La administración nacional de Mauricio Macri decidió obligar desde hoy a los organismos, empresas públicas y fideicomisos estatales a comprar deuda en default, sujeta al proyecto de ley de reperfilamiento que espera su tratamiento en el Congreso.
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La administración nacional de Mauricio Macri decidió obligar desde hoy a los organismos, empresas públicas y fideicomisos estatales a comprar deuda en default, sujeta al proyecto de ley de reperfilamiento que espera su tratamiento en el Congreso.
Se trata de una decisión tomada por el presidente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Fue plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 688 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Acompaña con su firma el resto del gabinete.
La medida dispuso que los organismos sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas a un plazo que no exceda los 180 días por el Tesoro Nacional, al menos hasta el 30 de abril de 2020.
Según consideró Macri, "una de las necesidades más urgentes es la de asegurar el mantenimiento del financiamiento fiscal a corto plazo", por lo que se usarán recursos públicos de organismos descentralizados, incluso de la Anses.
Mientras, dice el DNU, se esperarán los efectos de las demás medidas implementadas por el Gobierno y el Banco Central para "recuperar el acceso a medios de financiamiento que en este momento no resultan accesibles a costos razonables".
En el artículo nueve, el DNU aclara que las letras por 35.000 millones de pesos y por 275 millones de dólares colocadas compulsivamente a la Anses el 16 de septiembre quedarán encuadradas en esta decisión.
Quedaron así afectadas todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones.
Según precisa el texto oficial, esto afecta desde este mismo lunes a la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios y los fondos o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos. Sólo quedaron exceptuados los bancos públicos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
