Bolsonaro y antiguos ministros de su Gobierno se enfrentan a una posible pena de entre los 12 y los 40 años de prisión.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro asiste al Tribunal Supremo, el 10 de junio de 2025, en Brasilia (Brasil).
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EFELa Fiscalía General de Brasil solicitó este lunes la condena del expresidente Jair Bolsonaro y de siete de sus excolaboradores por su presunta participación en un plan para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022.
La acusación formal incluye los delitos de “organización criminal armada”, “tentativa de abolición del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, entre otros cargos. Bolsonaro y el resto de imputados se enfrentan a una posible pena que puede oscilar entre los 12 y los 40 años de prisión.
Según el comunicado del Ministerio Público, hay elementos que prueban la participación activa del exmandatario y su entorno en una estrategia para desconocer el resultado electoral y sostenerse en el poder por vías ilegítimas. “Comprobada la participación de las personas en los hechos, el fiscal general de la república reforzó que sean condenados”, indicó el texto oficial, que también hace referencia a daños a bienes públicos ocurridos en el proceso.
Bolsonaro, por su parte, niega todas las acusaciones y sostiene que es víctima de una “persecución política”. Ante la Corte, reconoció haber evaluado “un dispositivo constitucional” para impedir la asunción de Lula, pero aseguró que no llegó a ejecutarlo.
El caso será juzgado por el juez Alexandre de Moraes, miembro de la Corte Suprema, quien ya intervino en otras causas sensibles vinculadas al exmandatario. Moraes, además, está en la mira del gobierno de Estados Unidos, que lo cuestiona por sus fallos contra plataformas digitales norteamericanas y amenaza con aplicar sanciones.
El avance judicial en Brasil también tuvo un fuerte impacto internacional: el presidente estadounidense Donald Trump criticó duramente el juicio contra Bolsonaro, calificándolo de “cacería de brujas”, y anunció aranceles del 50% a las importaciones brasileñas a partir del 31 de agosto.
Ese día, una semana después de la investidura de Lula, miles de simpatizantes de ultraderecha vandalizaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para forzar una intervención de las Fuerzas Armadas que apartase del poder al dirigente progresista.
Así, el fiscal general concluye que los ocho acusados orquestaron acciones para garantizar su "permanencia autoritaria en el poder a través de tentativas de ruptura violenta del orden democrático".
