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El gobierno español de Mariano Rajoy aprobó hoy un decreto ley para suspender los desalojos, pero la oposición se quejó de que la medida, que aún debe pasar por el Congreso, deja afuera a mucha gente, no modifica las leyes que regulan los desahucios ni es retroactiva.
El Consejo de Ministros (reunión de gabinete) dijo en un comunicado que dio luz verde a una "primera fase de medidas de protección de deudores hipotecarios" para paliar la situación de las personas afectadas por los desalojos.
Por una parte, se fijaron las condiciones bajo las cuales los desalojos serán paralizados durante dos años en su fase final.
Podrán beneficiarse con estas medidas "los colectivos más vulnerables", que el Gobierno catalogó como aquellos que no superen en 3 veces (1.597 euros) el nivel de renta de 532 euros al mes, y cuya cuota hipotecaria sobrepase el 50% de los ingresos netos.
Además deberán cumplir alguna de estos requisitos, familias numerosas o con menores de 3 años de edad; unidades mono parentales con al menos dos hijos menores a su cargo (separados ó divorciados); con personas que por enfermedad estén incapacitadas para trabajar o con discapacidad mayor al 33%; en supuestos de violencia de género que estén desempleados y hayan agotado el acceso a las prestaciones.
Estas personas "van a continuar en su casa sin costo alguno durante dos años", señaló el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien catalogó a esta medida como "un alivio muy importante".
Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se creará un fondo social de viviendas destinado al alquiler, "a precios bajos, muy razonables para personas que no tengan vivienda".
No son medidas retroactivas, es decir, los que ya hayan perdido su casa, aunque cumplan los requisitos antes expuestos, no la recuperarán, lo que sí podrán hacer, según explicó la número dos del Gobierno, es acogerse a una de las viviendas de bajo alquiler.
En este sentido De Guindos detalló que las mismas estarán compuestas por "viviendas que ahora están en posesión de los bancos".
Santamaría explicó que estas son las medidas "más urgentes, más inmediatas, que hay que poner en marcha ya", y que este decreto ley "pasará a las cortes generales (Parlamento), a un proceso de diálogo y negociación política en la que esperamos aportaciones de todos los grupos".
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la principal fuerza opositora, negoció tres días con técnicos del gobierno sin poder alcanzar un acuerdo respecto a las medidas sobre los desalojos, y aunque hoy dijo que aún mantiene diferencias con el gobierno, adelantó que tendrá un actitud constructiva.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubcalcaba, reunió a los diputados de su partido y les explicó que entre esas "diferencias importantes" figuran una moratoria que incluya a más familias y una reforma de la Ley Hipotecaria, algo que rechaza la autoridad monetaria europea, informó la agencia de noticias Europa Press.
Partidos opositores más pequeños reclamaron que la medida sea retroactiva, inmediata y que las hipotecas se reconviertan en alquileres sociales.
"A quienes están desahuciando, no pueden pagar una hipoteca tan abusiva como tienen. Necesitan un alquiler social", dijo el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara.
Sobre la advertencia de Bruselas de que "cualquier regulación que afecte al sector financiero debe ser consultada" al equipo técnico de la Comisión y el Banco Central Europeo, De Guindos explicó que "lo que se incluye hoy no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria".
Y agregó que "siempre estamos en contacto con las instituciones comunitarias. No hay ninguna modificación a la ley hipotecaria".
