Los expedientes alcanzan a delegados sindicales, policías, penitenciarios, personal de Salud y celadores. Hubo cesantías, suspensiones y otras desvinculaciones.
El Gobierno aplicó cesantías, suspensiones y desvinculaciones en Seguridad, Gobierno, Salud y la DGE por diferentes irregularidades.
Foto:
El gobierno de Alfredo Cornejo avanzó con una nueva tanda de sanciones y desvinculaciones de empleados públicos provinciales a través de decretos y resoluciones que alcanzan a personal de los ministerios de Seguridad y Justicia, Gobierno, Salud y Deportes y de la Dirección General de Escuelas (DGE).
Entre los casos aparecen un empleado del Ministerio de Seguridad detenido con estupefacientes, un penitenciario investigado por presentar un certificado médico presuntamente falso, un trabajador de Transporte condenado por portación ilegal de un arma de fuego, una oncóloga del Hospital Central acusada de simular el cumplimiento de su jornada laboral y un celador que acumuló 414 inasistencias injustificadas.
Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, surgen de distintos procedimientos administrativos y no corresponden necesariamente a hechos ocurridos recientemente. En varios casos, los expedientes comenzaron años atrás y recién ahora concluyeron con una decisión administrativa definitiva.
Uno de los expedientes del Ministerio de Seguridad y Justicia involucra a un empleado civil de planta permanente que se desempeñaba en la División Imprenta, Sellos, Grabados y Encuadernación de la Dirección de Logística.
Según el Decreto Nº 1211, el trabajador fue detenido el 23 de mayo de 2021 por el Cuerpo Motorizado de Prevención mientras portaba estupefacientes. A partir del procedimiento intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, que inició una causa y lo imputó por una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
La Junta de Disciplina consideró que la conducta revestía especial gravedad debido a que el agente pertenecía al ministerio encargado de las políticas de seguridad. El Ejecutivo resolvió aplicarle la cesantía, aunque apareció una particularidad: el empleado había acreditado tutela sindical por haber sido delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza durante el período 2023-2025.
Por ese motivo, la aplicación efectiva de la cesantía quedó supeditada al procedimiento judicial para excluir la tutela gremial. El decreto instruyó a los abogados de la Asesoría de Gobierno a iniciar la correspondiente demanda laboral.
Otro expediente alcanzó a un agente del Servicio Penitenciario, investigado por presentar un certificado médico presuntamente apócrifo para justificar inasistencias.
De acuerdo con el Decreto Nº 1319, la documentación indicaba que el certificado había sido emitido por una médica, pero la propia profesional desconoció posteriormente tanto la firma como el sello y el contenido del documento. El Servicio Penitenciario había dispuesto el pase del agente a revista pasiva por 50 días y el trabajador apeló la medida.
Asesoría de Gobierno respaldó el procedimiento y sostuvo que el sumario administrativo era independiente de la causa penal que pudiera tramitarse por la eventual falsificación. Finalmente, el Ejecutivo rechazó el recurso y mantuvo la sanción de 50 días de suspensión laboral sujeta a exoneración, junto con el pase a revista pasiva.
También fue confirmada una suspensión de 10 días para un subcomisario de la Policía de Mendoza. Según el Decreto Nº 1159, la investigación comenzó después de que, al finalizar su gestión como titular de la Subcomisaría Emiliano Iriarte en mayo de 2021, se detectara el faltante de bienes públicos.
El sumario determinó que durante su conducción no se había realizado el inventario correspondiente y que tampoco existía documentación que permitiera acreditar el destino de los elementos faltantes. El oficial apeló, pero el Gobierno rechazó el planteo y ratificó la suspensión.
En otro expediente, una oficial subayudante de la Policía apeló su desafectación. A través del Decreto Nº 1170, el Ejecutivo rechazó sustancialmente el recurso y mantuvo la decisión al considerar acreditada su falta de adaptación al régimen y disciplina policial.
En el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, uno de los casos comenzó como un expediente por ausentismo y terminó incorporando una condena penal.
Según el Decreto Nº 1628, el trabajador prestaba funciones en el Departamento de Semáforos y había acumulado ocho inasistencias injustificadas durante julio de 2022. Cuando la administración intentó notificarlo, constató que estaba privado de la libertad y dispuso la suspensión de sus haberes.
Posteriormente, el Servicio Penitenciario informó que el agente había sido condenado en septiembre de 2023 a un año de prisión de cumplimiento efectivo por portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Según el expediente, se encontraba alojado como penado en el Complejo Penitenciario Almafuerte.
La defensa sostuvo que el episodio pertenecía a la esfera privada y argumentó que el hecho se había producido cuando el trabajador intentaba proteger a su hijo durante un asalto. Sin embargo, la Oficina General de Sumarios consideró que la condena firme por un delito doloso era incompatible con sus obligaciones como empleado público. Finalmente, el Ejecutivo dispuso su cesantía.
Otro expediente corresponde a tres exagentes de la Dirección Provincial de Vialidad que habían sido cesanteados en 2018 y posteriormente reclamaron su reincorporación y el pago de salarios caídos. Mediante el Decreto Nº 1559, el Gobierno mantuvo la cesantía original y consideró prescripto el reclamo económico por haber transcurrido más de dos años.
Dentro del Ministerio de Salud y Deportes, uno de los expedientes más relevantes corresponde a una médica oncóloga del Hospital Central.
Según el Decreto Nº 888, la investigación comenzó después de que la jefa del Servicio de Oncología advirtiera una inconsistencia: el reloj biométrico registraba ingresos y salidas de la profesional los miércoles, aunque, de acuerdo con la denuncia incorporada al expediente, no concurría efectivamente a prestar servicios asistenciales esos días.
La médica explicó que asistía al hospital los lunes y viernes, mientras que otros días desarrollaba tareas vinculadas con la Facultad de Medicina y actividades de investigación fuera del establecimiento. También invocó un acuerdo con la Universidad Nacional de Cuyo y autorizaciones de su jefe de Servicio.
Sin embargo, las autoridades determinaron que no existía un acuerdo específico que respaldara esa modalidad y que una jefatura de servicio no tenía facultades para modificar la jornada presencial. La Dirección General de Asuntos Jurídicos calificó el hecho como una marcación fraudulenta destinada a simular el cumplimiento de la jornada laboral y percibir haberes por servicios no prestados.
El expediente también dio origen a una investigación ante la Justicia Federal por una posible defraudación contra la administración pública. El Ejecutivo finalmente decretó la cesantía de la oncóloga.
El ausentismo concentra buena parte del resto de las medidas adoptadas en Salud. Mediante el Decreto Nº 1004, fue cesanteado un trabajador del Hospital Gailhac que acumuló 38 inasistencias sin justificar durante 2025.
En tanto, el Decreto Nº 1360 ratificó la cesantía de un auxiliar camillero que se desempeñaba en la Sección Lavandería del Hospital Notti y que registró reiteradas faltas, tardanzas y ausencias a guardias programadas.
En el Hospital Central también fue desvinculado un empleado que permaneció sin concurrir desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025 y ya contaba con antecedentes disciplinarios. La medida quedó plasmada en el Decreto Nº 1005, que ratificó la cesantía dispuesta previamente por el establecimiento.
Otro caso corresponde al Hospital Lencinas. El Decreto Nº 1410 dispuso la cesantía de un trabajador que no regresó después de finalizar una licencia extraordinaria sin goce de haberes y acumuló más de un año de ausencias. La administración constató posteriormente que había trasladado su domicilio electoral a la provincia de Buenos Aires.
En Tupungato, un agente acumuló nueve inasistencias injustificadas entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Una sanción previa de cinco días de suspensión nunca había llegado a ejecutarse, por lo que Asesoría de Gobierno descartó que existiera un doble juzgamiento. Finalmente, mediante el Decreto Nº 1411, se dispuso su cesantía.
También hubo una cesantía en la Subsecretaría de Deportes. El Decreto Nº 1610 alcanzó a un empleado que registró diez inasistencias injustificadas durante 2025, concentradas en un período de seis meses.
Otro expediente se desarrolló en el Hospital Paroissien, donde un empleado permaneció tres meses sin regresar a sus funciones después de recibir el alta médica. En ese caso, el Gobierno consideró válida una notificación enviada por WhatsApp mediante la cual se le había comunicado el rechazo de una licencia sin goce de haberes. El Decreto Nº 1480 ratificó su cesantía.
En otro caso del Hospital Central, OSEP rechazó certificados presentados para justificar parte de las ocho ausencias de un empleado porque los profesionales encargados del control domiciliario concurrieron al domicilio declarado y no lo encontraron. A través del Decreto Nº 1579, el Ejecutivo ratificó la cesantía.
Por último, mediante el Decreto Nº 1397, el Ejecutivo rechazó el recurso de un trabajador del Hospital Paroissien y dejó firme una sanción menor de dos días de suspensión por incumplimiento de los deberes de obediencia y respeto.
El caso más extremo corresponde a un ordenanza celador titular de la Escuela Nº 4-023 “Molinero Andrés Tejeda”, de Las Heras. De acuerdo con la Resolución Nº 4509, la investigación de la Junta de Disciplina determinó que el trabajador había acumulado 414 inasistencias injustificadas. La DGE clausuró el sumario y resolvió su cesantía.
En Godoy Cruz, otro celador fue sancionado después de que se acreditara que se había presentado en reiteradas oportunidades a trabajar con aliento alcohólico. Ante uno de los episodios, el agente sostuvo que había estado en una fiesta la noche anterior.
El expediente también señaló problemas en el cuidado del patrimonio escolar, debido a que dejaba abiertos armarios que contenían material institucional, además de antecedentes de inasistencias y tardanzas. Mediante la Resolución Nº 2530, la DGE le aplicó una sanción de 10 días de suspensión.
Finalmente, otros dos celadores fueron cesanteados por ausentismo. La Resolución Nº 4476 alcanzó a un trabajador de una escuela de Rivadavia que registró 57 inasistencias injustificadas en su último año de servicio analizado y 85 si se toma el período 2017-2025.
Por su parte, mediante la Resolución Nº 5874, la DGE cesanteó a un ordenanza celador de la Escuela Nº 2-028 “Dr. Enrique L. Day”, de Godoy Cruz, que acumuló 14 faltas injustificadas entre marzo y agosto de 2021.
