Seis estudiantes de la UNCuyo denunciaron al exdocente por abuso sexual y violencia de género en 2018. Hoy avanzan hacia el juicio oral acompañadas de agrupaciones feministas.
Mauro Aguirre, el exdocente denunciado.
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Tras casi ocho años de espera, las seis estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que en diciembre de 2018 denunciaron por abuso sexual y violencia de género al entonces docente Mauro Aguirre (72) llegaron este martes a la audiencia preliminar en el Polo Judicial Penal de Mendoza, una instancia previa al juicio oral.
La audiencia se centró en el ofrecimiento de pruebas testimoniales y documentales por parte de la defensa, la fiscalía y la querella. Ahora, la jueza deberá resolver cuáles serán admitidas para el debate.
Carlos Varela Álvarez, abogado defensor de Aguirre y conocido también por representar a la monja Kumiko Kosaka en la causa por los abusos en el instituto Próvolo, señaló que la audiencia "se desarrolló con normalidad y sin inconvenientes". Además, explicó que las denunciantes estuvieron presentes en otra sala, acompañadas, para preservar su seguridad.
Por su parte, agrupaciones feministas y autoridades universitarias, a quienes en un primer momento los oficiales les había impedido el ingreso para "evitar una manifestación", se reunieron en la explanada del Polo Judicial para acompañar a las denunciantes.
La acusación comprende siete hechos independientes de abuso sexual, con distintas calificaciones legales: abusos sexuales simples agravados por la condición de profesor, abusos sexuales con acceso carnal agravados en grado de tentativa y hechos consumados de esta última figura.
Viviana Beigel, abogada de las denunciantes, explicó a Los Andes que una de las principales expectativas de las víctimas es que la causa llegue finalmente a juicio oral, después de casi ocho años de demora. "Es muy difícil para ellas sostener todo este tiempo de espera de una respuesta de la Justicia", señaló.
Además, sostuvo que esperan que durante el proceso se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades. "Que finalmente se declare culpables a quienes son responsables de estos hechos y que se haga justicia, fundamentalmente, que haya una sentencia justa y reparadora para ellas", dijo.
Los delitos más graves prevén penas de hasta 20 años de prisión, mientras que otros contemplan hasta 10 años. Como los hechos concurren realmente, los máximos pueden sumarse aritméticamente y superar incluso los 50 años de prisión, que es el límite máximo posible.
Sin embargo, la abogada aclaró que no es habitual que se soliciten penas tan elevadas en este tipo de casos y estimó que una eventual condena podría ubicarse en un punto intermedio.
Aguirre, quien además es abogado, estaba a cargo de la cátedra Doctrina Social II de la carrera de Ciencia Política y Administración y lideraba la Agrupación Universitaria Nacional (AUN).
Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2010 y 2015, en un contexto de desigualdad de poder, en el que Aguirre ocupaba una posición de autoridad tanto por su rol docente como por su lugar al frente de la agrupación estudiantil.
Según los testimonios de Beigel, la AUN tenía una lógica sectaria que promovía el aislamiento de las jóvenes de sus familias y amistades, lo que generaba una situación de vulnerabilidad.
En este contexto, personas que pertenecían al núcleo duro de esta agrupación habrían propiciado situaciones para que las estudiantes quedaran a solas con Aguirre, mediante invitaciones a cenas y reuniones de la agrupación. "Mauro se aprovechaba de estas circunstancias para cometer estos abusos, ejerciendo este tipo de acciones totalmente autoritarias y de abuso de poder con estudiantes que no tenían más de 18 o 19 años, mientras él tenía más de 50", explicó Beigel.
Por su parte, Nora Llaver, referente de Ni Una Menos, destacó que las denunciantes llevan ocho años de espera, con consecuencias emocionales, materiales y en sus trayectorias de vida. Algunas no pudieron continuar sus carreras universitarias en las condiciones en que las habían comenzado, mientras que otras debieron modificar sus modalidades de cursado para evitar coincidir con personas vinculadas al entorno de Aguirre.
En diciembre de 2018, las estudiantes hicieron públicas las denuncias durante una asamblea de la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes, realizada en el Aula Magna de la Facultad.
El 10 de mayo de 2019, Aguirre fue detenido. También fueron imputadas otras tres personas vinculadas con la agrupación: Leandro Fontán, Lucía Fernández y Mario Codoni, señalados como presuntos partícipes primarios.
Durante el proceso, Aguirre adelantó su trámite jubilatorio y actualmente percibe el beneficio como exdocente universitario.
En 2021, tras un sumario administrativo, el Consejo Directivo de la Facultad resolvió exonerarlo, aplicándole la máxima sanción prevista en ese ámbito.
La vicerrectora de la UNCuyo, Ana María Sisti, sostuvo que la universidad se pronuncia en contra de la violencia y a favor de los derechos, y destacó la importancia de acompañar a las víctimas.
Respecto de los mecanismos de intervención, explicó que el protocolo institucional puede activarse a partir de una denuncia directa o cuando se toma conocimiento de una situación de violencia. Además, señaló que la universidad cuenta con un área de Defensoría que acompaña y asesora a las víctimas, y gestiona medidas de contención tanto para la salud física como mental.
En cuanto a las políticas de la actual gestión, Sisti destacó la capacitación en Ley Micaela como una herramienta para prevenir la violencia de género. “Tenemos la obligación de acompañar las situaciones y de estar alerta para no hacernos cómplices”, afirmó, y remarcó que el trabajo institucional debe centrarse en la capacitación, la sensibilización y la concientización.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Fabio Erreguerena, explicó que el Consejo Directivo resolvió por unanimidad "comunicar y expresar públicamente nuestro apoyo a las víctimas y a las denunciantes exigiendo justicia". Además, se decidió crear una comisión de memoria institucional para reconstruir los hechos ocurridos en la Facultad y en la Universidad, con el objetivo de aprender de lo sucedido y evitar que vuelva a repetirse.
La semana pasada, la Facultad había emitido un comunicado en el que pedía disculpas a las víctimas "por las falencias, las omisiones y las respuestas faltantes, que no estuvieron a la altura de la protección y el acompañamiento que merecían".
El análisis de las pruebas documentales continuará en una nueva audiencia, prevista para mediados o fines de noviembre.
Además, las partes coincidieron en solicitar que el juicio esté a cargo de un tribunal colegiado, integrado por tres jueces. Una vez resuelta la admisión de las pruebas y realizado el sorteo para designar a los magistrados restantes, se podrá fijar la fecha de inicio del debate.
El juicio oral se realizaría durante el primer trimestre del año próximo, aunque dependerá de la disponibilidad de las agendas judiciales. Debido a que se estima que habrá entre 50 y 60 testigos, cuyas declaraciones podrían extenderse varias horas, se anticipa que el proceso será prolongado.
