La Justicia de Chile condenó a dos transportistas mendocinos acusados por el Ministerio Público de vecino país por los delitos de tráfico de armas y contrabando.
En 2024 ingresaron al vecino país dos pistolas Glock 9 milímetros, cargadores y piezas de otras armas.
Las armas contrabandeadas por los camioneros mendocinos. Foto: Los Andes Online de Chile.
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La Justicia de Chile condenó a dos transportistas mendocinos acusados por el Ministerio Público de vecino país por los delitos de tráfico de armas y contrabando.
El fallo fue emitido por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes, integrado por los magistrados María Fernanda Cornejo, Cristián Cáceres Castro y Carlos Muñoz Iturriaga, según informó hoy el diario trasandino Los Andes Online.
Según sostuvo la acusación, el hecho ocurrió el 4 de noviembre de 2024, cuando los ahora condenados —identificados como A.S.A. y F.A.G.— ingresaron al vecino país en un camión de transporte internacional procedente de Mendoza.
Cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas registró la cabina del vehículo, encontró detrás del asiento del conductor una mochila que contenía un cargador de pistola para treinta tiros.
Entonces, los aduaneros profundizaron la requisa del camión y dieron con un bolso con dos pistolas 9 milímetros marca Glock con sus números de serie borrados, seis cargadores con gran cantidad de municiones y también una importante cantidad de piezas de otras armas de fuego.
La explicación que dieron los transportistas fue que desconocían esa carga y que se las había entregado otra persona antes de cruzar la frontera.
Frente a esta situación, fueron imputados por los delitos de tráfico de armas y contrabando, quedando ambos en prisión preventiva.
Durante el debate realizado en los últimos días, el fiscal Ricardo Reinoso Varas acusó a los mendocinos aportando pruebas que acreditaron ambos delitos.
El tribunal resolvió condenar a F.A.G. a la pena de 7 años de prisión y a A.S.A. a 5 años y 1 día de cárcel”, informó el portal de noticias chileno.
Se trata de una pena de cumplimiento efectivo. Además, el tribunal ordenó la incorporación de su huella genética al registro nacional de ADN de personas condenadas a pena por crimen y deberán pagar las costas del proceso.
