El acuerdo firmado por la abogada Beatriz Duro fija un contrato de ocho años con un alquiler que no superará el 30% de la jubilación de la anciana.
Foto:
Francesco Militello Mirto/NurPhoto/ShutterstockMaría del Carmen Abascal, la jubilada de 87 años desalojada en camilla de su departamento en Madrid tras residir allí más de siete décadas, logró un acuerdo para regresar a su hogar. La movilización ciudadana y la mediación legal frenaron el desahucio ejecutado por un fondo inversor en el barrio de Retiro.
La mujer habitaba el inmueble desde la década de 1950, cuando su padre firmó un contrato de renta antigua que posteriormente fue traspasado a ella. Sin embargo, la adquisición del edificio en 2018 por parte de la firma Urbagestión desencadenó un conflicto legal que derivó en un incremento desmedido del alquiler, elevando la cuota mensual a 1.650 euros, cifra inasumible frente a su pensión de 1.350 euros.
Aunque la normativa española contempla la subrogación de contratos antiguos en situaciones de vulnerabilidad o discapacidad acreditada del 65%, la anciana cuenta con un 50% de discapacidad reconocida, vacío legal que fue aprovechado para llevar a cabo el desalojo. El fallo del Tribunal Supremo autorizó el lanzamiento forzoso, otorgándole a Maricarmen apenas media hora para empaquetar sus pertenencias antes de ser trasladada en ambulancia por un cuadro de agotamiento.
El procedimiento provocó una respuesta social inmediata en las calles de la capital española, donde cerca de 10.000 manifestantes se congregaron para expresar su rechazo al desalojo. La presión ejercida en el distrito de Retiro y en la Puerta del Sol obligó a reabrir las conversaciones entre la representación legal de la jubilada, la empresa propietaria y el Ayuntamiento de Madrid.
Tras cuatro horas de negociación en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, las partes acordaron redactar un nuevo contrato de arrendamiento por ocho años. La abogada de la inquilina, Beatriz Duro, confirmó que la tarifa mensual quedará fijada en un 30% del ingreso de la pensionada, restableciendo un monto equivalente al valor inicial que pagaba antes del conflicto.
Al término de la reunión, la defensora legal calificó el pacto como un resultado propicio e instó a modificar el marco normativo sobre la vivienda. Duro declaró que fue una "situación que nadie debería tener que soportar" y manifestó que "ojalá esto ayude a cambiar el paradigma de la vivienda y se empiece a regular este derecho". Maricarmen firmará el documento en cuanto reciba el alta médica del centro asistencial.
