Gonzalo Emanuel Ferreyra está acusado de matar de tres disparos a Rodrigo Ezequiel Salafia el 31 de octubre del año pasado en Chapanay. Antes, había sido condenado por una causa de narcotráfico y exonerado de la Policía de Mendoza. En aquella investigación, la Justicia Federal incluso allanó la subcomisaría donde prestaba servicios.
Gonzalo Emanuel Ferreyra, el expolicía que ya había sido condenado por una causa vinculada al narcotráfico y ahora es buscado por un homicidio en San Martín.
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A pocas horas de cumplirse un año del homicidio de Rodrigo Ezequiel Salafia, el hombre señalado como autor de los disparos, continúa prófugo. Se trata de Gonzalo Emanuel Ferreyra, un expolicía que ya había sido condenado por una causa vinculada al narcotráfico y separado de la fuerza antes de que el crimen de Chapanay volviera a poner su nombre en el centro de una investigación judicial.
Salafia tenía 25 años y trabajaba como empleado de seguridad en el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato, de San Martín. La noche del viernes 31 de octubre de 2025 caminaba junto a su hermano por las inmediaciones de las calles San Juan y Bonano, en Chapanay, cuando se encontró con Ferreyra, de 39 años. Entre ambos se produjo una discusión que, según los testimonios recogidos, estaba relacionada con conflictos anteriores.
En medio del enfrentamiento, Ferreyra habría sacado un arma de fuego y efectuado tres disparos contra el joven, que recibió los impactos en el tórax. Salafia fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde murió poco después de ingresar.
Después del ataque, el sospechoso escapó y desde entonces no pudo ser localizado. De acuerdo con la reconstrucción del caso, se habría retirado en bicicleta. La búsqueda judicial continúa y la familia de la víctima reclama que el acusado sea encontrado y llevado ante la Justicia.
El pasado de Ferreyra ya había quedado bajo la lupa judicial varios años antes del homicidio. En 2018, una investigación de la Policía Contra el Narcotráfico permitió avanzar sobre una organización conocida como Los Malla, que operaba en Palmira y Tres Porteñas y estaba vinculada con la comercialización de estupefacientes.
En el curso de esa pesquisa, las escuchas telefónicas revelaron presuntas filtraciones de información desde la fuerza policial. Ferreyra Domínguez y otro efectivo, Gastón Miranda, quedaron involucrados en la investigación. Por entonces, Ferreyra prestaba servicios en la Subcomisaría El Porvenir, en Lavalle.
La investigación llegó hasta la propia dependencia policial: la Justicia Federal ordenó un allanamiento en la subcomisaría donde trabajaba el efectivo, en busca de pruebas relacionadas con la causa. El procedimiento puso de manifiesto que la pesquisa no se limitaba a los puntos de venta de droga, sino que también alcanzaba a integrantes de la fuerza sospechados de mantener vínculos con la actividad ilegal.
El expediente avanzó hasta el juicio oral. El 18 de diciembre de 2020, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Ferreyra a tres años de prisión en suspenso, una multa y cinco años de inhabilitación para ejercer funciones de seguridad, según los antecedentes consignados sobre aquella causa.
A partir de esos hechos, Ferreyra quedó fuera de la Policía de Mendoza. Cuando se produjo el homicidio de Salafia, ya era un expolicía exonerado, con una condena federal en su historial.
La investigación por el asesinato de Salafia abrió un nuevo capítulo judicial en la historia de Ferreyra. Esta vez, la acusación es por un homicidio cometido en la vía pública y frente al hermano de la víctima.
Para los investigadores, los testimonios y los elementos reunidos en la causa comprometen irrefutablemente al expolicía como autor de los disparos. Sin embargo, su ausencia impide que el proceso avance con él a disposición de la Justicia. El pedido de captura continúa vigente y su paradero sigue siendo una incógnita.
Fuentes vinculadas con la investigación sostienen que el acusado podría permanecer en la zona y mencionan la presunta venta de estupefacientes como una posible fuente de ingresos. Se trata de una hipótesis sobre su situación actual que no equivale a una confirmación de su ubicación.
Mientras tanto, en Chapanay persiste el recuerdo de una muerte que golpeó a una comunidad donde víctima y acusado eran conocidos. Salafia trabajaba en el Perrupato y su asesinato también repercutió entre sus compañeros del ámbito sanitario.
A un año del crimen, el caso reúne dos historias judiciales que tienen al mismo hombre como protagonista: la de un policía condenado por una causa vinculada con drogas y exonerado de la fuerza, y la del expolicía acusado de matar a un joven de 25 años que todavía no fue encontrado.
Para la familia de Rodrigo Salafia, la fecha vuelve a poner en primer plano una pregunta que sigue sin respuesta: cuándo será detenido el hombre al que la investigación señala como responsable del homicidio.
