La propuesta incorpora criterios comunes para permisos, inspecciones, construcción sustentable y nuevas tecnologías, y crea una Mesa Técnica Provincial para su actualización.
La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, expuso ante legisladores los alcances de la iniciativa, elaborada junto a los 18 municipios.
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La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, defendió este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de Código Unificado de Edificación impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo, una iniciativa que busca establecer criterios comunes para la construcción en toda la provincia y que actualmente se encuentra en tratamiento legislativo.
La funcionaria participó de un plenario conjunto de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Obras Públicas, donde brindó precisiones sobre la propuesta elaborada junto a los 18 municipios mendocinos y distintos colegios profesionales.
Según explicó, el objetivo central del proyecto es unificar y estandarizar los procedimientos vinculados a las obras privadas, desde la presentación de planos hasta las inspecciones y requisitos técnicos exigidos por cada comuna.
“Es un trabajo de más de un año que realizaron técnicos de todos los municipios, que pusieron su conocimiento a disposición para lograr este código”, sostuvo Baduí ante los legisladores.
La subsecretaria remarcó que actualmente cada departamento cuenta con regulaciones propias e incluso existen municipios que carecen de un código de edificación actualizado, situación que genera diferencias normativas y dificultades para profesionales y desarrolladores que trabajan en distintas jurisdicciones.
En ese sentido, señaló que la iniciativa permitirá que “cualquier profesional que quiera hacer una obra en cualquier municipio sepa que hay criterios básicos y uniformes en toda la provincia”, además de establecer procedimientos comunes para la tramitación de proyectos.
Durante su exposición, Baduí explicó que el Código Unificado busca fijar estándares mínimos de seguridad estructural, habitabilidad, salubridad, accesibilidad universal, eficiencia energética y sustentabilidad ambiental.
La funcionaria destacó que se trata de una norma de orden público que establece un piso común para todo el territorio provincial, aunque aclaró que no modifica las competencias propias de los municipios en materia de ordenamiento territorial.
“Los indicadores urbanísticos, como FOS, FOT, alturas y zonificación, permanecen bajo jurisdicción de cada municipio”, indicó. Asimismo, remarcó que la propuesta fue construida de manera consensuada junto a las comunas y los colegios profesionales vinculados a la actividad.
Entre las novedades incorporadas al proyecto, Baduí mencionó la actualización de la normativa vinculada a instalaciones eléctricas y sistemas constructivos, además de herramientas para promover prácticas sustentables.
En ese marco, destacó la incorporación del tratamiento y reutilización de aguas grises y la posibilidad de que los municipios otorguen beneficios fiscales o incentivos para desarrollos que incorporen criterios de sustentabilidad.
También resaltó la creación de una Mesa Técnica Provincial que tendrá la función de analizar nuevos sistemas constructivos, actualizar criterios técnicos y coordinar acciones entre la Provincia y los municipios.
“Lo que hace este código es regular un piso mínimo, pero cada municipio va a conservar sus competencias en materia de ordenamiento territorial”, afirmó.
Tras la presentación, diputados de distintos bloques formularon consultas y plantearon observaciones sobre algunos aspectos del proyecto.
Entre los temas abordados surgieron propuestas para analizar la obligatoriedad de la adhesión municipal, revisar los plazos previstos para las inspecciones de obra y definir mecanismos de financiamiento para el funcionamiento de la futura Mesa Técnica Provincial.
La iniciativa forma parte de los anuncios realizados por el gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias del 1 de mayo y actualmente continúa su tratamiento en la Legislatura provincial.
Entre los puntos centrales del proyecto figura la unificación de los procedimientos administrativos para la aprobación de obras privadas, estableciendo criterios comunes para la presentación de planos, permisos, inspecciones y habilitaciones en todos los municipios que adhieran a la normativa.
La iniciativa también actualiza los estándares técnicos vinculados a instalaciones eléctricas, prevención de incendios, seguridad estructural y accesibilidad, incorporando además exigencias relacionadas con la eficiencia energética y la sustentabilidad ambiental.
Otro de los aspectos destacados es la regulación de nuevas tecnologías y sistemas constructivos, con mecanismos para evaluar e incorporar materiales innovadores y métodos de construcción que no se encuentren contemplados en las normativas vigentes.
Asimismo, el texto contempla medidas para fomentar prácticas sustentables, como el tratamiento y reutilización de aguas grises, y habilita a los municipios a implementar beneficios o incentivos para proyectos que incorporen criterios de construcción sostenible.
El proyecto también fija plazos para distintos trámites e inspecciones vinculados a las obras y crea una Mesa Técnica Provincial que tendrá a su cargo la actualización permanente del Código, la evaluación de nuevas tecnologías y la armonización de criterios técnicos entre la Provincia y los municipios.