El grupo AllayMe, que acompaña a mujeres sordas e hipoacúsicas de Mendoza, advierte que hay otras posibles víctimas dispuestas a declarar, pero que todavía esperan intérpretes y mediadores especializados. La Fiscalía formalizó la acusación contra tres personas, mientras que otras dos quedaron bajo investigación. El juez de Garantías les concedió la libertad con prohibición de acercamiento a las víctimas y la Fiscalía impugnó la decisión. Hay 13 celulares secuestrados para ser peritados.
Fiscalías y Defensorías Federales, en la ciudad de Mendoza.
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La investigación por la presunta red de trata de personas descubierta en Rivadavia podría sumar nuevas denuncias. Desde AllayMe, un grupo de apoyo a mujeres sordas e hipoacúsicas de Mendoza, aseguran que hay cinco mujeres sordas que quieren denunciar a algunas de las personas investigadas, pero que todavía esperan contar con garantías suficientes para hacerlo.
La principal preocupación es su seguridad, pero también las condiciones en las que puedan declarar. La organización viene reclamando la intervención de intérpretes de lengua de señas y mediadores especializados que permitan a las presuntas víctimas y a los testigos comunicarse sin dificultades con los investigadores judiciales.
La semana pasada, integrantes de AllayMe mantuvieron una entrevista en la Fiscalía Federal para aportar información sobre el caso y solicitar que se designe a profesionales que puedan acompañar las declaraciones. Según explicaron, hay mujeres que tienen información sobre hechos anteriores de abuso, estafas y agresiones, ocurridos en Mendoza.
También señalaron que una mujer de Rosario solicitó apoyo a la Confederación Argentina de Sordos (CAS) para avanzar con su propia denuncia.
“La verdad, para mí y para las mujeres sordas, es tristísimo lo que está sucediendo”, expresó una integrante del grupo, al referirse a la situación que atraviesan las posibles víctimas y a las dificultades que encuentran para acudir a la Justicia.
La Fiscalía confirmó que el pasado 23 de octubre formalizó la investigación penal contra tres personas, mientras que otras dos quedaron incorporadas como personas investigadas.
De acuerdo con la información proporcionada por una fuente judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de los tres primeros imputados. Sin embargo, el juez de Garantías les concedió la libertad con la prohibición de acercarse a las víctimas.
La Fiscalía impugnó esa decisión y ahora espera que se realice la audiencia en la que se revisará lo resuelto por el magistrado.
Por lo tanto, los tres imputados recuperaron la libertad, aunque permanecen sujetos a la causa y a las restricciones dispuestas judicialmente. La impugnación presentada por la Fiscalía busca que se revise la decisión sobre su situación procesal.
En paralelo, la investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados durante los procedimientos. Según confirmó la fuente judicial, hay 13 teléfonos celulares que deben ser sometidos a una extracción de información. El contenido de esos dispositivos podría aportar datos sobre los contactos entre los investigados, las comunicaciones con las presuntas víctimas y el posible funcionamiento de la estructura.
Uno de los aspectos que se investigan es el mecanismo que habría utilizado el grupo para acercarse a mujeres sordas, algunas de ellas en situaciones de vulnerabilidad.
Según los datos aportados sobre la causa, los investigados también son sordos y una de las estrategias de captación habría consistido en identificar a otras personas sordas en terminales de ómnibus y distintos espacios públicos.
Allí les habrían ofrecido ayuda, colaboración y gestiones destinadas a mejorar sus condiciones de vida. Entre las promesas mencionadas figuran la posibilidad de conseguir trabajo, vivienda y otros beneficios.
La hipótesis es que esos ofrecimientos habrían servido para establecer vínculos de confianza antes de que algunas mujeres quedaran expuestas a situaciones de abuso o explotación.
La investigación deberá determinar cómo operaba ese mecanismo, quiénes participaban y si existía una distribución de funciones entre las personas involucradas. También tendrá que establecer si hubo hechos similares anteriores y cuántas mujeres pudieron resultar afectadas.
Desde AllayMe sostienen que el caso conocido en Rivadavia no sería un episodio aislado. Según el grupo, hay mujeres sordas de Mendoza que habrían sufrido abusos, estafas y golpes en circunstancias que ahora podrían comenzar a denunciar.
La asistencia lingüística es uno de los principales reclamos de la organización. Sus integrantes consideran que no alcanza con disponer de una intérprete sin contemplar las particularidades de cada persona, ya que la lengua de señas presenta diferencias regionales y no todas las personas sordas se comunican de la misma manera.
Por eso, solicitan que las declaraciones puedan realizarse con intérpretes especializados y mediadores sordos que faciliten la comunicación cuando sea necesario.
El objetivo, explican, es que las mujeres puedan relatar lo sucedido con claridad, comprender las preguntas y tener la seguridad de que sus testimonios serán interpretados correctamente. También reclaman condiciones que les permitan denunciar sin temor a represalias.
La mujer que inició la denuncia en Rosario, y cuyo testimonio impulsó la investigación en Mendoza, recibió una amenaza el viernes pasado mediante una videollamada de una persona a la que vinculó con la causa. Pese a ello, el lunes amplió su denuncia.
Ese antecedente refuerza la preocupación de quienes acompañan a las posibles víctimas y explica, en parte, por qué otras mujeres todavía esperan garantías antes de presentarse ante la Justicia.
La causa continúa en una etapa de recolección de pruebas. Mientras se aguarda la audiencia de impugnación por las libertades concedidas y se prepara el análisis de los 13 celulares secuestrados, AllayMe busca que las mujeres que dicen tener información puedan declarar con asistencia adecuada y protección.
El desafío de la investigación será establecer las responsabilidades individuales, determinar si existió una estructura organizada y esclarecer los hechos denunciados. Para ello, los testimonios que todavía no llegaron al expediente podrían resultar importantes.
