El diputado nacional fue interceptado en el puesto limítrofe de Justo Daract cuando viajaba hacia San Juan.
Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis
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El diputado nacional y dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue demorado este miércoles en el puesto limítrofe de Justo Daract, en la provincia de San Luis, luego de que las autoridades detectaran que la camioneta en la que circulaba registraba un pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur.
Tras realizar las verificaciones correspondientes, la policía ordenó la incautación del rodado. Al momento de ser interceptado, el legislador se desplazaba hacia la provincia de San Juan, donde tenía prevista una agenda de reuniones con referentes del peronismo y militantes para este jueves.
Su itinerario incluía encuentros con legisladores nacionales y la conducción del Partido Justicialista sanjuanino, además de su participación en la mesa de trabajo titulada “La Argentina que viene”, junto a la senadora Celeste Giménez y el diputado Cristian Andino.
El operativo en Justo Daract se produjo un día después de un procedimiento similar realizado en territorio puntano. El martes, a las 10:02, efectivos policiales secuestraron en el puesto de control de Los Molles una camioneta RAM 2500 Laramie 4×4. Dicho vehículo, que figura a nombre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, poseía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Nacional en febrero de 2019.
La camioneta había ingresado a San Luis el domingo 27 de septiembre por el pórtico de Santa Rosa del Conlara y era conducida por un hombre de 38 años residente en Cortaderas.
Ambas incautaciones responden a un oficio judicial dictado el 28 de febrero de 2019 por el juez federal Julián Ercolini en la causa Nº 11352/14. En esa resolución, el magistrado dispuso el secuestro de una lista de vehículos pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a diversas personas y empresas vinculadas.
La causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de dinero mediante la explotación de establecimientos hoteleros de la familia Kirchner. La hipótesis acusatoria sostiene que fondos provenientes de la adjudicación irregular de obra pública al grupo Báez retornaban al patrimonio familiar a través del pago de alquileres y contrataciones hoteleras, utilizando a la empresa Valle Mitre como administradora e intermediaria.
Por este caso, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez deberán afrontar el juicio oral y público, cuyo inicio fue fijado por el Tribunal Oral Federal Nº 5 para el 19 de marzo de 2027.
