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“El 15 de noviembre nuestra decisión será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos”, anunció en Facebook el grupo opositor de debate político Archipiélago, organizador de la marcha. “Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo”, dijo la organización unas horas después de recibir la notificación que la marcha estaba prohibida y tras reunirse para tomar una decisión.
En una carta de respuesta a su pedido para realizar la manifestación el 15 de noviembre, el Gobierno había señalado que “los promotores” de ésta “así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”.
La marcha anunciada en La Habana, pero que será simultánea en otras provincias, “constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio del régimen” para Cuba, añade la respuesta que destaca el carácter constitucional e “irrevocable” del sistema socialista cubano. La misma respuesta se dio en otras seis provincias (Holguín, Cienfuegos, Pinar del Río, Las Tunas, Santa Clara y Guantánamo) donde se solicitó autorización para una manifestación “contra la violencia” y por el “cambio”.