Un inmueble ubicado en la calle Necochea en Ciudad de Mendoza fue demolido en el marco de la política de intervención de inmuebles utilizados como aguantaderos, además desalojaron a 11 personas.
La construcción fue identificada como un punto de ocultamiento de personas vinculadas a hechos delictivos.
El inmueble fue intervenido por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
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Gobierno de Mendoza
Un inmueble ubicado en la calle Necochea en Ciudad de Mendoza fue demolido en el marco de la política de intervención de inmuebles utilizados como aguantaderos, además desalojaron a 11 personas.
El lugar había sido intervenido administrativamente en agosto por el Ministerio de Seguridad y Justicia, luego de que distintos relevamientos policiales y técnicos determinaron que representaba un riesgo para la seguridad de la zona.
Según informaron fuentes oficiales, la actuación se inició a partir de reiteradas intervenciones policiales en el inmueble y sus inmediaciones, donde se habían registrado identificaciones y aprehensiones de personas con medidas judiciales pendientes, procedimientos vinculados con estupefacientes y antecedentes de utilización del predio para ocultar personas y elementos presuntamente provenientes de delitos.
Uno de los informes determinantes fue elaborado el 5 de agosto por la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de Capital. Allí se advirtió que la construcción abandonada era utilizada como refugio después de la comisión de hechos delictivos.
A estos antecedentes se sumaron las graves condiciones edilicias y sanitarias. Las inspecciones constataron sectores derrumbados, estructuras con riesgo de colapso, accesos sin cerramientos, acumulación de residuos y presencia de roedores.
Además, se verificó que el inmueble no tenía ocupación residencial permanente y era utilizado ocasionalmente para pernoctar.
Frente a esta situación, la ministra Mercedes Rus, mediante la Resolución 3762 del 19 de agosto, dispuso la intervención administrativa preventiva del inmueble y solicitó la participación de las áreas técnicas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para evaluar las medidas necesarias.
La intervención forma parte de una política que la provincia comenzó a implementar mediante un procedimiento administrativo y que posteriormente quedó consolidada con la sanción de la Ley Antiaguantaderos 9727, aprobada por la Legislatura en septiembre.
Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad y Justicia ha iniciado más de 70 expedientes y concretado 24 intervenciones, entre demoliciones, tapiados y otras medidas preventivas destinadas a neutralizar inmuebles que representan riesgos para la seguridad pública.
La normativa permite actuar sobre propiedades utilizadas para la comisión, planificación u ocultamiento de delitos, así como sobre construcciones abandonadas o deterioradas que favorezcan actividades ilícitas.
