El juez federal Tomás Rodríguez Ponte dispuso 29 nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El juez federal Tomás Rodríguez Ponte ordenó 29 nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación contra Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La Justicia amplió el rastreo sobre el patrimonio y las comunicaciones de Martín Insaurralde.
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El juez federal Tomás Rodríguez Ponte dispuso 29 nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La resolución busca profundizar el análisis sobre el patrimonio y los movimientos de las personas vinculadas al expediente. Para eso, el magistrado ordenó avanzar sobre cuentas bancarias, propiedades, vehículos, movimientos migratorios y comunicaciones telefónicas.
Entre las medidas también figura la ampliación de un pedido de información bancaria a Uruguay, relacionado con cuentas de los involucrados en la investigación. El juez libró oficios a organismos como el Renaper, Anses, la Superintendencia de Seguros, ARCA, Coelsa, el Registro de la Propiedad bonaerense, bancos públicos y privados y la Dirección Nacional de Migraciones.
El objetivo es reconstruir información sobre patrimonios, ingresos, operaciones financieras, inmuebles, vehículos y viajes al exterior de las personas relacionadas con el expediente.
Rodríguez Ponte pidió información sobre cuentas bancarias a nombre de Insaurralde en tres entidades y solicitó extractos de cuentas vinculadas a sus hijos, Martín Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Insaurralde, en distintos bancos.
La investigación también alcanzará a los posibles vínculos de los involucrados con hipódromos. El juez solicitó informes a los de La Plata, Mar del Plata y Palermo para determinar si las personas investigadas fueron titulares de studs o boxes, de manera directa o indirecta.
La resolución se produjo luego de que el magistrado considerara que todavía existen diligencias por realizar para profundizar las hipótesis que se investigan y establecer posibles vínculos entre los acusados. En ese sentido, sostuvo que “existen medidas pendientes de realizar” para avanzar sobre esas líneas de investigación.
Otra parte de las nuevas medidas apunta a las comunicaciones telefónicas. El magistrado solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) información correspondiente a decenas de líneas atribuidas a Insaurralde, su exesposa Jesica Cirio, la modelo Sofía Clerici y otros investigados.
El pedido incluye el detalle de llamadas, mensajes de texto, tráfico de datos e historial de IMEI. De acuerdo con la resolución, el análisis de esos registros podría aportar elementos para determinar “patrones de comunicación, frecuencia y duración de los contactos, franjas horarias, interlocutores recurrentes”.
El juez vinculó esta medida con las características de las maniobras que se encuentran bajo investigación. Según explicó, en delitos como el lavado de dinero puede existir una división de roles, utilización de terceras personas y mecanismos destinados a brindar cobertura a las operaciones.
Por ese motivo, consideró que el estudio de las comunicaciones resulta “útil y pertinente para el avance de la investigación”.
La resolución también dispuso levantar la prohibición de salida del país de Sofía Clerici, quien había reclamado además su sobreseimiento. Este último planteo se encuentra ahora bajo análisis de la Cámara Federal de La Plata.
Clerici quedó vinculada al expediente luego de la difusión de imágenes en las que aparecía junto a Insaurralde a bordo de un lujoso yate en Marbella, cuando él todavía se desempeñaba como funcionario bonaerense.
La difusión de esas imágenes fue el hecho que derivó en la apertura de la investigación sobre los bienes del exjefe de Gabinete bonaerense.
