De cara al año electoral, la política económica enfrenta un desafío que condensa buena parte de sus dificultades actuales, el de reactivar una economía que no termina de encontrar una senda de recuperación. El nivel de actividad no levanta cabeza, ya que se encuentra estancado o en leve declive, y el tercer trimestre probablemente cierre en recesión. La dinámica reproduce un patrón que se ha vuelto el rasgo distintivo de esta etapa, con el agro, la energía y la minería creciendo con vigor pero sin lograr trasladar ese impulso al resto del entramado productivo, mientras la industria, el comercio y la construcción, que tienen una capacidad mucho mayor de transmisión sobre el empleo, el consumo y el mercado interno, continúan en retroceso.
Esa desconexión entre los sectores dinámicos y el conjunto de la economía es el núcleo del problema. Las actividades ligadas a los recursos naturales son intensivas en capital y generan enormes volúmenes de producción y divisas, pero emplean a relativamente pocas personas en comparación con una fábrica o un comercio. Por eso su expansión, siendo una excelente noticia para las exportaciones y las reservas, no alcanza por sí sola para dinamizar el mercado laboral ni para compensar los puestos que se pierden en las ramas más intensivas en mano de obra. El resultado es una recuperación que aparece en las estadísticas agregadas pero que no se percibe en la calle.
A ese cuadro se suma un factor cambiario que agrava la situación de los sectores más expuestos. La decisión de apoyar la desinflación en un tipo de cambio apreciado derivó en una creciente pérdida de competitividad que castiga a quienes compiten con las importaciones. Conviene desarmar aquí un argumento que suele invocarse para sostener que el nivel del dólar es adecuado, aquel que señala el superávit comercial récord como prueba de competitividad. Un análisis detenido de ese saldo revela que su mejora no responde a una pujanza exportadora genuina. En los primeros ocho meses del año, el superávit trepó de manera notable, pero cerca del 46% de esa mejora se explicó por una caída de las cantidades importadas, es decir, por una economía que compra menos al exterior porque no crece, y no por un verdadero salto de las exportaciones. Además, el crecimiento de las ventas externas se concentró en las materias primas, un rubro que depende de los precios internacionales y que dice poco sobre la competitividad cambiaria del resto de la economía.
El comportamiento de la inversión constituye quizás la señal más preocupante, porque compromete la capacidad de crecimiento futuro. La formación de capital cayó un 11,1% interanual en el segundo trimestre y descendió hasta representar apenas el 15,1% del producto, un nivel muy bajo tanto en la comparación histórica como frente a las economías de la región. Una economía que invierte tan poco difícilmente pueda sostener un proceso de crecimiento duradero, ya que la inversión de hoy es la que define la capacidad productiva y el empleo del mañana. Su debilidad actual, por lo tanto, no es solo un problema de coyuntura, sino una hipoteca sobre el desarrollo de los próximos años.
El correlato social de este estancamiento es directo. Los ingresos no terminan de recuperarse y el mercado laboral se deteriora, con un aumento tanto del desempleo como de la pobreza. Esa combinación de actividad frenada, salarios rezagados y empleo en retroceso configura un malestar que las encuestas vienen registrando con creciente nitidez, y que representa un riesgo evidente de cara a la contienda electoral.
Frente a este panorama, resulta aconsejable que se adopten algunas medidas proactivas para apuntalar la demanda doméstica y el nivel de actividad. Es importante despejar un malentendido en este punto, porque hacerlo no implica resignar el equilibrio fiscal ni mucho menos regresar al populismo que caracterizó a las administraciones anteriores. De lo que se trata es de amortiguar una transición que se está volviendo demasiado onerosa para amplios sectores de la economía, acompañando a quienes más sufren el costo del ajuste sin abandonar las anclas que sostienen la estabilidad.
En el plano económico, ninguna reforma estructural rinde plenamente sus frutos en una economía que no crece, de modo que reactivar la actividad es una condición para que las transformaciones en marcha muestren sus beneficios. En el plano político, una mejora de los ingresos y del consumo contribuiría a recomponer las expectativas y a aliviar el deterioro del humor social, reduciendo la incertidumbre sobre la continuidad del rumbo. Dicho de otro modo, apuntalar la actividad no es una concesión que ponga en riesgo el programa, sino una pieza necesaria para su propia sostenibilidad.
La conclusión es que el éxito de la estabilización alcanzada no está garantizado si no se traduce, en un plazo razonable, en una recuperación que la gente pueda percibir. El país logró ordenar sus cuentas y bajar la inflación, pero esos logros corren el riesgo de quedar opacados si la economía real no acompaña. El desafío de los próximos meses consiste, entonces, en encontrar el equilibrio entre preservar las conquistas macroeconómicas y dinamizar una actividad que lleva demasiado tiempo postergada. De esa combinación dependerá, en buena medida, no solo el resultado electoral, sino la continuidad misma de la transformación emprendida.
