La propuesta incluye nuevas defensorías y asesorías, cambios en la distribución de competencias y mayores atribuciones para su titular.
La iniciativa permitirá modificar estructuras, redistribuir competencias y disponer traslados de magistrados bajo determinadas condiciones.
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Prensa GobiernoEl Gobierno provincial presentó en la Legislatura un proyecto de ley para reorganizar el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar de Mendoza, que contempla la creación de nuevas dependencias judiciales, la puesta en funcionamiento de organismos establecidos por leyes anteriores y una ampliación de las facultades de su máxima autoridad.
La iniciativa ingresó este lunes 26 de octubre a la Cámara de Diputados, bajo el expediente 88729, y propone modificar la Ley 8.928, que regula el funcionamiento del organismo conducido por Cecilia Saint André.
Entre los cambios previstos figura la posibilidad de disponer traslados de defensores y asesores judiciales sin necesidad de contar con su consentimiento, siempre que permanezcan dentro de una misma circunscripción judicial.
Según los fundamentos enviados por el Ejecutivo, la propuesta busca fortalecer el acceso a la Justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad social y económica, además de adecuar la estructura del organismo a los cargos de magistrados incorporados durante los últimos ejercicios presupuestarios.
El proyecto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y establece una serie de modificaciones que alcanzarán a distintas circunscripciones judiciales de la provincia.
La presentación de la iniciativa coincide con el tratamiento del Presupuesto 2027 del Ministerio Público de la Defensa, que contempla recursos por $30.974 millones y una serie de incorporaciones de personal para ampliar la cobertura del servicio judicial en diferentes departamentos.
Uno de los principales puntos de la iniciativa es la creación de una Defensoría Civil en General Alvear, que dependerá de la Segunda Circunscripción Judicial.
También se contempla la apertura de tres asesorías de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Capacidad Restringida. Dos de ellas tendrán sede en San Rafael y San Carlos, mientras que la tercera estará ubicada en la Primera Circunscripción Judicial.
En este último caso, el proyecto no precisa el departamento donde funcionará la dependencia y deja esa definición a cargo de la Defensora General. No obstante, en los fundamentos de la iniciativa se menciona a Guaymallén entre las localidades contempladas.
Por otra parte, el Ejecutivo propone poner en funcionamiento dos organismos que ya cuentan con respaldo legal, pero cuya implementación permanece pendiente.
Se trata de la Decimocuarta Asesoría de la Primera Circunscripción Judicial, creada por la Ley 7.837 y destinada a reforzar la atención en Las Heras, y de la Asesoría de Villa Tulumaya, en Lavalle, establecida mediante la Ley 8.577.
La reforma también incluye la creación de dos Defensorías de Familia con competencia en todo el territorio provincial, que tendrán a su cargo la coordinación de los codefensores que trabajan en las distintas circunscripciones.
Estas dependencias intervendrán exclusivamente en asuntos vinculados con el derecho de familia, la niñez, la adolescencia y la violencia familiar, conforme a lo establecido por la Ley 9.120.
A su vez, se prevé una nueva Defensoría Penal de Ejecución en la Primera Circunscripción Judicial, orientada al seguimiento de la ejecución de las penas y al resguardo de las garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la ampliación de las atribuciones de la Defensora General mediante la modificación del artículo 12 de la Ley 8.928.
La nueva redacción permitirá que la titular del organismo pueda crear, modificar, fusionar y reorganizar estructuras internas, además de redistribuir las competencias materiales y territoriales de las distintas defensorías y asesorías.
También tendrá la facultad de determinar la cantidad de magistrados, funcionarios y empleados asignados a cada dependencia, de acuerdo con la planta de cargos existente, y establecer mecanismos de distribución de causas, turnos y subrogancias.
Sin embargo, uno de los cambios más relevantes está relacionado con la posibilidad de trasladar defensores y asesores entre distintas dependencias judiciales por razones de organización, especialización o necesidades del servicio.
La iniciativa establece una diferencia según el ámbito territorial en el que se disponga el traslado. Cuando el movimiento se produzca entre dependencias de una misma circunscripción judicial, la Defensora General podrá ordenarlo sin requerir la conformidad del magistrado.
En cambio, si implica pasar de una circunscripción a otra, será obligatorio contar con el consentimiento del funcionario involucrado. En todos los casos, deberá conservar su jerarquía y condición de defensor o asesor.
La reorganización planteada por el Ejecutivo también está vinculada con las necesidades de personal expuestas por el Ministerio Público de la Defensa durante la presentación de sus previsiones presupuestarias para el próximo año.
El organismo solicitó $30.974 millones para 2027, de los cuales $29.629 millones estarán destinados al pago de personal, equivalente al 95,63% del total. Los restantes $1.345 millones corresponden a funcionamiento e inversión, financiados mediante recursos propios.
En ese marco, Saint André presentó un esquema de incorporaciones que incluye dos cargos de magistrados para las nuevas Defensorías de Familia y uno para la Defensoría Penal de Ejecución de Almafuerte.
La propuesta también contempla cinco cargos adicionales de codefensores para reforzar las áreas de Familia y Civil, otros cinco para acompañar la implementación de las nuevas dependencias judiciales y tres puestos destinados a jefaturas administrativas.
A estos requerimientos se suma un cargo para el área de Capacitación y Jurisprudencia, con funciones vinculadas a la formación del personal y la sistematización de antecedentes judiciales.
Según las estadísticas oficiales presentadas ante la Legislatura, el Ministerio Público de la Defensa proyecta atender a 205.232 personas durante 2026, frente a las 175.846 registradas en 2024, lo que representa un incremento cercano al 17%.
En cuanto a la distribución de los recursos humanos dentro del Poder Judicial, la institución señaló que actualmente concentra alrededor del 6% de los cargos, frente al 29,4% del Ministerio Público Fiscal y el 64,2% correspondiente a la Suprema Corte de Justicia.
El texto enviado a la Legislatura también contempla un régimen de transición para organizar la puesta en marcha de las dependencias y los cambios administrativos.
De aprobarse la ley, Saint André quedará facultada para determinar cuándo comenzarán a funcionar los nuevos organismos y establecer las medidas necesarias para redistribuir los expedientes en trámite.
El proyecto señala que estas decisiones deberán responder a criterios generales, objetivos y previamente establecidos, con el propósito de preservar la continuidad de las intervenciones judiciales y evitar demoras en la atención.
La iniciativa no fija plazos específicos para la apertura de las dependencias y contempla tanto los cargos de magistrados creados durante 2026 como aquellos previstos para el ejercicio 2027.
