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En octubre de 2011 -y de acuerdo a lo estipulado por ley provincial 6.879- se publicó por primera vez el listado de deudores alimentarios de Mendoza. En la primera planilla había 296 mendocinos individualizados que no cumplían con sus responsabilidades y obligaciones vinculadas a proveer los recursos necesarios a sus hijos (durante 3 meses consecutivos o 5 meses de forma intercalada); y sus nombres fueron "escrachados" en los medios impresos provinciales más importantes.
Además, y siempre de acuerdo a la ley provincial vigente, estas personas también ingresaron a una "lista negra" que les imposibilitaba a acceder a licencias o permisos; así como también a ser designadas en cargos públicos; siempre en la órbita provincial.
A casi 8 años de aquella primera publicación, el registro sigue vigente y el número de deudores supera actualmente las 1.200 personas (hay 1.237 exactamente). A priori, entonces, se puede deducir que en Mendoza la ley no cumplió con su objetivo inicial y que era el de contrarrestar el incumplimiento.
Con este contexto provincial, el senador nacional Julio Cobos impulsa en el Congreso un proyecto similar, aunque con alcance nacional. Esto permitiría eliminar algunas "trampas" o vericuetos a las que actualmente pueden recurrir los deudores mendocinos -por ejemplo-, quienes intentan gestionar licencias de conducir en otras provincias o abrir cuentas bancarias en sucursales fuera de Mendoza (de esta manera no figuran inhibidos).
"Con el avance de lo digital, ya no alcanza con la publicación del listado en los diarios. Aunque esto se va a mantener, la intención del proyecto es que en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (Rendam) estén los datos de todas las personas que no cumplan. Y los jueces van a tener que comunicar a todas las reparticiones públicas que otorguen licencias y entidades bancarias del país los datos de esas personas cuando se les soliciten", destacó Cobos a Los Andes.
El proyecto recibió media sanción por unanimidad en el Senado de la Nación, y ahora Diputados se apresta para tratarlo. Según destacó Cobos, los involucrados serán inscriptos en el registro nacional cuando deba más de 3 cuotas alimentarias consecutivas o 5 en forma interrumpida, intentando generar limitaciones para el desarrollo de la vida de los deudores alimentarios morosos.
"El registro en esa base de datos unificada en todo el territorio nacional, servirá para obstaculizar o frenar el curso de ciertos trámites o solicitudes que realicen. Por ejemplo, será necesario no estar en el Rendam para poder -entre otras acciones- abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro tipo de operaciones bancarias; realizar transferencias de inmuebles, trámites en los registros del automotor y créditos prendarios; sacar o renovar el pasaporte, licencias para conducir, solicitud de la matrícula profesional y el desempeño en cargos públicos, en cualquiera de los poderes del Estado", destacó el ex vicepresidente.
El proyecto estipula además que un juez pueda hasta impedir al moroso salir del país hasta tanto cumpla con sus obligaciones, entre otras medidas para garantizar que se cumpla con las sentencias. "Con estas acciones concretas atacamos el flagelo que el incumplimiento de la obligación alimentaria constituye", acotó Cobos.
Desde la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de Mendoza en tanto destacaron que mientras que en la actualidad el registro provincial cuenta con 1.237 integrantes, a fines de mayo había 1.208 pasado.
No sólo se ha registrado una suba en comparación entre estos dos meses, sino que también llama la atención de las autoridades judiciales la suba en comparación con los últimos años. Es que el promedio desde el comienzo se mantenía en 1.000 personas.
En esencia, el proyecto de ley impulsado en el Congreso de la Nación no difiere demasiado de la ley que está vigente en Mendoza desde 2011. Sin embargo, uno de los puntos débiles de la norma local es que es aplicable únicamente en la jurisdicción de Mendoza. De este modo, un deudor alimentario que se encuentre incluido en el registro provincial no puede abrir una cuenta bancaria o acceder a la licencia de conducir únicamente en Mendoza. "Tiene que ser nacional, porque siempre se buscan artilugios para sacar el carnet de conducir o abrir cuentas bancarias en otros lados. Al ser nacional, los datos estarán conectados en todo el país", se explayó Cobos.
