Según la demanda, la mujer iba con sus tres hijos cuando se produjo el hecho, en un callejón de El Bermejo, Guaymallén. El hecho se produjo “en una zona rural, sin testigos presenciales, como generalmente se cometen los actos de violencia contra las mujeres”, dijo la jueza que ordenó la indemnización.
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Interpretando el caso desde una perspectiva de violencia de género, la Justicia civil ordenó que un vecino de El Bermejo indemnice a una mujer de 30 años a quien le tiró la camioneta encima cuando buscaba leña y luego la golpeó con una rama, para después amedrentarla con un arma de fuego.
Tras denunciarlo penalmente, la víctima, que al momento del hecho se encontraba con sus tres hijos, inició una demanda civil en el Juzgado Civil 12.º por daños y perjuicios.
La demanda indica que una tarde de junio de 2023, E. C., junto a sus hijos, estaba recolectando leña en el callejón Mathus, de Guaymallén, cerca del salón de fiestas Casa de Campo, cuando pasó una camioneta Chevrolet conducida por R. G. Una hora después volvió a pasar, le tiró la camioneta encima, y se produjo el violento hecho por el que reclama.
El hombre contesta la demanda negando haberla amenazado, golpeado o haberle exhibido un arma, diciendo que se cruzó a la mujer y que, como tenía una carretilla en medio del callejón, tuvieron “un pequeño intercambio de palabras” y cada cual siguió con lo suyo. Y que luego lo demandó “con la maliciosa pretensión de una indemnización que sólo configuraría un enriquecimiento sin causa”.
La jueza María Virginia Iglesias, a la hora de analizar el caso, entendió que la situación muestra “una clara asimetría” de poder que amerita su encuadre en la definición de violencia de género, física y psicológica.
Luego tuvo en cuenta la causa penal que se inició cuando el hombre denunció “un robo de leña de su propiedad” y, cuando se fue, la mujer le contó a los uniformados que el hombre estaba armado y, hablando por teléfono, había dicho: “si no vienen (la Policía), le pego un tiro”.
La mujer, al ampliar la denuncia en la Oficina Fiscal de Guaymallén, dio detalles de la agresión: “Me tira la camioneta encima y en la maniobra le pega a las ramas que estaban arriba de la engarilla y las tira al piso. Luego se baja del vehículo y me comienza a gritar ‘sos una ladrona, esto es propiedad privada’. Luego se comunica con el 911 y le dice que le estaba robando la leña y que si en cinco minutos la Policía no llegaba al lugar me iba a pegar un tiro. Yo me asusté y le dije que le dejaba la leña en el lugar, y el sujeto me dijo ‘vos no te movés hasta que llegue el móvil’.
Luego, dice la denunciante, el sujeto “me pega con un palo de la leña en la mano izquierda y mi hijo de 7 años lo tira para atrás del buzo por la espalda al sujeto porque me quería seguir pegando, y le agarré el palo con la mano y se me lastimó la palma de la mano, y mis hijos de 13 y 11 años logran salir hacia Casa de Campo para pedir ayuda”.
Es ahí donde el hombre “sube a la camioneta nuevamente, saca el arma que tenía debajo del asiento del acompañante y la pone sobre el asiento del conductor y me dice ‘que no tenía problema en dejar otro fiambre tirado’. Me asusté y llamé al 911”, y minutos después vio el móvil policial.
En tanto, el conductor de la camioneta dio una versión diferente a la de la denuncia telefónica (en la que habló de robo de leña), afirmando que solo fue “un intercambio de palabras”.
Además de esta “incongruencia” entre los dos relatos, la jueza tuvo en cuenta la declaración de dos testigos. Uno dijo que vio a la mujer buscando leña y luego “vino un hijo gritando, pidiendo auxilio porque les habían sacado un arma y que los había amenazado el señor del fondo”, y que su mamá lloraba.
En tanto, una mujer declaró que llegó y un vecino le contó que el hombre le había apuntado con un arma y tirado la camioneta encima a la mujer.
La jueza sostuvo en su fallo que “el hecho aconteció en una zona rural, específicamente en un callejón descampado, sin testigos presenciales directos –como generalmente se cometen los actos de violencia contra las mujeres–, lo cual me convence de la situación precaria de la misma y de vulnerabilidad frente al agresor”.
Además, tuvo en cuenta la pericia psicológica de la víctima en la que “se observan indicadores de depresión moderada en el momento presente. Aparece posible afectación de la vida diaria, sueño, energía. Requiere atención y seguimiento” y que “presenta síntomas significativos de estrés postraumático”.
Tras el análisis, la magistrada fijó la indemnización por incapacidad sobreviniente en $10.200.000 con una tasa de interés del 5% anual. En tanto que por daño moral otorgó $6.000.000, dinero que le permite a la demandante compensar los padecimientos sufridos y hasta “podría adquirir una motocicleta nueva para trasladarse”. El total de la demanda prosperó, entonces, por $16.200.000.
