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A sus 48 años, el mensajero y trabajador de limpieza Fabián Garzón consiguió lo que siempre había soñado: un departamento propio que está pagando con un crédito hipotecario estatal de 24.000 dólares. Su salario aumentó a más del doble en cuatro años, de 200 dólares a 450 al mes, y se regularizó el pago de sus aportes al seguro social, bonificaciones y vacaciones, previstas por la ley.
El crédito le fue otorgado a través de una institución creada por el gobierno de Rafael Correa (2007-2013), que redujo tasas de interés en cuatro puntos porcentuales, flexibilizó los requisitos de aprobación y amplió los plazos de pago de los créditos.
Al igual que Fabián, miles de ecuatorianos defienden férreamente el legado que el mandatario ha construido en seis años como beneficiarios de becas para estudios en el exterior, subvenciones a casi dos millones de madres solteras, ancianos y familias pobres que reciben unos 50 dólares mensuales, uniformes y útiles gratis para estudiantes y atención médica y medicinas sin costo en hospitales públicos.
Pero la inversión pública, que ha aumentado en más de un 80% en los últimos cuatro años, ha tenido un costo: un enorme crecimiento del Estado que no es sustentable en el largo plazo. “Hay un comportamiento del nuevo rico, se distribuye y así se impacta”, dijo el catedrático e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Jorge León.
En un informe de diciembre del año pasado, la organización no gubernamental Observatorio de la Política Fiscal dice que desde 2007, cuando Correa llegó al poder, la burocracia estatal creció de 16.000 a 90.000 empleados. Actualmente, el estado ecuatoriano tiene dos secretarías nacionales, 28 ministerios y siete secretarías de Estado.
Para sus seguidores, Correa ha construido un país de “esperanza” con una política de inversión social con tono redentor “en un país que había perdido la ruta por la inestabilidad. Poco a poco construyó la imagen de una persona (Correa) que estaba ahí para salvar”, dijo León.
