27 de septiembre de 2017 - 00:00

Garrido y Baigorria: reclamo internacional

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, criticó al fiscal que sigue el caso que lleva 27 años si resultados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamó una vez más al Estado argentino por la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurrida en abril de 1990, luego de la detención por parte de agentes de la Policía de Mendoza, situación que "implica -según dice el comunicado- la violación en su perjuicio de, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, y que también configuran violaciones a los derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de las víctimas y sus familiares".

En el informe del organismo con sede en Washington (EEUU) se reconoce que, pese al esfuerzo puesto por la Provincia de Mendoza, fue imposible encontrar a los posibles herederos de las víctimas (se habló de dos hijos extramatrimoniales de Baigorria), para lo cual ya estaba depositado un importe indemnizatorio, cercano a los 150 mil dólares, pero también reitera la necesidad de que el Gobierno argentino "investigue de verdad" lo que pasó con las dos personas.

"Ya han pasado más de 27 años desde la desaparición y desde 2009, el caso continúa en "etapa de investigación, a pesar de que hace ocho años pasó a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos", indica el documento.
Policías que investigan a colegas

El informe también recuerda que "no se sabe por qué el fiscal a cargo nombró una comisión policial para investigar la causa en la que estarían involucrados efectivos de la policía".

Tras esto remarca que "la falta de investigación durante tan largo período sigue configurando una negación de justicia y una violación del derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas del presente caso".

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió mantener la investigación sobre los hechos que condujeron a la desaparición de Garrido y Baigorria y someter a proceso y sancionar a los autores, cómplices y encubridores", imponiendo como fecha tope el 15 de diciembre para que el Estado presente un informe sobre lo actuado "para dar cumplimiento" con lo ordenado por el organismo internacional.

Este reclamo, uno más en todo el historial de este caso paradigmático, llega en el momento en que la organización Xumek solicitó que el expediente pasara al fuero federal y cambiara de "averiguación paradero" a "desaparición forzada"

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