La contratación contempla inhibidores de señales celulares y Wi-Fi, además de tecnología para detectar, rastrear y neutralizar drones no autorizados.
El sistema permitirá bloquear señales telefónicas por sectores y detectar aeronaves no tripuladas que se aproximen a los establecimientos penitenciarios.
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Prensa gobierno de Mendoza
El Gobierno de Mendoza adjudicó una licitación pública por $3.753 millones para la adquisición e instalación de un sistema de inhibidores de celulares, conexiones Wi-Fi y tecnología antidrones en los complejos penitenciarios Almafuerte I y II, ubicados en Cacheuta, Luján de Cuyo.
La contratación fue oficializada mediante el Decreto 2151, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el pasado 7 de octubre y publicado este martes en el Boletín Oficial.
La empresa adjudicataria es Cytric Solutions Argentina SRL, que presentó la única oferta en el proceso licitatorio. El contrato fue establecido en 2.485.970 dólares, equivalentes a $3.753.814.700 según el tipo de cambio oficial del Banco Nación utilizado para evaluar la propuesta.
El proyecto contempla la instalación de inhibidores de comunicaciones en los módulos 3 y 4 de Almafuerte I, mientras que los sistemas de detección y neutralización de drones estarán destinados a los dos complejos penitenciarios.
De acuerdo con las especificaciones técnicas incorporadas al decreto, la contratación prevé la instalación de ocho gabinetes de inhibición de señales celulares y cinco destinados a bloquear conexiones Wi-Fi en sectores determinados de Almafuerte I.
Los dispositivos forman parte del sistema Netline C-Block, una tecnología diseñada para interferir en las comunicaciones entre los teléfonos celulares que se encuentren dentro del establecimiento y las antenas de telefonía móvil ubicadas en las inmediaciones.
El equipamiento también cuenta con capacidad para inhibir otras conexiones inalámbricas, como Bluetooth, y determinadas comunicaciones satelitales.
Una de sus características es la posibilidad de aplicar bloqueos sectorizados, lo que permitirá regular la intensidad de las señales e intervenir sobre módulos o áreas específicas del penal.
La administración estará a cargo de una plataforma centralizada denominada Netline GeoDome, desde la cual se podrá supervisar el funcionamiento de los equipos, activar o desactivar dispositivos y detectar eventuales fallas técnicas.
El sistema también permitirá registrar alertas de mantenimiento, interrupciones del servicio y cambios operativos, con información disponible para los responsables de su funcionamiento.
La adjudicación incluye un sistema antidrones para los complejos Almafuerte I y II, que permitirá identificar aeronaves no tripuladas que se aproximen a las instalaciones penitenciarias y aplicar diferentes mecanismos de intervención.
La solución tecnológica estará integrada por distintos dispositivos, entre ellos el sistema Skycope SkyEye LR, que utiliza radiofrecuencia para detectar drones y localizar sus controles remotos.
Según la documentación oficial, esta herramienta podrá funcionar automáticamente durante las 24 horas y obtener información sobre la ubicación, velocidad, altura y trayectoria de las aeronaves.
También se incorporará el sistema Sentrycs, que permite identificar los dispositivos y realizar un seguimiento de sus movimientos, además de intervenir sobre sus comunicaciones.
Para neutralizar drones no autorizados, el equipamiento contempla tres mecanismos: la toma de control electrónico de la aeronave, la alteración de sus señales de navegación satelital y la inhibición de la comunicación entre el dispositivo y su operador.
Estas herramientas permitirán interrumpir vuelos, provocar el alejamiento de los aparatos o facilitar aterrizajes controlados, de acuerdo con las características técnicas de cada dispositivo.
El sistema está diseñado para detectar tanto drones comerciales como equipos de fabricación particular y varios aparatos que operen simultáneamente. Toda la información podrá ser supervisada desde la plataforma de comando y control, que también permitirá registrar los incidentes.
El proceso de contratación comenzó el 30 de junio de 2026, cuando el Ejecutivo autorizó el llamado a licitación mediante el Decreto 1283, con un presupuesto inicial de $3.625 millones.
La apertura de ofertas se realizó el 24 de julio y contó con la participación de una sola firma, Cytric Solutions Argentina SRL, que presentó una propuesta económica de 2.493.450 dólares.
Durante la evaluación administrativa, el Ministerio de Seguridad y Justicia solicitó una mejora de oferta. La empresa redujo su cotización en 7.480 dólares, por lo que el monto definitivo quedó establecido en 2.485.970 dólares.
La Comisión de Preadjudicación recomendó avanzar con la contratación luego de que la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad verificara que la propuesta cumplía con los requisitos establecidos en los pliegos.
Para calcular el importe en pesos se utilizó la cotización oficial del Banco Nación del 23 de julio, de $1.510 por dólar. El monto adjudicado quedó por encima del presupuesto original, por lo que el decreto autorizó una afectación adicional de $128.814.700.
La normativa también establece que el Ministerio podrá reconocer las diferencias cambiarias que se produzcan entre la cotización utilizada para evaluar la oferta y la vigente al momento del pago efectivo.
En cuanto a los plazos, la empresa tendrá un máximo de 120 días corridos desde la notificación formal de la adjudicación para entregar los equipos, completar su instalación y ponerlos en funcionamiento.
Los trabajos previstos incluyen adecuaciones eléctricas, tendido de fibra óptica, instalación de antenas, montaje de una torre para el sistema antidrones y configuración de las plataformas informáticas.
El contrato contempla una garantía de 24 meses para los componentes suministrados, junto con un servicio de asistencia técnica permanente y tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Además, la empresa deberá brindar capacitación técnica y operativa a un máximo de 25 agentes penitenciarios, mediante un programa de aproximadamente ocho días hábiles que deberá desarrollarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la recepción provisoria del equipamiento.
