La Corte Suprema de Justicia (CSJ) carece de instrumentos para hacer que el fallo "F.A.L." de 2012 sea de cumplimiento obligatorio en las provincias e impedir así que se reiteren casos como el de la niña tucumana Lucía de 11 años de edad.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) carece de instrumentos para hacer que el fallo "F.A.L." de 2012 sea de cumplimiento obligatorio en las provincias e impedir así que se reiteren casos como el de la niña tucumana Lucía de 11 años de edad.
Fuentes del máximo tribunal consultadas por este diario descartaron la posibilidad de que el tema pueda tratarse en una próxima reunión de acuerdo, como también que pueda haber un pronunciamiento público recordatorio de lo que decidió hace siete años con aquel fallo.
“Lo único que puede hacer la Corte es lo que hizo: aconsejó a todas las jurisdicciones provinciales, que son las que aplican el derecho penal, que hiciesen un protocolo de salud en el cual se previese cómo intervenir en situaciones similares al caso F.A.L.”, dijo una de esas fuentes.
Recordaron, que la Corte no puede obligar a las provincias a adoptar un protocolo sanitario como el que elaboró entonces el máximo tribunal. "Las provincias hacen lo que quieren. La Corte no las puede obligar a hacer algo diferente.
En segundo lugar, aclaró una de las fuentes, el aborto no es obligatorio a partir del pronunciamiento por el caso de 2012. "El fallo F.A.L. no dice que toda mujer violentada tiene que ser abortada. Quien sufre la violencia sexual y queda embarazada puede decir que la violentaron y que quiere abortar, ante lo cual tiene que hacérsele el aborto sin discusión alguna. Esto es lo que propone la Corte". Uno de los temas que incluye el protocolo que la Corte aconsejó adoptar es que los gobiernos provinciales deben implementar las medidas necesarias para que siempre haya un registro en los hospitales públicos de los médicos que no tienen objeción de conciencia. "No puede ser que porque en un hospital todos son objetores de conciencia el aborto no se haga. Y si no el Estado tiene que pagarle a un médico del servicio privado para que lo haga", puntualizaron.
Como "realmente penoso y lamentable" calificó el caso de la niña tucumana Lucía el abogado especializado en derecho constitucional Andrés Gil Domínguez.
"Necesariamente hay que hacer una denuncia penal contra los que obstaculizaron que una niña violada llegue al servicio de salud a las 19 semanas de embarazo y la atiendan a la semana 24, lo que le ocasionó, además, dos intentos de suicidio", advirtió Gil Domínguez ante una consulta de este diario. "Esto no es un aborto, es un parto inducido".
Según el especialista, cabe una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder. “Hay que aplicar la ley, nada más. Nuevamente se vuelve a victimizar a una víctima y todo por su condición social y económica; violada y discriminada por ser niña”.