Son los mismos letrados que fueron denunciados por Rapicuotas, según el testigo, quien explicó que la finalidad de las maniobras es “defraudar a sus acreedores”. Presentó como ejemplo a un penitenciario que se endeudó rápida y “desmesuradamente”, en $45 millones.
La causa por presuntas estafas en la que la Fiscalía de Delitos Económicos investiga a 8 abogados y 240 personas que solicitaron préstamos personales en una financiera y que luego se declararon en quiebra para no pagar, ha sumado en las últimas horas un testimonio que puede ser de vital importancia para que la causa avance.
Se trata del contador Carlos Benaroya, quien se desempeña como síndico designado por sorteo del Tercer Juzgado de Procesos Concursales, cuya función es investigar y determinar cuáles fueron las causas de desequilibrio económico o cesación de pagos de las personas que se declaran en quiebra.
Benaroya fue presentado a declarar en la fiscalía por los abogados Gustavo y Anabel Gazali –representantes legales de “Rapicuotas”, una financiera que funciona en Las Heras al 400 de Ciudad–, luego de que el mismo contador los contactara para decirles que, tras conocer una nota publicada en Los Andes, había comprobado que al menos cuatro abogados denunciados por Rapicuotas aparecían repetidas veces en causas de quiebras “flojas de papeles”.
Como caso testigo, presentó a un penitenciario que, tras presentarse en quiebra y a la espera de que el juez interviniente la aceptara, “empieza a recorrer todas las casas de crédito e entidades financieras en las que pudiera obtener un crédito, de tal manera que, cuando se dicta la sentencia de quiebra, todos esos créditos que pidió no se van a terminar pagando”.
Este penitenciario, cuya abogada es una de las denunciadas por Rapicuotas, arrancó con una deuda de 16 millones y en un momento se empieza a endeudar “desmesuradamente”, llegando a deber $45 millones, por lo que Benaroya declara: “Es evidente que no se trata de un endeudamiento normal, sino que tiene por objetivo defraudar a sus acreedores”.
Según el especialista, en tres causas analizadas aparece la misma abogada que “copia en forma literal el pedido de quiebra, lo cual fue puesto en conocimiento por mí al tribunal”, dice el testigo.
Según explicó el abogado Gazali, hay cuatro abogados que están comprometidos según el testigo y los ejemplos muestran que se habría estafado a varias financieras de la misma manera.
En julio de 2025, Finanpro S.R.L., una empresa que otorga pequeños créditos a trabajadores del sistema formal bajo el nombre de “Rapicuotas”, denunció por presuntas estafas a 8 abogados y 240 personas que solicitaron préstamos personales y luego se declararon en quiebra, lo que le produjo a la empresa una pérdida de unos $40 millones.
Tras la denuncia, la Fiscalía de Delitos Económicos la dividió en 5 expedientes, pero ahora se ha dividido en 60, para buscar a qué fiscales les toca cada una, teniendo en cuenta la fecha en que estaban de turno.
En febrero pasado, la fiscal Susana Muscianisi –hoy jubilada– había puesto la mira en 24 casos donde aparecen dos abogadas que son las que en más casos denunciados habrían participado. Se trata de las letradas M. P., que aparece en 16 denuncias, y A. C., con 8 préstamos sospechosos, según las primeras pericias técnicas realizadas por una perito contadora del Ministerio Público Fiscal.
Rapicuotas operó normalmente hasta el año 2024, cuando se detectó una práctica en extremo inusual que llamó poderosamente la atención de sus autoridades: en pocos meses, una serie de personas solicitaron créditos —en algunos casos por montos significativos, de hasta $2 o $3 millones—, presentaron la documentación correspondiente pero inmediatamente no pagaron las cuotas pactadas, al tiempo que presentaron pedidos de concurso preventivo o quiebra ante el Poder Judicial. De esta forma, Rapicuotas no pudo recuperar nada de los fondos entregados en préstamo.
Ante la situación, la empresa comenzó a averiguar datos sobre sus sospechosos clientes, llegando a la conclusión de que la mayoría de los que habrían obtenido créditos realizaron la misma práctica en otras instituciones dedicadas a la misma actividad, en el mismo período.
Es por eso que la denuncia sostiene que “no se trata de una práctica aislada sino sistemática, interviniendo en muchos casos los mismos abogados o estudios de abogados”.
Para la empresa, la hipótesis de presunto fraude es la siguiente: se gestionaron préstamos sabiendo de antemano que no se pagarían las cuotas, ya que se presentaron inmediatamente en concurso o quiebra, las cuales, evidentemente, resultan fraudulentas porque tienen como único objetivo frustrar el pago de las obligaciones asumidas.
“Es evidente que, al momento de obtener el crédito, presentar la documentación respaldatoria y recibir el dinero, estas personas sabían que no pagarían las obligaciones”, sostiene la denuncia.
Para los denunciantes, se trata de un fraude que supera los $40.000.000, por lo que no puede considerarse un hecho aislado, ya que supera la morosidad corriente y se trata de una “maniobra orquestada deliberadamente con dolo”.
