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El Papa Francisco creó ayer un comité supervisor financiero para la Santa Sede y el Estado del Vaticano, dentro de un paquete de medidas tendientes a prevenir y luchar contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta nueva batería de reformas sobre la economía y las finanzas vaticanas -muy cuestionadas sobre todo por el papel de su banco, el Instituto para las Obras de Religión (IOR)- buscan reforzar la vigilancia y crear la "vigilancia prudencial", confiadas a la Autoridad de Información Financiera (AIF).
El Pontífice argentino aprobó ayer un "Motu Proprio" (documento papal) que da continuidad al aprobado por su predecesor, el Papa Benedicto XVI, el 30 de diciembre de 2010.
"Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuar aún más el orden institucional para la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva", explicó Francisco en el documento papal.
Entre las medidas figura la constitución del Comité de Seguridad Financiera, que coordinará a las autoridades competentes de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano en estas cuestiones y que estará presidido por el asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, Bryan Peter Wells.
Formarán parte de ese comité, entre otros, el subsecretario para las Relaciones con los Estados, Antoine Camilleri; el secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, el español Lucio Ángel Vallejo Balda y el director de la AIF, René Bruelhart.
Según sus estatutos, este comité puede exigir información a los entes y organismos dependientes de la Santa Sede y el Vaticano, identificar medidas necesarias para la gestión y la contención de los riesgos de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, así como regular la actualización de esas medidas.
Las reuniones del comité se celebrarán, por lo general, cada cuatro meses, más allá de otros encuentros de tipo extraordinario, y en ellas podrán participar, además, expertos y técnicos de las materias que se aborden.
Con este documento papal, la Santa Sede "refuerza" además la función de vigilancia y regulación de la AIF.
Con esta iniciativa, de cuya ejecución será responsable también la AIF, el Vaticano responde a una recomendación hecha por la comisión Moneyval del Consejo de Europa, que reconoció que la Santa Sede recorrió un "largo camino en muy poco tiempo" en la lucha contra el blanqueo de capitales.
"La promoción del desarrollo humano integral sobre el plano material y moral requiere de una profunda reflexión sobre la vocación de los sectores económicos y financieros y sobre su correspondencia como fin último de la realización del bien común", afirmó el Pontífice argentino.
"Por este motivo -prosigue- la Santa Sede, en conformidad con su naturaleza y misión, participa en los esfuerzos de la comunidad internacional destinados a la protección y la promoción de la integridad, estabilidad y transparencia de los sectores económicos y financieros y a la prevención y a la lucha contra las actividades delictivas".
Entre las medidas aprobadas por Francisco figura también la extensión de la aplicación de las leyes vaticanas en esta materia a los dicasterios de la Curia Romana y a otros organismos y entes dependientes de la Santa Sede, así como a las organizaciones sin ánimo de lucro que tengan entidad jurídica canónica y sede en el Estado del Vaticano.
Este último asunto se suma a la creación por parte de Francisco, el pasado abril, de un grupo de ocho cardenales para que le aconsejen en el Gobierno de la Iglesia y estudien una revisión de la Curia Romana, tras los casos de curas pederastas y el escándalo Vatileaks, que desveló luchas internas y supuestos casos de corrupción.
Este pasado julio el Papa Francisco, elegido Pontífice en marzo de este año, creó la comisión para las reformas de la estructura económica administrativa de la Santa Sede y en junio, otra de investigación para la reforma del IOR.
