Hay cinco personas detenidas, dos víctimas y una de ellas ya declaró. El caso se originó en el testimonio de una mujer que logró escapar el año pasado y denunció los hechos en Rosario. Ahora intervendrá la Justicia Federal.
Comisaría 13, en Rivadavia.
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La investigación por un caso de trata de personas en Rivadavia sumó nuevos elementos después del operativo realizado el domingo. Hasta el momento, hay cinco personas detenidas, dos víctimas y una de ellas ya declaró y tres menores quedaron bajo intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Debido al tipo de delitos investigados, la causa pasará a la Justicia Federal.
Detrás del procedimiento hay una historia que comenzó el año pasado, cuando una mujer sorda que había llegado a Mendoza desde Buenos Aires logró escapar de la vivienda en la que se encontraba y pidió ayuda. Su testimonio, según relató una persona que participó de su acompañamiento, es el antecedente que permitió llegar a la denuncia presentada recientemente en Rosario y que derivó en la intervención judicial en Mendoza.
La mujer había llegado a la provincia en 2024, engañada con la promesa de conseguir trabajo.
La mujer, de 36 años, pudo contactar a su familia en Rosario y regresar a esa ciudad con ayuda económica de su abuela, que llevaba aproximadamente un año buscándola. Antes de partir, según el testimonio recogido, había perdido el acceso a su teléfono y a sus tarjetas.
La presentación se realizó el miércoles pasado, según la reconstrucción aportada por esa fuente. A partir de ella, intervino la Justicia de Rosario y la investigación llegó a Mendoza.
La denunciante también había advertido sobre la situación de sus hijos, que se encontraban en la provincia. Según el relato, después de una intervención del ETI los niños habían sido retirados de su cuidado y entregados a su abuela paterna, quien los trasladó a Rosario. Posteriormente, a raíz de las actuaciones judiciales iniciadas allí, los menores quedaron nuevamente con su madre.
Este antecedente forma parte de la historia que rodea la investigación y deberá ser contrastado con las actuaciones oficiales para precisar las circunstancias de cada intervención.
La persona que acompañó a la mujer sostuvo que existiría una organización dedicada a captar mujeres sordas, principalmente de Buenos Aires y Rosario, mediante ofertas de trabajo difundidas por internet.
Según su versión, las mujeres serían trasladadas entre distintas localidades antes de llegar a domicilios donde quedarían bajo el control de otras personas. Mencionó presuntos puntos de operación en San Juan, San Martín y Rivadavia, aunque estos datos no fueron confirmados oficialmente.
La fuente identificó a una mujer detenida como una de las personas que recibiría a las mujeres en una vivienda de Rivadavia. También afirmó que habría otras personas encargadas de distintas tareas dentro de la estructura, entre ellas el control del dinero y de las tarjetas, además de posibles agresiones y abusos.
Se trata de acusaciones de gravedad que deberán ser investigadas y corroboradas por la Justicia. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial suficiente para establecer qué función habría cumplido cada uno de los detenidos ni cuál es la calificación penal atribuida a cada uno.
La entrevistada también describió un mecanismo de captación mediante transmisiones en vivo y videos en lengua de señas, a través de los cuales se ofrecerían oportunidades laborales. Según explicó, parte del material y de los antecedentes sobre la primera mujer habría quedado resguardado por el grupo que la asistió.
La fuente sostuvo que algunas mujeres habrían sido obligadas a ejercer la prostitución, mientras que otras permanecerían dentro de las viviendas realizando tareas domésticas y sin libertad para salir. También mencionó el caso de otra mujer que habría quedado embarazada como consecuencia de un abuso durante su permanencia en una de esas casas. Estas circunstancias no cuentan, por ahora, con confirmación oficial.
Uno de los aspectos señalados por quienes acompañaron a la primera denunciante es la necesidad de garantizar una comunicación adecuada con las presuntas víctimas.
Al tratarse de personas sordas, la toma de declaraciones requiere intérpretes de lengua de señas con formación y experiencia suficientes. La entrevistada advirtió, además, que las señas pueden variar según la región y que algunas personas combinan formas de comunicación aprendidas en Buenos Aires, Rosario y Mendoza.
Por ese motivo, consideró necesario que intervengan tanto intérpretes con conocimientos del ámbito judicial como mediadores sordos capaces de facilitar la comprensión entre las partes.
La advertencia adquiere relevancia en una causa en la que los testimonios de las presuntas víctimas pueden resultar determinantes para reconstruir los hechos, establecer cómo se produjo la captación y determinar si existieron amenazas, restricciones a la libertad o explotación.
Según la fuente, al momento de la entrevista todavía no había podido confirmar qué especialistas habían sido convocados para asistir a todas las personas involucradas.
El operativo del domingo se inició a partir de una alerta al 911 que advertía sobre la posible explotación sexual de una mujer trasladada desde Buenos Aires. Al llegar al domicilio de Rivadavia, los efectivos encontraron a ocho personas sordas, entre ellas la mujer mencionada en la denuncia inicial.
Las ocho fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica y ser examinadas. También se dispuso la intervención de especialistas para facilitar la comunicación y recoger sus testimonios.
Con cuatro personas detenidas, una declaración ya recibida y tres menores bajo intervención del ETI, la investigación deberá establecer ahora si existe una estructura organizada detrás de los hechos denunciados, cuántas personas habrían sido afectadas y qué responsabilidades corresponden a cada uno de los sospechosos.
El antecedente de la mujer que escapó el año pasado aporta una línea de investigación que se extiende más allá del domicilio allanado. Sin embargo, el alcance de la presunta organización, sus posibles conexiones con otras localidades y las modalidades de explotación denunciadas deberán ser acreditados en el expediente judicial.
