18 de noviembre de 2026 - 12:46

Caso Garrido-Baigorria: 37 años después, 16 expolicias serán juzgados por desaparición forzada de personas

Es el primer caso de desaparición de personas durante la democracia, ocurrida el 28 de abril de 1990, luego de que el automóvil en que se trasladaban fuera interceptado por efectivos de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza en el Parque San Martín.El debate se realizará en febrero del próximo año. El rol de cada uno de los imputados.

Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron vistos por última vez el 28 de abril de 1990 y su desaparición se transformó en la primera ocurrida en Argentina desde el retorno del Estado de Derecho y arribó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó la responsabilidad del Estado Argentino en el caso.

En las últimas horas el Tribunal Oral Federal N° 1 integrado por los jueces Alberto Daniel Carelli, María Paula Marisi y Gretel Diamante, fijó la fecha del inicio del debate: el 18 de febrero de 2027.

La acusación será realizada por los fiscales Dante Vega, Fernando Alcaraz y Federico Baquioni, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Caso Garrido-Baigorria: 37  años después, se realizará el juicio | Foto: Los Andes

Caso Garrido-Baigorria: 37 años después, se realizará el juicio | Foto: Los Andes

En octubre de 2025, el Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, en conjunto con la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), encabezada por Alberto Gentili, habían finalizado la investigación y solicitado que los 16 investigados fueron sometidos a juicio (tres personas, entre ellas un exjuez provincial, tienen el proceso suspendido por razones médicas).

La lista de imputados incluye a los expolicías provinciales Miguel Ángel Barahona Gutiérrez, Sergio Oscar Barrera Romero, Ángel Gustavo Bastías, Francisco Edgardo Bullones Prudencio, Néstor Ramón Falcón, Jorge Aníbal Flores Bizaguirre, Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, Oscar Orlando Giuliano, Alberto Narciso Gordillo, Felipe Gerardo Machuca, Norberto Ernesto Mercado, Samuel Morales Valladares, Miguel Ángel Muñoz Gil, Manuel Antonio Nañez, Rolando Antonio Olarte Rivera y Jacinto Salvador Olmedo. Todos ellos señalados como presuntos coautores del delito de desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 142 ter del Código Penal.

El 15 de octubre de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se había expedido en la causa al rechazar los planteos de las defensas y confirmar los procesamientos y prisión preventiva que habían sido ordenados en agosto de ese mismo año por el titular Juzgado Federal 3 de Mendoza, el juez Garnica, al entender que la materialidad y autoría de los hechos investigados, se encontraban acreditados conforme el estándar probatorio requerido para esa etapa del proceso.

Cronología y el rol de cada uno de los imputados

En la causa se investiga lo sucedido el 28 de abril de 1990 entre las 15 y las 16, cuando Garrido conducía un automóvil Fiat 1500 rural acompañado de Baigorria por la rotonda de Monseñor Orzali del Parque General San Martín, en dirección a Godoy Cruz. El vehículo en el que viajaban los dos hombres fue interceptado por efectivos de la policía provincial frente a la Escuela Hogar “Eva Perón”. Baigorria y Garrido fueron vistos con vida por última vez en los calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia, donde además se los vio golpeados.

Según consta en el expediente, para la Fiscalía, la desaparición de Garrido y Baigorria se habría producido de la siguiente manera: el 28 de abril de 1990, entre las 15 y las 16, Adolfo Argentino Garrido Calderón conducía un Fiat rural 1500, color azul, modelo 1967, y era acompañado por Raúl Baigorria. Mientras circulaban por la rotonda de Monseñor Orzali del Parque General San Martín, con dirección a Godoy Cruz, fueron interceptados frente a la Escuela Hogar “Eva Perón”, por efectivos policiales que se conducían en el móvil 575 de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza. El móvil estaba tripulado por el Sargento 1º Carlos Sosa, el agente Miguel Ángel Muñoz y el agente Lucio Omar Sosa.

El fiscal Fernando Alcaraz

El fiscal Fernando Alcaraz

Los policías se acercaron al Fiat y les ordenaron a los dos ocupantes que se bajaran para requisarlos. En ese momento llegó el móvil 505, en el que se desplazaban el cabo Miguel Ángel Barahona, el agente Jorge Sánchez chofer-, y el agente Oscar Orlando Giuliano, quienes se sumaron al procedimiento.

Posteriormente, el personal policial se comunicó con los la Comisaría 5ta, informando la detención de los jóvenes. En la comisaria se encontraba el oficial de guardia Jorge Aníbal Flores, el jefe de servicio Oficial Ayudante Néstor Ramón Falcón, el Subcomisario José Salinas (fallecido) y el Comisario Alfredo Godoy Billardi (fallecido).

A partir de ese momento comienzan las tratativas entre los efectivos de procedimiento y su superior directo, el subcomisario Felipe Gerardo Machuca, las que concluyeron con el traslado de Garrido y Baigorria a la Seccional 5ª primero, y luego a esa Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza, donde fueron alojados ilegalmente, sin que se registrara su detención.

Allí, según testigos, Garrido y Baigorria habrían sido sometidos a torturas. Durante las horas en que se sabe que estuvieron alojados en la Dirección de Investigaciones, se encontraban de turno y cumpliendo funciones los siguientes agentes policiales: Manuel Antonio Nañez, Santos José Agüero, Pitaro, Cano, Sergio Oscar Barrera Romero, Nievas, Francisco Edgardo Bullones, José Alberto Vega, Samuel Morales Valladares, Palacios, Alberto Narciso Gordillo, Rolando Antonio Olarte Rivera, Jacinto Salvador Olmedo y Juan Carlos Sarandon.

El fiscal Dante Vega lideró la acusación contra el condenado exjuez federal Walter Bento

El fiscal Dante Vega lideró la acusación contra el condenado exjuez federal Walter Bento

Una vez alojados en los calabozos de Investigaciones, Garrido y Baigorria habrían sido sometidos a actos de torturas y vejaciones de todo tipo, en momentos diferentes y por el personal de Investigaciones que se encontraba de servicio.

Según consta en el libro de novedades en ese la lapso de tiempo trabajaron el oficial Francisco Edgardo Bullones, un policía apodado “Patalín” (sobre el que no se tienen más datos que su color de cabello pelirrojo y que tenía barba y bigotes); los agentes Palacio (sobre el que no se tienen más datos) y José Alberto Vega; el oficial inspector Alberto Narciso Gordillo; el comisario Rolando Antonio Olarte Rivera; y el comisario inspector Juan Carlos Sarandon.

Los calabozos de la Dirección Investigaciones de la Policía de Mendoza, fue el último lugar donde Garrido y Baigorria fueron vistos con vida, según los testimonios de otros detenidos, quienes reconocieron haberlos visto allí, golpeados.

Luego de tomar conocimiento de la detención de Garrido y Baigorria, sus familiares, junto a la abogada Mabel Osorio, se encargaron de recorrer dependencias judiciales y policiales, entre ellas la Comisaría 5ta, la Compañía Motorizada y la Dirección de Investigaciones, como así también Hospitales y Morgues, sin obtener respuesta alguna sobre el lugar de detención de ambas víctimas o sobre su paradero.

A partir de la interposición de la denuncia y del comienzo de la “investigación penal” (las comillas constan en el expediente), habrían tomado parte en la desaparición forzada Enrique Antonio Jesús Knoll Oberti, quien habría sido selectivo en las medidas de prueba efectuadas y habría permitido conformar comisiones policiales con los policías de la Dirección de Investigaciones que estaban sospechados (Geminian, Francisco Edgardo Bullones, Pereyra).

Además, habría convalidado allanamientos a la denunciante, familiares y amigos de las víctimas; habría sido selectivo en cuanto a las testimoniales que se tomaron, permitiendo incluso que muchas fueran tomadas bajo amedrentamiento de los testigos.

También habrían participado de la “investigación” el Comisario Mayor Jacinto Salvador Olmedo, el Subcomisario Santos José Agüero, el Principal Rolando Geminian (fallecido) y el Inspector Pedro Pereyra (fallecido), todos miembros de la comisión policial creada por el juez Knoll.

En tanto que el oficial Francisco Edgardo Bullones, el oficial Ángel Gustavo Bastías, el subinspector Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, y el Comisario Gral. Subjefe de Policías, Norberto Mercado, llevaron adelante la investigación del caso, planteando, presuntamente, hipótesis falsas cuando realmente conocían el paradero de las víctimas.

La investigación inicial

La causa tramitó en sus inicios en el fuero provincial hasta que pasó a la órbita federal a fines de 2017 para que se investigara el caso como desaparición forzada de personas.

Una vez asumida la competencia, el juez federal Garnica delegó la investigación el 9 de febrero de 2018 en el Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Alcaraz.

Con la investigación a su cargo, la fiscalía federal realizó un análisis pormenorizado de la causa y de la documentación existente para elaborar una hipótesis acusatoria que permitiera definir líneas de trabajo determinadas.

La jueza de San Luis Gretel Diamante (centro) será una de la integrantes del tribunal del caso Garrrido Baigorria. Fue la que condenó al exjuez Walter Bento Floto: Los andes

La jueza de San Luis Gretel Diamante (centro) será una de la integrantes del tribunal del caso Garrrido Baigorria. Fue la que condenó al exjuez Walter Bento Floto: Los andes

En ese marco llevó a cabo diversas medidas: en primer lugar, tomó contacto con los familiares de las víctimas y dispuso una audiencia para informarles que la causa había pasado al fuero federal y los motivos de ese cambio de radicación. De conformidad con lo establecido por la Ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, la fiscalía dio intervención a las profesionales de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Malena Derdoy, quienes llevaron a cabo más de 270 intervenciones.

La fiscalía analizó también la totalidad de la documentación incorporada en la causa, entre la que destacan los libros de novedades de la época de las distintas dependencias policiales que habrían intervenido en los hechos investigados, además del expediente que tramitó en el fuero provincial por “averiguación de paradero”.

Analizó asimismo más de 150 declaraciones testimoniales brindadas tanto en el juzgado provincial como las vertidas en el marco de la actuación de la Comisión Ad hoc de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intervino en 1996.

De esa forma, identificó aproximadamente 40 declaraciones de relevancia y, en función de ello, dispuso citar nuevamente a esos testigos a fin de que ratifiquen, rectifiquen y/o amplíen lo que habían declarado oportunamente. Producto del paso del tiempo resultó dificultoso ubicar a muchos de ellos.

La causa tiene trascendencia internacional para el Estado argentino, ya que fue el primer caso de desaparición forzada perpetrado tras la restauración democrática que arribó a un tribunal internacional. En efecto, el 2 de febrero de 1996 la Corte IDH falló de forma unánime y tomó nota del reconocimiento del Estado de su responsabilidad en los hechos denunciados. Desde entonces, el tribunal realiza un seguimiento en el marco de la supervisión de sentencias, dado que no se había investigado a los responsables de las desapariciones ni tampoco se han hallado los cuerpos o restos de Garrido y Baigorria. El Ministerio de Seguridad de la nación ofrece recompensas de 5 millones de pesos para quienes puedan aportar datos para hallar a Garrido y Baigorria.

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