En una jugada orientada a frenar el embate parlamentario de la oposición, La Libertad Avanza confirmó que convocará a una mega sesión en la Cámara de Diputados para el 21 de octubre.
El oficialismo convocará a un debate maratónico para el 21 de octubre con el fin de desactivar la citación opositora del 15. La estrategia libertaria contempla además consensos en discapacidad y endeudamiento.
Se viene una mega sesión en Diputados propuesta por el oficialismo para frenar la derogación del DNU 70.
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En una jugada orientada a frenar el embate parlamentario de la oposición, La Libertad Avanza confirmó que convocará a una mega sesión en la Cámara de Diputados para el 21 de octubre.
La meta central del oficialismo es desactivar la sesión especial organizada por bloques opositores para el 15 de octubre, en la cual se pretendía rechazar el DNU 70/23.
Para facilitar un acuerdo con sectores dialoguistas, el Poder Ejecutivo aceptó derogar el artículo 154 de dicho decreto, devolviendo la vigencia al límite del 15% para la adquisición de tierras por parte de extranjeros instaurado durante el kirchnerismo. Desde la cúpula libertaria afirmaron que este giro quita argumentos al reclamo opositor y desactiva las condiciones para lograr quórum en la fecha previa.
Como parte del cronograma parlamentario, el oficialismo convocó para el 14 de octubre a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para iniciar el debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, agregando un articulado específico sobre la extranjerización de tierras.
De acuerdo con estimaciones libertarias, el debate del 21 de octubre se extenderá por al menos 22 horas, convirtiéndose en una de las jornadas más largas de la historia del recinto. La propuesta busca dar un marco de contención a legisladores del PRO, la UCR, el MID y partidos provinciales que cuestionaban la desregulación territorial pero se oponían a tumbar por completo el decreto que derogó normas clave como las leyes de Alquileres, Góndolas y Abastecimiento.
El panorama político experimentó un cambio relevante tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia que repuso cautelarmente la Ley de Tierras al suspender los efectos del DNU 70/23. Esta decisión judicial abrió expectativas en la Casa Rosada y sembró dudas sobre la posibilidad de que la oposición obtenga los 129 diputados requeridos para abrir el recinto el 15 de octubre. Mientras que diversos sectores opositores se encontraban cerca del quórum antes del fallo, el nuevo marco legal debilitó la adhesión de los espacios intermedios.
Las posturas dentro del arco opositor se dividieron de forma pronunciada tras el dictamen del máximo tribunal. La bancada de Unión por la Patria, junto a la diputada Myriam Bregman y el socialista Esteban Paulón, ratificaron la citación del 15 de octubre exigiendo la derogación total del DNU 70/23 y la defensa de los derechos sociales. En contraste, el legislador Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, celebró la reposición de la norma territorial pero evitó respaldar expresamente la sesión opositora. De este modo, la definición sobre el quórum quedó supeditada a la postura que adopten las bancadas de Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca e Independencia, vinculadas a gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca y Tucumán.
La agenda confeccionada por el oficialismo para la sesión maratónica contempla el tratamiento de varios proyectos de alto impacto económico y social. En relación a la temática de discapacidad, el Gobierno acordó con los bloques aliados retirar la reforma planteada en el Presupuesto 2027 e impulsar un texto consensuado que preserva la pensión no contributiva, la actualización periódica por inflación, el nomenclador universal y el arancel unificado. Asimismo, por reclamo aliado, la pensión será compatible con el empleo registrado cuando los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. La iniciativa libertaria busca desactivar el proyecto opositor de prórroga de la emergencia, aun cuando cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso señalan que la medida oficialista demandaría un costo de hasta 1,2 billones de pesos al año.
En materia de endeudamiento familiar, la propuesta libertaria aborda la problemática como un asunto entre particulares, promoviendo educación financiera, transparencia de tasas y mecanismos de doble validación digital para préstamos. Esta posición contrapone la búsqueda opositora de declarar la emergencia por 180 días e instrumentar esquemas de refinanciación basados en la tasa TAMAR más un recargo del 25%. Por último, el temario incluirá el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas, que amplía sanciones a la explotación no autorizada de recursos naturales en el archipiélago y prevé la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
