Antes del pedido de condena, Cristina Kirchner solicitó ampliar su declaración indagatoria

A minutos de conocerse el pedido de condena por parte de la fiscalía, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sorprendió al solicitar la ampliación de su declaración indagatoria en el marco de la causa Vialidad, donde es acusada de liderar una asociación ilícita en el manejo de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

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Así lo hizo de manera oficial la expresidenta en su cuenta de Twitter a las 10, justo cuando el fiscal Sergio Mola daba parte de su alegato final a través de Zoom en un día clave.

“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, dijo CFK.

“Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, confirmó la vicepresidenta.

Tras nueve audiencias, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyen hoy con el alegato acusador contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor del empresario Lázaro Báez.

Luciani pedirá que la expresidenta sea condenada: además de solicitar una pena de prisión, planteará la inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida.

En la audiencia del pasado viernes, Luciani y Mola señalaron que CFK fue la jefa de una asociación ilícita que pergeñó, durante sus mandatos y el de Néstor Kirchner, un armado ilegal para que Báez reciba obras que no finalizó y que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.

Según el artículo 174 del Código Penal, el delito de fraude en perjuicio de la administración pública prevé una pena de dos a seis años de prisión y establece que el culpable, “si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. De esta forma, Luciani fundamentará la condena a la vicepresidenta y que no pueda volver a ejercer cargos en el Estado.