El peronismo cuestionó la ofensiva judicial del Gobierno, la tildó de “extemporánea” y aseguró que defenderá el proceso de San Rafael hasta la última instancia.
Desde Diputados y Senado, el justicialismo apuntó contra el gobernador por “boicotear” la autonomía municipal y anticipó una escalada judicial.
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El bloque de senadores y diputados del peronismo salió con dureza a responder los anuncios del gobernador Alfredo Cornejo sobre la reforma constitucional y la autonomía municipal, y adelantó que llevará el conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es necesario.
El presidente del bloque justicialista en Diputados, Germán Gómez, cuestionó duramente al mandatario provincial y lo acusó de intentar “boicotear” el proceso de autonomía que se desarrolla en San Rafael.
“Queremos rechazar las declaraciones del Gobernador que han sido lamentables. Está boicoteando un proceso que se ha iniciado de manera formal con intervención de todos los partícipes”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que la presentación judicial impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado y el titular de Diputados, Andrés Lombardi es “extemporánea”, ya que —según argumentó— ambos participaron del proceso electoral como integrantes de la Junta Electoral.
“Ellos mismos han intervenido en todo el proceso y lo han consentido. Mal pueden venir hoy a oponerse a un proceso de autonomía que se viene haciendo con toda la participación”, remarcó.
Gómez también apuntó contra la intencionalidad política del planteo y lo vinculó directamente con el resultado electoral en San Rafael. “Ellos perdieron las elecciones y esa es la causal para hacer este planteo”, lanzó.
Además, rechazó uno de los ejes del discurso del Ejecutivo sobre un eventual avance de los municipios en materia tributaria. “Los municipios no pueden crear impuestos, crean tasas, pero no crean más tributos”, aclaró, en respuesta a los argumentos oficiales sobre un posible desborde fiscal.
El legislador peronista confirmó que el espacio responderá formalmente en la Justicia y que está dispuesto a escalar el conflicto hasta la última instancia.
“Vamos a contestar el recurso, aunque sabemos que hay una mayoría automática, pero vamos a seguir hasta la última circunstancia. Iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es necesario”, aseguró.
Incluso, anticipó un escenario adverso en la Suprema Corte provincial: “Esto va a ir a plenario y estamos 4 a 3, casi seguro”. Bajo ese diagnóstico, el PJ ya proyecta una definición fuera de Mendoza.
En paralelo, cuestionó el momento elegido por el oficialismo para judicializar el proceso. “Es tardío el planteo cuando ya este martes se entregan los diplomas de los constituyentes”, sostuvo, y remarcó que el proceso cuenta con una legitimidad electoral que, a su entender, no puede ser desconocida.
“Por encima de las instituciones está un pueblo que ha votado, que ha decidido mayoritariamente”, agregó, en defensa de la continuidad de la convención constituyente municipal.
Las declaraciones de Gómez no se limitaron al plano institucional. También incluyeron cuestionamientos directos a la gestión de Alfredo Cornejo, a quien acusó de desatender los principales problemas de la provincia.
“El gobernador tiene que resolver un montón de cuestiones: índice de pobreza, crisis productiva, crisis vitivinícola, problemas de seguridad, crecimiento del narcotráfico. Y está en estas cosas”, planteó.
En esa línea, también criticó el tono del mandatario y su exposición pública: “Está todo el día en Twitter, que se ponga a trabajar”.
Desde la Cámara alta, la presidenta del bloque del PJ, Adriana Cano, reforzó la postura del espacio y apuntó a lo que definió como una contradicción del oficialismo.
“El deseo jurídico que están planteando tiene que ver con su incapacidad política de manejar los problemas reales de la provincia”, sostuvo.
Cano apeló a la “teoría de los actos propios” para cuestionar la legitimidad del planteo judicial, al remarcar que el oficialismo participó activamente de todo el proceso electoral.
“Presentaron candidatos, fueron a la Justicia y participaron de todos los actos. Así que cae de maduro que es un proceso que no va a terminar en buen puerto”, afirmó.
Además, dejó en claro que, mientras no exista una cautelar que lo impida, el cronograma institucional seguirá su curso: “Se tienen que entregar los diplomas y se tiene que conformar la convención constituyente”.
Las críticas del PJ se producen luego de que la vicegobernadora Hebe Casado calificara el proceso de San Rafael como una “chastrinada” y defendiera la decisión de judicializarlo una vez finalizadas las elecciones para no interferir en el proceso.
Por su parte, Andrés Lombardi argumentó que la convocatoria presenta irregularidades, entre ellas la falta de publicación en el Boletín Oficial y su aprobación por mayoría simple en el Concejo Deliberante, cuando —según indicó— debía contar con el respaldo de dos tercios.
El titular de Diputados también cuestionó la coherencia del peronismo en materia de autonomía municipal, al señalar que no acompañó iniciativas vinculadas al control del tránsito urbano ni a la ley de arbolado público, medidas que —según sostuvo— apuntaban a otorgar mayores competencias a los municipios.
Ante la acusación del también presidente de la UCR Mendoza, el legislador peronista rechazó las críticas del oficialismo sobre la falta de acompañamiento a leyes vinculadas a competencias municipales, al advertir que no puede haber delegación de responsabilidades sin financiamiento.
“Es muy fácil delegar responsabilidades sin recursos. Si un municipio tuviera que aplicar un esquema como el de Mendoza en seguridad vial, necesitaría entre 600 y 700 personas. ¿De dónde salen esos recursos?”, planteó.
En paralelo al conflicto judicial, el PJ también se refirió al proyecto de enmienda constitucional impulsado por el Ejecutivo. Si bien adelantaron que lo acompañarán, volvieron a cuestionar el enfoque del Gobierno.
“Le seguimos haciendo parches a la Constitución y no se anima a una reforma seria y profunda”, planteó Gómez, quien además cuestionó el conocimiento del oficialismo sobre el concepto de autonomía municipal.
“El nivel de ignorancia con el que se maneja el gobernador y su ministro es preocupante. Hoy los municipios de Mendoza no tienen autonomía”, concluyó.