A 2 años de su presentación, reactivan con lentitud la ley del Piedemonte con cuestionamiento opositor

Con significativos retrasos en su debate, el oficialismo reflotó en estos días en la Legislatura la discusión de un importante proyecto de ley que plantea un marco normativo actualizado a la zona del Piedemonte de la provincia, con pautas específicas y regulaciones en términos de su preservación y la posibilidad o no de avanzar en construcciones.

A más de dos años de la presentación del proyecto a manos del gobernador Rodolfo Suárez, y en virtud de ordenar el desarrollo regional en la zona, que durante años ha crecido de manera desregulada e incluso avanzando en lugares de alto riesgo aluvional, el frente Cambia Mendoza esperaba terminar de moldear un despacho antes del receso de invierno para votarlo en el Senado. Sin embargo, esto no ocurrió y la discusión se postergó nuevamente para cuando retornen los legisladores a fines de julio.

Mientras tanto, el peronismo adelanta que no acompañará el proyecto si no se amplía la “Unidad Interjurisdiccional Piedemonte”, una comisión clave que controlará el desarrollo de la zona. La misma comprende a representantes de los departamentos que contiene el Piedemonte (Las Heras, Luján, Godoy Cruz y Capital), más la agencia de Ordenamiento Territorial, la secretaría de Ambiente, la dirección de Hidráulica y el Departamento General de Irrigación.

No obstante, el PJ pretende que se amplíe a todos los departamentos de la cuenca del río Mendoza, que incluiría –entre otras- a las comunas hoy gobernadas por el PJ, tales como Lavalle y Maipú, más Guaymallén e incluso San Martín. De la oposición adelantan que si no hay cambios en este punto y el oficialismo avanza, presentarán un despacho alternativo.

Más controles y orden

El proyecto, llamado “Pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del área metropolitana de Mendoza”, fue planteado para cumplir con la ley de Ordenamiento Territorial, aprobada en la gestión de Alfredo Cornejo, en la que se definió al Piedemonte como un “área de fragilidad ambiental”.

En diálogo con Los Andes, Humberto Mingorance, secretario de Ambiente que participó de una comisión conjunta entre Ambiente, Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), afirmó que la iniciativa “tiene un 98% de acuerdo” con la oposición y que resta acordar de qué manera participarán los departamentos de la cuenca que no forman parte del piedemonte.

En la nueva ley, el área del Piedemonte es sensiblemente mayor a las de las leyes vigentes en la actualidad e incluye todas las cuencas.

El polígono de superficie comprende 76.699 hectáreas y tiene los siguientes límites: Al Sur, el margen del río Mendoza y las vías del Ferrocarril Belgrano; al Norte, el límite de la reserva Villavicencio; al Oeste, la divisoria de aguas de la Precordillera; y al Este, la Ruta 82, con la prolongación de la calle Perón, una serie de barrios hasta llegar al dique Frías, el colector Papagayos, el circuito del Challao y la ruta 52.

El corazón del proyecto, según agregó el funcionario, establece zonas y áreas en el Piedemonte con muy alto, alto, medio y bajo peligro aluvional. A partir de esa información se regula si se puede o no urbanizar una superficie.

Sumado a esto, también se limita la urbanización para la zona que exceda la curva de nivel de cota de 1.150 metros sobre el nivel del mar (mientras que en una área de Luján será de 1.200) debido a que por arriba de ese punto se dificulta la construcción de infraestructura de servicios, como lo es por ejemplo el agua potable.

“Por encima de la cota 1200 se permitirán algunos emprendimientos turísticos, pero con todos los estudios que corresponden”, zanjó Mingorance.

También se endurecen las exigencias en zonas tanto que ya hayan estado urbanizadas, así como las construcciones futuras, que deberán cumplir con mayores obligaciones según la obra y la zona.

“Tenemos que preservar cuencas aluvionales, el suelo, las napas freáticas que son las que alimentan después la cuenca que está por debajo. Hay un montón de condiciones que hay para cuidar esa fragilidad ambiental del Piedemonte”, comentó Mingorance.

El secretario de Ambiente expresó que “hace 35 años que se esta desarrollando mal en el 95% de los desarrollos en la zona”, por lo que había que cortar con un proyecto fuerte, y que además suspendió esas construcciones irregulares momentáneamente con un decreto en la gestión de Cornejo.

En tanto, sobre los desarrollos habitacionales irregulares en zonas de riesgo aluvional, el funcionario radical comentó que se han puesto “del lado de las familias” para acompañarlas en las reformas administrativas y técnicas, como por ejemplo formalizar las conexiones de los servicios, o la realización de muros de contención.

No obstante, marcó que hay familias que deberán lamentablemente irse del lugar donde construyeron, ya que “las viviendas están ubicadas en zonas de mucho riesgo y no hay obras que puedan hacer para bajar ese nivel”.

También dijo que el proyecto endurece las sanciones y multas y que “ya se han frenado muchas urbanizaciones irregulares y se han aplicado multas millonarias”, comentó.

No se tratará el proyecto de área natural protegida

Otro tema que abrió anteriormente cierta polémica en el seno de la Legislatura, es el proyecto que acompaña a la iniciativa en debate, y que establece a una gran porción del Piedemonte como Área Natural Protegida.

Sin embargo, no fue debatida y quedará dejada de lado por el oficialismo. Según palabras de Mingorance, en su lugar decidieron dotar al proyecto actual de mayores y fuertes restricciones al dominio y engrosaron los artículos que contemplan los términos de cuidados ambientales.

“El proyecto ya es muy restrictivo y establece emprendimientos sólo en condiciones muy puntuales”, dijo, y agregó que “estamos protegiendo 10 veces más que lo que se hacía antes”.

Fuentes legislativas agregaron que este segundo proyecto era “muy ambicioso” respecto a la zona protegida y había levantado también “críticas y objeciones de pobladores de la zona” por posibles expropiaciones.

Demoras

En tanto, sobre la demora del proyecto, el funcionario comentó que hubo “mucho estudio” por un lado, y otras prioridades -más la pandemia- que hicieron que quedara de lado la iniciativa. No obstante, aseguró que hay entre un “95 y 98% de acuerdo” con la oposición, y aguarda que se pueda resolver el tema de la comisión del Piedemonte para tener una mayoría de votos positivos.

“Estamos evaluando ver cómo se incorporan los otros municipios”, comentó. Se especula por parte de los legisladores que lideran el debate, que las comunas podrían tener una participación alternativa cuando se discutan emprendimientos “de alto impacto”, pero no en todas las decisiones.

Mientras tanto, Ernesto Mancinelli, presidente de la comisión de Ambiente, comentó que el debate sobre el tema de los límites de la cota (con sus zonas restringidas), el endurecimiento de las sanciones y el recambio legislativo, fueron lo que provocó una ralentización de su tratamiento. No obstante, también coincidió con Mingorance y comentó que el proyecto se tratará a la brevedad.

Objeción peronista

Desde el lado del Frente de Todos hay cierto malestar respecto a cómo se ha dado el debate, ya que entienden que hay una “intransigencia” más en términos políticos que técnicos. El punto central es en la comisión encargada de “legislar” la aplicación de la ley y de lo que se podrá hacer o no en las zonas delimitadas.

Gerardo Vaquer, senador lavallino del PJ, expresó que el pedido principal es que la comisión se extienda a toda la cuenca del río Mendoza, incluyendo representantes de Maipú, Guaymallén, Lavalle, Guaymallén e incluso San Martín, teniendo en cuenta que “lo que se resuelva aguas arriba impacta de lleno aguas abajo”.

“De avanzar así, provocará un daño irremediable a gran parte de la población”, expresó Vaquer a Los Andes sobre el proyecto; y adelantó que presentarán un despacho en minoría si la situación sigue igual.

Si bien aseguró que es necesario regular la zona sobre todo por las consecuencias ambientales y riesgos aluvionales que implicaría un avance desordenado poblacional, es “inadmisible” no considerar al resto de la cuenca en la toma de decisiones.

Para el legislador, las decisiones que se tomen impactarán en el resto de los departamentos. También, en términos económicos expresó que la aprobación de la ley “incrementará automáticamente el valor inmobiliario de las propiedades del piedemonte metropolitano” que estén dentro de la normativa para construir; y a su vez denunció que la ley “no garantizará los recursos hídricos para los territorios agrarios y el cinturón verde, que es el que produce los alimentos”.