Los abogados de Fernando Roldán y de la empresa Vargas dieron su versión después de la repercusión que tuvo la denuncia por los $17,5 millones en papel higiénico. También anticiparon denuncias por calumnias e injurias y una demanda civil por daños.
El ex Gran Hermano Brian Lanzelotta denunció que sufrió una estafa millonaria en Mendoza
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Captura de video / TNLa investigación por la presunta estafa denunciada por el ex Gran Hermano Brian Lanzelotta, que llegó hasta Palmira y derivó en allanamientos, secuestro de mercadería y documentación, sumó ahora una nueva instancia: las personas que quedaron expuestas públicamente a partir del caso salieron a dar su versión y anunciaron acciones judiciales contra el cantante.
La denuncia de Lanzelotta, por una operación comercial que habría generado un perjuicio de aproximadamente $17,5 millones, llevó a investigadores a un depósito de Palmira, donde fueron encontrados bolsones y paquetes de papel higiénico que serían parte de la mercadería buscada. También se secuestraron remitos, documentación relacionada con el flete y teléfonos celulares. En uno de los domicilios, además, fueron hallados dos revólveres y cinco cartuchos, situación que dio origen a una investigación paralela por la tenencia de armas.
La nueva versión fue presentada por los abogados de Fernando Roldán y del Depósito Vargas, junto al propio Roldán, quien aseguró ser empleado y chofer de Depósito Vargas.
El planteo central de la defensa es concreto: una cosa es la investigación por la presunta estafa denunciada por Lanzelotta y otra, sostienen, es responsabilizar públicamente a quienes posteriormente adquirieron la mercadería.
“Una cosa es que una persona manifieste haber sido víctima de una estafa por una suma de dinero determinada. En este caso, el señor Lanzelotta tiene todo el derecho de denunciarlo y de aportar las pruebas que considera. Pero otra cosa, completamente distinta, es señalar públicamente a una persona que adquirió posteriormente esa mercadería y presentarla como responsable de aquella estafa”, sostuvo uno de los abogados durante el video difundido para fijar posición.
Fernando Roldán aseguró que trabaja como empleado y chofer de Depósito Vargas y que fue quien recibió una carga de papel higiénico.
Según explicó, posteriormente publicó la mercadería en TikTok, como parte de una práctica comercial habitual.
“Soy empleado y chofer de Depósito Vargas. El domingo pasado recibí una carga de papel higiénico, a la cual publiqué en TikTok, como hago siempre, por medio de venta”, relató.
De acuerdo con su versión, después de esa publicación recibió mensajes de Brian Lanzelotta, quien le habría reclamado la devolución de la mercadería y lo habría amenazado.
Roldán aseguró además que su número telefónico habría sido obtenido y utilizado para contactarlo a través de distintos canales.
“Ryan no me ha conseguido mi número a través de medio, y me publica a través de TikTok, WhatsApp, Instagram, amenazándome”, sostuvo. La referencia a “Ryan” corresponde a un error evidente de la transcripción automática y debe entenderse como Brian Lanzelotta.
Roldán afirmó que, ante esa situación, se realizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Fiscal.
Los abogados sostienen que existen registros de las comunicaciones y publicaciones que consideran agravantes y que esos elementos fueron documentados mediante escribanía.
Uno de los puntos centrales del descargo es el origen de la mercadería.
La defensa sostiene que Vargas y Roldán no participaron de la operación que, según Lanzelotta, habría sido fraudulenta, sino que recibieron posteriormente los productos y los incorporaron a una operación comercial que consideran legítima.
Esa diferencia es fundamental para la estrategia jurídica anunciada.
“Si hubiésemos robado o estafado a alguna persona, no hubiese hecho públicamente mi video en TikTok”, afirmó Roldán, al explicar por qué publicó la mercadería en redes sociales.
La defensa sostiene que esa conducta es incompatible con la hipótesis de que sus clientes hubieran actuado deliberadamente para ocultar o colocar mercadería proveniente de una maniobra ilícita.
De todos modos, este punto forma parte de la versión de los involucrados y deberá ser contrastado con la documentación incorporada a la causa.
La investigación deberá determinar cómo se realizó la operación original, quiénes intervinieron, qué documentación acompañó el traslado, quién recibió la mercadería y en qué momento ingresó al circuito comercial que terminó siendo detectado en Palmira.
Los abogados también cuestionaron el modo en que el caso tomó estado público.
Según explicaron, los nombres de sus clientes, sus domicilios, el lugar de trabajo y otros datos personales fueron difundidos en redes sociales, algo que consideran una afectación directa de su honor.
“En relación con el señor Vargas, tanto su nombre, el de su esposa, su lugar de trabajo, su dirección, su domicilio, fueron publicados por el señor Lanzelotta, sometiéndolos al examen público”, sostuvo uno de los letrados.
A partir de esa situación, anticiparon el inicio de acciones en los fueros penal y civil.
El objetivo, según expresaron, será que Lanzelotta se retracte públicamente por los mismos medios en los que se difundieron las acusaciones y que se repare el daño que, según la defensa, ya se habría producido.
“Estas injurias y estos agravios y estas calumnias han sido registradas por nuestras escribanas”, afirmaron.
La estrategia anunciada contempla una acción penal privada por calumnias e injurias y una acción civil por daños y perjuicios.
Otro de los puntos que los abogados buscaron corregir es la información difundida respecto de la situación procesal de Vargas después de los allanamientos.
La defensa negó que Vargas haya sido detenido por la presunta estafa denunciada por Lanzelotta.
Según explicaron, la aprehensión se produjo a partir del hallazgo de armas durante el procedimiento realizado en Palmira.
Los investigadores habían informado que durante uno de los allanamientos fueron encontrados dos revólveres y cinco cartuchos de distintos calibres. Las armas fueron secuestradas y un hombre quedó a disposición de la Justicia mendocina por esa situación.
Los abogados sostienen ahora que Vargas contaba con documentación correspondiente para la tenencia de armas y que una o dos de ellas no se encontraban registradas.
“Esta es la situación por la cual se genera un expediente penal, pero al no poseer antecedentes judiciales, recupera inmediatamente la libertad de la aprehensión”, explicaron.
Este punto también deberá ser determinado por la investigación judicial correspondiente.
El caso tiene, de esta manera, dos líneas diferentes que se desarrollan a partir de un mismo procedimiento.
Por un lado, continúa la investigación por la presunta estafa denunciada por Lanzelotta, que comenzó en la provincia de Buenos Aires y permitió reconstruir parte del recorrido de la mercadería hasta Mendoza. Lanzelotta había señalado que recibió información sobre los productos a través de personas que los identificaron en redes sociales.
Por otro lado, la Justicia mendocina interviene a partir del hallazgo de las armas durante el allanamiento.
A estas dos líneas se suma ahora una tercera instancia: las acciones que los abogados de Roldán y Vargas aseguran que iniciarán contra Lanzelotta por las acusaciones y la exposición pública de sus clientes.
El caso, que comenzó con una denuncia pública por una operación comercial de $17,5 millones, quedó así atravesado por versiones contrapuestas.
Lanzelotta sostiene que fue víctima de una maniobra mediante la cual entregó una importante cantidad de papel higiénico sin recibir el pago acordado. Según contó, la operación implicó 3.200 bolsones y una transferencia de $17,5 millones que nunca llegó a acreditarse.
La investigación permitió localizar parte de la mercadería en Mendoza y derivó en allanamientos en Palmira, donde se encontraron productos, remitos, documentación y teléfonos que ahora forman parte de la causa.
La nueva versión introduce una diferencia sustancial: quienes aparecen vinculados al destino posterior de la mercadería aseguran que no participaron de la presunta estafa y que la adquisición de los productos fue legal.
Será la Justicia la que deberá establecer cuál de las reconstrucciones coincide con la documentación y con el resto de las pruebas.
Mientras tanto, el conflicto dejó de ser exclusivamente una investigación por una presunta estafa. También se convirtió en una disputa judicial por la exposición pública de quienes quedaron involucrados a partir del recorrido de la mercadería.
Los abogados de Roldán y Vargas ya adelantaron cuál será su próximo paso: pedir una retractación pública y avanzar con acciones penales y civiles por las acusaciones que consideran falsas y por el perjuicio que, aseguran, provocaron.
