El dictamen fiscal apunta a una presunta maniobra para direccionar contrataciones y manipular cotizaciones. Los fiscales solicitaron 43 nuevas declaraciones indagatorias.
Drogería Suizo Argentina
Foto:
Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 nuevas declaraciones indagatorias en el marco de la causa que investiga una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei.
El dictamen fiscal, incorporado al juzgado que subroga el juez Ariel Lijo, apuntó por primera vez contra la droguería Suizo Argentina, acusándola de haber “cooptado” el organismo público y de haber montado un sistema de cartelización y sobreprecios.
Entre las medidas requeridas figuran las citaciones de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la firma, imputados por los fiscales como jefe y miembro, respectivamente, de una asociación ilícita.
De acuerdo con el documento judicial, el control que ejercía la droguería incluía dar instrucciones a las autoridades de la ANDIS sobre a qué empresas pagar y a cuáles postergar, así como definir qué personas debían ser designadas o despedidas dentro de la agencia.
La investigación de Picardi y Rodríguez describe cómo un conjunto de 15 droguerías se habría cartelizado para repartirse las compras estatales de medicamentos, generando “sobreprecios sistemáticos”. Para posibilitar estos valores inflados, las contrataciones de medicamentos especiales no se realizaban por licitación pública, sino mediante “compulsas reducidas” o acotadas, mecanismo en el que la ANDIS elegía discrecionalmente a qué empresas invitar.
Según supo La Nación, los fiscales destacaron que “se verificaron aumentos de precio de más del 1000% entre los valores cotizados en las compulsas comunes o generales y las reducidas, especiales o acotadas”.
Un ejemplo de esto fue el caso del medicamento Macitentan 10 mg: mientras en abril de 2025 la firma Ultra Pharma S.A. lo cotizó a $464.508 en una compulsa común, en el mismo mes la empresa Génesis S.A. lo ofertó a $2.145.363,20 en una compulsa reducida, y al mes siguiente la misma firma elevó su cotización a $4.709.161,38 en otra compulsa reducida.
Según la Fiscalía, Génesis S.A. funcionaba como una empresa fachada de Suizo Argentina, calificada internamente en chats entre empleados de la firma como su “chinchullito” nuevo.
Además, los investigadores hallaron en el teléfono de un empleado de Suizo Argentina planillas que demuestran que la firma “tenía en su poder las cotizaciones de sus competidores -con los valores ofertados de cada medicamento- antes de que cierren las compulsas”.
La acusación sostiene que la droguería de los Kovalivker operó a través del lobista Pablo Atchabahian, exfuncionario del área de salud y de la ANDIS. El dictamen señala explícitamente que “las órdenes que daba Atchabahian, con anuencia de los directivos de la Suizo Argentina S.A., eran cumplidas por Daniel María Garbellini y por Diego Orlando Spagnuolo”.
Garbellini se desempeñaba como número dos de la agencia —con antecedentes en la gestión porteña durante la intendencia de Mauricio Macri y en el Ministerio de Salud bonaerense—, y los fiscales sospechan que fue situado en el cargo para que Suizo Argentina manejara las compras del organismo. Por su parte, Diego Spagnuolo ejercía como titular de la ANDIS y era persona de extrema confianza y exabogado personal de Javier Milei.
Si bien el caso se originó a partir de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, el fiscal Picardi prescindió de utilizar dichos audios como prueba principal para evitar eventuales planteos de nulidad.
No obstante, el dictamen incorpora la transcripción de una escucha en la que se afirma que “el Helvético” comunicaría a “Rioja” el temor a que Spagnuolo pusiera en riesgo el negocio de “todos”. Los fiscales indicaron que “el Helvético” es una alusión a la droguería Suizo Argentina, mientras que “Rioja” sería un término relativo a algún integrante de la familia Menem.
Frente al dictamen fiscal, fuentes de la droguería Suizo Argentina negaron en forma categórica las imputaciones y rechazaron haber cobrado sobreprecios.
Desde la compañía afirmaron que la ANDIS constituía únicamente un cliente entre más de 10.000 con los que trabajan comercialmente, remarcando que el 95% de su facturación proviene del sector privado.Asimismo, calificaron la presentación de los fiscales como una “novela” sostenida sobre elementos probatorios “incorporados de manera dudosa en el expediente”.
