Legisladores nacionales y provinciales presentaron proyectos para regular el uso de contenido manipulado en redes sociales durante las campañas electorales. La mirada del Ministerio de Seguridad y Justicia.
La Cámara Nacional Electoral advirtió que el uso de videos falsos en campaña es un delito
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El impacto del video falso en el que Mauricio Macri llama a votar a Manuel Adorni, difundido en la previa de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), encendió las alarmas en todo el arco político respecto al uso de plataformas virtuales durante los comicios. En respuesta, el diputado nacional de la UCR, Julio Cobos, presentó un proyecto en el Congreso para abordar esta problemática.
Pero la preocupación no se limitó al Congreso. En la Legislatura provincial, la diputada del PRO, Lula Laura Balsells Miró, presentó una iniciativa bajo el título “Ley de Campaña Limpia y Prevención de la Desinformación y el Uso Malicioso de Tecnología en Procesos Electorales”.
También se manifestó al respecto la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien destacó la necesidad de llegar a un acuerdo que establezca un orden público digital para enfrentar las “tensiones” que generan estas nuevas herramientas tecnológicas.
“Es necesario abordar las tensiones que presentan las nuevas tecnologías, la vigencia de nuevos derechos humanos y asegurar la prestación de servicios esenciales básicos. También se debe justificar su pertinencia como un bien jurídico transnacional”, explicó Rus en una entrevista radial.
Especializada en esta temática, la ministra elaboró una tesis titulada “El orden público digital”, en la que sostiene que los organismos gubernamentales deben contar con poder suficiente para enfrentar a las grandes empresas tecnológicas, con acuerdos que incluyan facultades sancionatorias.
Sobre el trabajo que realiza el Ministerio, Rus recordó que desde su gestión se creó la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, a cargo de Leandro Biscupovich.
“Estamos incorporando personal a esta subsecretaría mediante concursos. Para abordar estos temas se necesita un recurso humano y tecnológico altamente capacitado, porque si no, siempre iremos detrás de los avances”, comentó la ministra.
Por último, Rus subrayó la falta de una legislación específica en el Código Penal sobre delitos vinculados al uso indebido de la imagen personal en medios digitales. Agregó que “lo más difícil” en estos casos es detectar a los autores, ya que operan desde el anonimato para evitar ser identificados.
El diputado nacional de la UCR, Julio Cobos, presentó un proyecto para crear un nuevo capítulo en el Código Nacional Electoral que regule el uso de contenidos manipulados en plataformas digitales durante los comicios. La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques de la oposición, incluidos los diputados mendocinos de Unión por la Patria: Adolfo Bermejo, Martín Aveiro y Liliana Paponet.
El proyecto define como “contenido manipulado” aquel alterado digitalmente para inducir a error a una persona razonable, haciéndola creer que una figura pública dijo o hizo algo que no ocurrió. También incluye los “contenidos materialmente engañosos”, como videos o audios editados que distorsionan el mensaje original sin mostrar falsedades evidentes.
Cobos advirtió que, en el contexto de la inteligencia artificial generativa, la desinformación puede afectar de manera inédita los procesos electorales. Señaló que estas herramientas digitales pueden ser usadas por “actores maliciosos” para crear imágenes falsas, videos manipulados o audios falsos que pongan en duda la integridad del voto o confundan a los electores.
El proyecto establece que las plataformas digitales con más de 100 mil usuarios en Argentina deberán eliminar contenidos engañosos en un plazo máximo de 48 horas desde su reporte, siempre que se refieran a candidatos o autoridades durante la campaña electoral. Mientras tanto, los contenidos deberán estar claramente etiquetados como manipulados, con acceso a información explicativa.
Además, prevé un sistema de reporte para usuarios y la posibilidad de que jueces electorales ordenen medidas cautelares para asegurar el cumplimiento.
El texto incluye excepciones para proteger la libertad de expresión, como contenidos difundidos por medios que aclaren su carácter ficticio, coberturas informativas con aclaraciones y materiales satíricos o paródicos.
En línea con regulaciones internacionales vigentes en países como Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, el proyecto busca anticipar los riesgos que implica la inteligencia artificial en las elecciones argentinas, garantizando un desarrollo tecnológico responsable sin afectar el derecho a la información veraz.
“Este tipo de contenidos puede viralizarse y socavar la confianza en los resultados electorales. Actuemos antes de que afecte irremediablemente la contienda”, concluyó Cobos.
La diputada del PRO, Laura Balsells Miró presentó el proyecto de ley titulado “Ley de Campaña Limpia y Prevención de la Desinformación y el Uso Malicioso de Tecnología en Procesos Electorales”, con el objetivo de proteger la integridad de los comicios en Mendoza frente a las nuevas amenazas digitales.
La iniciativa surge en el contexto del reciente caso judicial en Buenos Aires, donde un video falso de Mauricio Macri promoviendo a Manuel Adorni desató una investigación contra quienes difundieron el material en redes sociales. En respuesta, el PRO mendocino busca prevenir la manipulación tecnológica en procesos electorales.
Entre los puntos principales del proyecto se encuentran:
Prohibición y sanción de la creación y difusión de contenido falso o manipulado con tecnología que confunda o dañe a personas, partidos o instituciones.
Establecimiento de multas proporcionales al sueldo básico provincial, inhabilitaciones por reincidencia y denuncias automáticas ante el Ministerio Público Fiscal.
Designación de la Junta Electoral Provincial como autoridad de aplicación, con poder para investigar, eliminar contenido engañoso y recibir denuncias ciudadanas.
Creación de la Campaña por la Verdad Electoral y el Respeto Democrático, con participación de partidos, medios, universidades y la sociedad civil para fomentar prácticas políticas transparentes y responsables.
“En Mendoza no podemos permitir que las mentiras digitales condicionen el voto de los ciudadanos. Esta ley pone límites claros y necesarios: no todo vale por un voto”, afirmó Balsells Miró.
El proyecto también define términos clave como “deepfake”, “desinformación electoral” y “tecnología maliciosa”, con el fin de adaptar la legislación provincial a los desafíos digitales actuales. De aprobarse, Mendoza sería pionera en el país en regular esta problemática.