Tras el revés sufrido en la Cámara de Apelaciones, la magistrada dio por terminada la primera instancia del extenso litigio por la estatización de 2012. La suerte del reclamo de Burford Capital queda ahora en manos de la Corte Suprema de EE.UU. y del CIADI.
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La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, dejó sin efecto formalmente su propia sentencia contra la República Argentina y dio por cerrada, de manera definitiva, la etapa de primera instancia en el millonario juicio entablado por la estatización de YPF, llevada a cabo en 2012 durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Con esta orden, la magistrada neoyorquina dejó en foja cero el duro fallo que había emitido en 2023, el cual obligaba al país a desembolsar US$ 16.100 millones (cifra que, sumando los cuantiosos intereses acumulados, trepaba holgadamente por encima de los US$ 18.000 millones). De este modo, Preska acató la directiva del tribunal superior y puso fin a su intervención directa en el expediente.
El paso firmado por Preska es la consecuencia directa del pronunciamiento dictado en marzo pasado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En esa oportunidad, los jueces Denny Chin y Beth Robinson (con la disidencia de José Cabranes) anularon el fallo adverso de primera instancia tras concluir que se había interpretado de forma equivocada el marco normativo de nuestro país.
En su resolución, el tribunal de alzada determinó dos puntos centrales que cambiaron el rumbo de la causa:
Prevalencia de la ley local: La legislación argentina sobre expropiaciones impide de forma taxativa las demandas de terceros que pretendan interferir con el proceso expropiatorio estatal.
Naturaleza del estatuto: El estatuto social de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños y perjuicios de esta índole.
La vía de revisión ordinaria ante la Cámara había quedado totalmente agotada en junio, cuando el pleno de ese tribunal rechazó un último pedido de reconsideración presentado por la parte querellante.
Ante este escenario adverso en los tribunales neoyorquinos, el fondo litigioso Burford Capital, financista de los reclamos impulsados originalmente por las empresas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, movió sus fichas a principios de octubre con la presentación de un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En su presentación, Burford tildó la resolución de la Cámara de "gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes". Sin embargo, la llegada del caso al máximo tribunal norteamericano dista de ser automática: la Corte Suprema estadounidense recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes al año y apenas acepta revisar unos 80 expedientes, sin plazos fijos para pronunciarse sobre si tomará o no el tema.
Conscientes de esta brecha, en Burford decidieron no poner todos los huevos en la misma canasta: de manera paralela, abrieron una nueva demanda arbitral ante el CIADI (el tribunal del Banco Mundial), representando a las sociedades del Grupo Petersen, para intentar reflotar las pretensiones económicas por otra vía internacional.
