Diez personas fueron procesadas con prisión preventiva por vender armas y drogas dentro y fuera del penal federal. Se trata del primer caso en la provincia en el que se aplica la figura de asociación ilícita prevista en el artículo 210 ter del Código Penal.
Diez personas fueron procesadas con prisión preventiva por integrar una organización criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo.
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Los Andes Diez personas fueron procesadas con prisión preventiva por integrar una organización criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, en Cacheuta. Se trata del primer caso en la provincia en el que se aplica la figura de asociación ilícita prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporada recientemente a través de la conocida como “Ley Antimafia” (Ley 27.786).
La resolución fue dictada por el juez federal Marcelo Garnica, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, quien sostuvo que la estructura delictiva “reviste una complejidad tal que justifica la aplicación de esta figura penal, que permite sancionar con mayor severidad a quienes participan en organizaciones criminales dedicadas a delitos especialmente graves”.
La investigación se inició el 5 de junio de 2024, tras una denuncia anónima presentada ante el Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, encabezada por el fiscal federal Fernando Alcaraz. En el desarrollo de la pesquisa se descubrió que la banda realizaba maniobras de comercialización de drogas y armas tanto dentro como fuera del penal, y utilizaba vehículos con irregularidades dominiales para encubrir los bienes obtenidos de manera ilícita.
Según la investigación, dos de los jefes de la organización eran reclusos que dirigían las operaciones desde el interior del penal. Además, una segunda denuncia anónima aportó detalles sobre cómo se ingresaban estupefacientes a través de mujeres embarazadas y niños durante las visitas, quienes no eran sometidos al escáner de seguridad. También se mencionó la presunta complicidad de agentes penitenciarios, aunque su participación aún no fue comprobada.
El Ministerio Público Fiscal coordinó la causa junto con la Unidad de Inteligencia Criminal de Gendarmería Nacional, lo que permitió desplegar un amplio operativo que incluyó intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles y tareas de vigilancia. Entre el 14 y el 22 de marzo de 2025 se realizaron 21 allanamientos en distintos puntos de Mendoza, con participación de fuerzas federales y provinciales.
Como resultado, se detuvo a los diez imputados y se secuestraron seis armas de fuego, réplicas de escopeta y subfusil, más de 500 municiones, seis balanzas de precisión, 498 gramos de cocaína, 647 gramos de marihuana, 14 plantas de cannabis, semillas, troqueles de LSD, tres automóviles, dos motocicletas, más de 90 celulares y documentación relevante.
El juez Garnica procesó a todos los acusados por tráfico de estupefacientes agravado (por participación de menores, por ser más de tres personas y por operar desde un centro de detención), tráfico de armas y municiones, y encubrimiento agravado. Además, dispuso embargar bienes de cada uno de los procesados hasta cubrir la suma de $4.680.000.
Este fallo marca un precedente judicial en Mendoza al ser la primera vez que se aplica la “Ley Antimafia” en la provincia para perseguir estructuras criminales complejas.
