La Fundación Apolo presentó una denuncia en la que detallan la persecución que sufrió un joven, cuya madre era empleada del Ministerio de Cultura de Venezuela y habría estado en contacto con información sensible.
Denuncian una red de espionaje ilegal venezolano en Argentina con supuestos vínculos estatales contra exiliados del régimen de Nicolás Maduro.
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La Fundación Apolo presentó una denuncia penal ante la Justicia de Argentina con motivo de que se investigue la existencia de una presunta red de espionaje y persecución. La misma estaría vinculada al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, acusada de amenazar a disidentes en territorio argentino.
De esta manera, la acusación sostiene que esta organización criminal actúa en Argentina y estaría dedicada a hostigar a exiliados políticos venezolanos que rompieron lazos con el chavismo. Frente a ese panorama, el caso que motivó la presentación judicial es el de José Zambrano Erazo, hijo de una exfuncionaria del Ministerio de Cultura de Venezuela, quien habría sufrido amenazas, seguimientos e intimidaciones tanto en Argentina como en otros países de América Latina.
Su madre, Mery Erazo, fue funcionaria de una oficina bajo el mando de Adán Chávez, hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez. Ahora, según reportó Infobae, la denuncia fue impulsada por el legislador porteño Yamil Santoro, el abogado José Magioncalda y el equipo legal de la fundación. Se plantea la posible comisión de delitos como asociación ilícita agravada, amenazas agravadas y encubrimiento. Además, se advierte que los hechos podrían encuadrarse como crímenes de lesa humanidad, ya que se trataría de persecuciones motivadas por razones políticas.
De acuerdo al relato de los denunciantes, la familia Zambrano logró salir de Venezuela en 2017 tras múltiples trabas impuestas por ese gobierno. Luego de pasar por Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos, aseguran que continuaron recibiendo amenazas y vigilancia ilegal. Ya en Argentina, donde residen en la actualidad, José Zambrano denunció nuevos episodios de hostigamiento.
En ese marco, la Justicia argentina deberá determinar ahora si efectivamente existe una red de inteligencia operando en el país por orden del chavismo. También tendrá que definir si se han violado derechos fundamentales de personas que se exiliaron para resguardarse de represalias del gobierno venezonalo. La causa podría escalar si se comprueba la participación de agentes extranjeros o redes coordinadas de vigilancia ilegal.