La República Argentina presentó este martes un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en el que expresó su respaldo a una investigación por presuntas irregularidades en el traspaso de acciones de la petrolera YPF.
Las falsas inversiones en YPF en el ranking de las estafas más usuales. Archivo.
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NA La República Argentina presentó este martes un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en el que expresó su respaldo a una investigación por presuntas irregularidades en el traspaso de acciones de la petrolera YPF, particularmente en relación con el ingreso del Grupo Eskenazi durante los gobiernos kirchneristas.
El documento fue presentado como respuesta a una apelación interpuesta por la organización Republican Action for Argentina (RA4ARG), que impulsa que se indague sobre posibles hechos de corrupción en la adquisición de acciones de la empresa por parte de la familia Eskenazi, con supuestos vínculos con el kirchnerismo.
El gobierno solicitó que la apelación presentada por RA4ARG se tramite de forma independiente de la apelación principal que interpuso la propia República Argentina contra la sentencia dictada en septiembre de 2023. Según argumentó el país, ambas apelaciones plantean cuestiones distintas que deben tratarse por separado.
La Argentina manifestó que toma con seriedad todas las denuncias vinculadas a posibles hechos de corrupción, incluidas las que rodean el ingreso del Grupo Eskenazi a YPF. El escrito destaca que existen antecedentes judiciales en causas como “Vialidad”, en la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner, y se expresa la disposición a colaborar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en cualquier eventual investigación.
“Si se confirma que los Eskenazi ocultaron pruebas o brindaron testimonio falso en la causa, la República evaluará iniciar acciones para anular la sentencia”, advierte el escrito.
La presentación se refiere a la apelación de RA4ARG contra una decisión previa de la jueza Loretta Preska, quien había rechazado el pedido de la organización de intervenir como parte en el proceso judicial que enfrenta la Argentina por la expropiación de YPF en 2012.