, el Ejecutivo debe enviar un proyecto a la Legislatura estableciendo las condiciones de la cesión de los equipos.
“Al ser un traspaso de Estado a Estado es mucho más fácil, pero sí tiene que tener un procedimiento”, explicaron desde el departamento.
Parte de esas condiciones comenzarán a definirse esta semana, cuando el gobernador Alfredo Cornejo se reúna con Molero el titular de la cartera de Producción. Allí buscarán darle forma al acuerdo y establecer el mecanismo de transferencia. Desde ambos sectores señalan que el procedimiento también deberá tener intervención legislativa.
Para Alvear, no tener que pagar por las aeronaves permitiría concentrar sus recursos en los gastos operativos: pilotos, combustible y pirotecnia. Sin embargo, el departamento necesita que San Rafael también participe para que la lucha antigranizo pueda continuar.
Desde el Gobierno señalaron que Alvear no estaría en condiciones de desarrollar por sí solo el sistema por la infraestructura que requiere. En la comuna de Molero coinciden en que necesitan a San Rafael, aunque aclaran que el problema no pasa por el mantenimiento mecánico de los aviones.
San Rafael cuenta con aeroclub, una pista habilitada para operaciones nocturnas, polvorines y la empresa aeronáutica que participó del sistema durante la temporada anterior. Alvear no dispone actualmente de toda esa infraestructura.
También aparece una cuestión económica. Desde General Alvear estiman que San Rafael concentra alrededor del 70% de las hectáreas cultivadas involucradas y consideran que esa proporción debería trasladarse al financiamiento de un eventual esquema conjunto: San Rafael aportaría aproximadamente el 70% de los gastos y Alvear el 30%.
La posición de San Rafael es más cautelosa. Desde la comuma que comanda Omar Félix cuestionaron que todavía no estén establecidas las condiciones de la transferencia y advirtieron que recibir los aviones no resuelve el financiamiento de la lucha antigranizo.
El concejal Francisco Perdigues planteó que deben contemplarse los costos de pilotos, personal, mantenimiento, horas de vuelo, combustible y bengalas. Según las estimaciones difundidas desde San Rafael, una temporada demandaría alrededor de $4.500 millones.
“El fin de semana decían que la Lucha Antigranizo no servía, ayer nos vendían los aviones y ahora dicen- de manera poco clara- que los van a ceder", precisó Perdigues.
Además, sostuvo que para desarrollar el sistema serían necesarios al menos tres aviones y reclamó que la Provincia vuelva a asumir el financiamiento. Desde San Rafael defienden los resultados de la última temporada: aseguran que unas 1.900 hectáreas resultaron afectadas, frente a un promedio que ubican alrededor de las 5.300 hectáreas.
El planteo del municipio es que, si la Provincia pretende trasladar responsabilidades a las comunas, también debería acompañarlas con recursos. Perdigues mencionó como alternativas fondos provenientes de impuestos provinciales como Automotor e Inmobiliario.
También señaló que General Alvear mantiene compromisos económicos pendientes correspondientes al esquema anterior: aproximadamente $60 millones con el municipio de San Rafael y otros $150 millones con el fideicomiso.
Aunque decidió dejar de financiar la operación aérea, el Gobierno está dispuesto a mantener parte de la estructura necesaria si los municipios continúan con el sistema.
Vargas Arizu aseguró que el Ejecutivo garantizará el servicio de radarización, uno de los componentes de mayor costo. En las conversaciones también aparece la utilización de los polvorines necesarios para almacenar la pirotecnia.
“Si siguen creyendo que lo mejor es mantenerla, que compren los aviones. Nosotros les vamos a garantizar el servicio de radarización, que es bastante costoso”, sostuvo el ministro.
La postura provincial está vinculada con el cambio de política aplicado hace dos años. La administración de Cornejo considera que los recursos destinados anteriormente a financiar la lucha aérea deben llegar directamente a productores afectados por contingencias climáticas mediante el Seguro Agrícola.
Según los números aportados por el Ministerio de Producción a este diario, durante el último año la Provincia destinó $14.000 millones al programa, que contempla daños por granizo y heladas.
De ese monto, unos $9.615 millones fueron para productores de San Rafael y General Alvear: $5.559.094.859 para el primero y $4.056.020.771 para el segundo. De esta manera, alrededor del 72% de los recursos distribuidos se concentró en el Sur provincial. En el Este, San Martín recibió $939.679.418; Junín, $712.500.457; y Rivadavia, $562.802.847.
El argumento oficial es que incluso con la lucha antigranizo continuaban produciéndose daños y que, ante pérdidas importantes, algunos productores quedaban sin capital para afrontar la temporada siguiente.
Mientras avanzan las conversaciones con los municipios por las dos aeronaves, los otros dos aviones seguirán destinados a la venta y AEMSA continuará dentro de la estructura estatal, concentrada en los servicios meteorológicos, radares, estaciones y el sistema de alertas tempranas.
