Dos camioneros bolivianos fueron condenados a casi 5 años de prisión por intentar contrabandear más de 35 toneladas de precursores químicos hacia Bolivia desde la provincia de Salta.
Los acusados recibieron una pena de prisión tras ser interceptados en un paso fronterizo de la provincia salteña. Transportaban más de 35.000 kilos de acetato de etilo con permisos falsificados.
Test hecho en la frontera de Salta con Bolivia.
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Gendarmería
Dos camioneros bolivianos fueron condenados a casi 5 años de prisión por intentar contrabandear más de 35 toneladas de precursores químicos hacia Bolivia desde la provincia de Salta.
La carga estaba distribuida en 191 tambores y era transportada con “documentación adulterada” para justificar un recorrido distinto al que realizaban los vehículos.
La sentencia recayó sobre Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, considerados coautores de contrabando agravado de precursores químicos en grado de tentativa, en concurso ideal con el ingreso de esas sustancias a una zona de frontera sin autorización.
La resolución fue dictada por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta, en el marco de un acuerdo pleno con la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero.
Además de la pena privativa de la libertad, se dispuso la inhabilitación absoluta por el término de la condena, sanciones accesorias del Código Aduanero y el decomiso de los teléfonos celulares, la sustancia química y el tractor y semirremolque utilizados por Puma García.
El procedimiento se llevó a cabo el 16 de marzo de 2026 en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, cuando personal de Gendarmería Nacional interceptó dos camiones que transportaban 35.144 kilogramos de acetato de etilo distribuidos en 191 tambores. La documentación formal indicaba que los vehículos debían egresar por el paso internacional de Salvador Mazza con destino final a Cochabamba, Bolivia; sin embargo, fueron detectados circulando por Aguas Blancas con dominios y recorridos no autorizados.
Las pericias confirmaron que los permisos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) habían sido falsificados imitando el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
El cargamento incautado, catalogado como un solvente clave para el refinamiento de clorhidrato de cocaína, fue tasado en $167.608.459.
Mediante la articulación de la PROCUNAR y la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI) con autoridades de Bolivia, se constató que el depósito de destino final en Cochabamba no estaba habilitado para operar con sustancias químicas, reforzando la hipótesis de desvío hacia la producción ilegal de drogas.
