Hay algo que quienes tenemos una PyME conocemos perfectamente: detrás de cada empresa hay mucho más que números, balances y obligaciones impositivas.
aMendoza necesita una amplia política PyME que llegue antes de la crisis. Necesitamos abordar las dificultades de financiamiento, la caída de ventas, los costos productivos, la competitividad, la incorporación de tecnología y el acceso a nuevos mercados. Necesitamos que las grandes inversiones generen oportunidades concretas para las empresas mendocinas: metalmecánicas, industriales, comerciales, logísticas, constructoras y prestadoras de servicios.
Hay algo que quienes tenemos una PyME conocemos perfectamente: detrás de cada empresa hay mucho más que números, balances y obligaciones impositivas.
Hay trabajadores, proveedores, familias, compromisos que vencen todos los meses y decisiones que deben tomarse incluso cuando las condiciones económicas son cada vez más difíciles.
Lo sé porque, además de ser diputada provincial, soy empresaria PyME.
Por eso considero importante que la Cámara de Diputados de Mendoza haya dado hoy media sanción a un proyecto de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa contempla la suspensión temporal de embargos e inhibiciones, planes de pago de hasta 18 cuotas, compensación de determinados saldos a favor de Ingresos Brutos y medidas sobre multas e intereses.
Son herramientas de urgente necesidad que pueden ayudar a muchas empresas a ordenar sus obligaciones y atravesar una situación financiera compleja como la que se está viviendo hoy por hoy.
Pero la aprobación de medidas de alivio no debe hacernos perder de vista una pregunta más profunda: ¿por qué esperamos a que una empresa esté endeudada, embargada o cerca de cerrar para empezar a ayudarla?
Una discusión que comenzamos hace más de dos años
Desde 2024 venimos presentando iniciativas destinadas a sostener a las MiPyMEs mendocinas.
En mayo de ese año presenté el expediente E-85108, que planteaba la emergencia económica y productiva de las pequeñas y medianas empresas e incluía disposiciones sobre ejecuciones fiscales y facilidades de pago.
En septiembre de 2024 impulsamos, junto con otros legisladores, el expediente E-85808, que contemplaba beneficios para las MiPyMEs, entre ellos medidas vinculadas con multas e intereses tributarios.
También propusimos instrumentos de financiamiento productivo y planes de pago para servicios esenciales.
Y durante 2026 ampliamos esa agenda con el expediente E-88362, de sostenimiento y recuperación de unidades productivas agropecuarias.
Ese proyecto propone regularizar deudas sin destruir la capacidad productiva de quienes deben pagarlas. Contempla planes de hasta 60 cuotas para micro y pequeños productores, períodos de gracia, reducción diferenciada de intereses y mecanismos para revisar medidas cautelares respetando las competencias judiciales.
Durante el tratamiento parlamentario de hoy se acumularon también iniciativas de nuestro trabajo legislativo al debate sobre alivio fiscal.
Es importante reconocerlo.
Pero también es importante explicar que la acumulación de un expediente no significa que todas sus propuestas hayan sido incorporadas al texto aprobado.
Y justamente allí está la discusión que debemos continuar.
Aliviar una deuda no es lo mismo que recuperar una empresa
El texto que obtuvo media sanción establece medidas transitorias.
Eso puede ser útil, pero no todas las actividades tienen los mismos ciclos económicos ni idéntica capacidad de pago.
Una explotación agropecuaria puede necesitar financiar durante meses su producción antes de obtener ingresos. Una industria puede enfrentar una caída prolongada de pedidos. Un comercio puede tener dificultades para reponer mercadería mientras sostiene salarios, alquileres e impuestos.
Por eso no podemos suponer que un mismo plazo de regularización será suficiente para todas las empresas.
Tampoco podemos ignorar qué sucede con las medidas judiciales ya trabadas, cómo se recupera la disponibilidad de recursos inmovilizados o qué instrumentos pueden evitar que una empresa vuelva a endeudarse apenas termine el período de alivio.
La discusión sobre los saldos fiscales a favor también merece profundizarse. El proyecto aprobado permite determinadas compensaciones, pero persiste la necesidad de evaluar mecanismos más amplios y permanentes, con controles adecuados.
Y las observaciones presentadas por la Asociación de Viñateros de Mendoza muestran que existen preocupaciones productivas concretas sobre los plazos del régimen, las medidas cautelares, los saldos acumulados y la aplicación del SIRCREB.
No todas las soluciones propuestas pueden incorporarse sin un análisis jurídico y fiscal. Pero todas merecen ser examinadas seriamente.
El Estado tiene derecho a cobrar impuestos. Lo que no debería hacer es comprometer innecesariamente la continuidad de una actividad económica viable a través de sus propios mecanismos de cobro.
Una empresa que desaparece no solamente deja de tributar. También deja de generar empleo, comprar a sus proveedores, invertir y sostener la economía de su comunidad.
Mendoza necesita una política PyME que llegue antes de la crisis
La discusión que tenemos por delante es más amplia que los embargos.
Necesitamos abordar las dificultades de financiamiento, la caída de ventas, los costos productivos, la competitividad, la incorporación de tecnología y el acceso a nuevos mercados.
Necesitamos que las grandes inversiones generen oportunidades concretas para las empresas mendocinas: metalmecánicas, industriales, comerciales, logísticas, constructoras y prestadoras de servicios.
Y necesitamos especialmente desarrollar mecanismos de prevención.
He venido planteando la conveniencia de avanzar hacia un sistema de alerta temprana y recuperación empresarial, que permita identificar dificultades cuando todavía existe capacidad de intervención.
No significa crear otra estructura burocrática ni subsidiar indiscriminadamente empresas.
Significa coordinar los instrumentos existentes, evaluar la viabilidad de cada unidad productiva, facilitar asistencia técnica y financiera y prevenir la pérdida de capacidades productivas que después resultan muy difíciles de reconstruir.
La experiencia argentina demuestra que, frente a circunstancias extraordinarias, es posible instrumentar políticas temporales y focalizadas para preservar empresas y empleo.
No se trata de reproducir mecánicamente herramientas de otras crisis. Se trata de aprender de ellas.
La media sanción es un avance. La agenda PyME debe continuar.
Valoro que distintos espacios legislativos hayan contribuido al tratamiento de estas medidas.
No creo que el alivio fiscal deba convertirse en una disputa por la propiedad de las ideas.
Pero sí creo que debemos reconocer el trabajo realizado, considerar los antecedentes presentados durante años y distinguir claramente aquello que se incorporó de lo que todavía necesita respuesta.
Hoy la Cámara de Diputados dio un paso. El proyecto deberá continuar su trámite en el Senado.
Mientras tanto, quedan desafíos que una medida transitoria no resuelve por sí sola.
Por eso vamos a seguir trabajando sobre las propuestas que no fueron incorporadas, actualizándolas y convirtiéndolas en nuevas iniciativas cuando corresponda.
Como empresaria PyME, conozco el esfuerzo cotidiano que significa mantener una actividad.
Como diputada, estoy convencida de que nuestra responsabilidad es construir soluciones antes de que los problemas se vuelvan irreversibles.
Y como mendocina, creo que el futuro productivo de nuestra provincia no depende solamente de las inversiones que puedan llegar.
Depende también de nuestra capacidad para cuidar y fortalecer las empresas que ya existen.
Suspender un embargo puede dar tiempo. Recuperar una empresa exige mucho más.
Ese es el desafío pendiente.
Y ese es el compromiso legislativo que vamos a seguir sosteniendo.
* La autora es diputada provincial de Mendoza — Frente Renovador.