El gobierno provincial recibió el anticipo total de coparticipación que le destinó Javier Milei y lo guardó en un fondo antíciclico.
El gobernador Alfredo Cornejo junto al presidente Javier Milei y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei
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Gobierno de Mendoza
En medio del plan preventivo por el fenómeno del “Súper Niño” que activó el gobernador Alfredo Cornejo con los 18 municipios, el Ejecutivo Provincial confirmó que no destinará recursos directos a las comunas, pero aclaró que tiene guardados los $325 mil millones que recibió de anticipo de coparticipación en un fondo anticíclico para atender gastos corrientes, pero también eventuales emergencias climáticas.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, reveló a Los Andes la utilización de esta herramienta que él intentó modificar en el año 2023, a través de una reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal que no prosperó por desacuerdos con la oposición en la Legislatura en aquel año electoral, el último del gobierno de Rodolfo Suárez.
Hasta ese entonces se acumulaban años de suspensiones del fondo anticíclico, pero ahora la Provincia lo constituyó “por buenas prácticas”, explicó el ministro de Cornejo.
“Es donde hoy está depositado el anticipo de coparticipación”, confirmó en diálogo con este diario. Es decir, los $325 mil millones que el gobierno de Javier Milei le giró a Mendoza, con el compromiso de devolver una parte este año y el resto en 2027. Se trata del equivalente a dos masas salariales, aproximadamente.
Fayad indicó que el ahorro en este fondo “sirve para capacidad de maniobra frente a escenarios adversos” y agregó que “eso es porque el gasto tiene mucha inercia y es difícil acomodarlo frente a caídas de ingresos que ocurren más rápido”.
El adelanto de la coparticipación quedó oficializado en mayo pasado cuando se publicó el Decreto Nº 775, que aprobó el Convenio Marco suscripto el 17 de abril entre la Provincia y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.
De acuerdo al documento oficial, Mendoza accedió a un anticipo financiero de hasta $325.000 millones, que fue desembolsado en tres tramos: $100.000 millones en abril, $175.000 millones en mayo y $50.000 millones en agosto. El financiamiento cuenta con una tasa fija nominal anual del 15%, por debajo de las tasas de referencia del mercado financiero.
En cuanto a la devolución, la reglamentación marco contempla la cancelación mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables.
Si bien la normativa preveía el inicio del reintegro en cuotas a partir de agosto dentro del ejercicio fiscal, la flexibilización de los plazos y la extensión del pago hacia 2027 responden a los recientes esquemas de compensación de deudas y reprogramación de pasivos acordados entre ambas jurisdicciones.
Este último acuerdo recién obtuvo aval de la Cámara de Diputados el miércoles pasado y se aguarda por la aprobación del Senado para su ratificación total, el próximo martes.
La reaparición del fondo anticíclico se da tras el reclamo de los intendentes del peronismo por fondos para el plan de prevención que puso en marcha el Ejecutivo. Tras ese encuentro, dos intendentes del peronismo plantearon la inquietud de recursos provinciales para atender eventuales emergencias por el fenómeno del Súper Niño.
“Hay una gestión de la crisis y es empezar a anticipar y ver si nosotros vamos a tener una solvencia económica de algún lugar para hacerle frente a esto y no tener que sacar dinero de otros lugares”, manifestó el intendente de Tunuyán, Emir Andraos.
Mientras que la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, señaló que “ante estos grandes sucesos el municipio tiene que poner operativos en funcionamiento, máquinas, combustible y horas hombre, todo para solucionarlos".
Y explicó: "Lo hacemos, pero en situaciones de contexto complejo como lo es la baja de la actividad económica, la baja de la recaudación y de la coparticipación. Aguardaremos la posibilidad de conversar con el gobernador y los funcionarios cómo llevaremos adelante esos operativos en conjunto y si es necesario analizar los fondos”.
Entonces, el ministro Fayad respondió ante la consulta de Los Andes que “los fondos de emergencia son justamente fondos de emergencia”.
“Obviamente, cuando uno ve entre las probabilidades climáticas que haya alguna contingencia grave, bueno, se activan todos los protocolos de emergencia y las reglas presupuestarias permiten tomar partidas de otros lugares y destinarlas a atender la emergencia”, señaló.
“No por nada es una emergencia y está toda la normativa prevista para que, en caso de que ocurra, se pueda disponer de los recursos, por supuesto, sacándolos de otro lugar”, aclaró el funcionario.
Y sostuvo: “No es que la emergencia genera recursos de manera espontánea, sino que permite cierta flexibilidad del presupuesto y cierta flexibilidad en materia de contratación y proceso administrativo para justamente atender la emergencia”.
“La forma en la que el presupuesto piensa eso es: una vez que ocurre la emergencia, se habilita que se tomen partidas que estaban originalmente destinadas a otros destinos. Y no se olviden: es la Legislatura la que dice a dónde se tiene que invertir cada peso que se recauda”, indicó.
“Entonces, es la propia ley la que permite, en contexto de emergencia, reordenar un poco las prioridades que estableció la propia Legislatura al momento de aprobar el presupuesto y tomar recursos de otras partidas para destinarlos a la emergencia”, completó.
Y confirmó: “No es que se arma un fondo de emergencia. Si la provincia tiene, cada vez menos, pero sigue teniendo un fondo anticíclico que puede usarse eventualmente para cubrir estos problemas”.
Como mencionó Fayad, los objetivos del adelanto de coparticipación reservados en el fondo anticíclico quedaron establecidos en aquel Convenio Marco con la Nación.
Según señaló el documento, por un lado permitirán mejorar los plazos de pago a proveedores, especialmente en aquellas reparticiones que registran niveles de deuda superiores al promedio, lo que contribuiría a reducir costos financieros asociados.
Por otro, se busca adelantar inversiones estratégicas, particularmente aquellas que cuentan con financiamiento previsto de organismos multilaterales de crédito, evitando demoras vinculadas a procesos administrativos.
Además, el esquema apunta a cubrir desfasajes estacionales entre ingresos y gastos, en un contexto donde la recaudación de origen nacional mostró un desempeño más débil durante el primer trimestre del año, en línea con la evolución de la actividad económica.
Otro de los destinos previstos es el sostenimiento del sistema de transporte público, con el objetivo de mitigar el impacto transitorio del aumento de costos en el sector, asociado principalmente a la suba del precio internacional del petróleo.
