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El gobierno de México concedió la extradición del líder narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán a Estados Unidos y de inmediato la defensa del criminal anunció que combatirá la decisión en tribunales, lo cual podría demorar por meses la entrega del capo a las autoridades norteamericanas.
La Cancillería mexicana informó ayer en un comunicado que el gobierno estadounidense dio garantías de que el capo no enfrentará pena de muerte, una condición de México para extraditar a cualquiera de sus ciudadanos.
La defensa de Guzmán tiene aún 30 días para poder iniciar un juicio de amparo contra la extradición, algo que su abogado dijo que hará, aunque no especificó cuándo.
El propio Guzmán, considerado el líder del cártel de Sinaloa, fue notificado de la decisión de México en el penal en el norte de México donde permanece recluido.
El capo fue repentinamente transferido hace un par de semanas a una cárcel en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con EEUU, en un movimiento que el gobierno dijo tenía que ver con nuevas obras para fortalecer la seguridad en la prisión donde se encontraba, cerca de la capital mexicana.
Guzmán enfrenta dos procesos de extradición para ser procesado en Texas y California, por delitos que incluyen asociación para importar y distribuir cocaína y marihuana; posesión de armas, lavado de dinero y homicidio. La Cancillería señaló que consideró procedentes ambas solicitudes.
El “Chapo” fue detenido en enero de 2016. Casi 6 meses después se fugó del penal de máxima seguridad del Altiplano, en las afueras de la Ciudad de México, a través de un túnel de 1,5 km que llegaba hasta el sector de la ducha de su celda.
El “Chapo” ya se había fugado de otra prisión de máxima seguridad en 2001 y pasó más de una década como uno de los prófugos más buscados del mundo hasta su recaptura en 2014.
Tras su última detención, las autoridades lo recluyeron nuevamente en el penal del Altiplano y dijeron que habían reforzado la seguridad. Pero hace un par de semanas decidieron transferirlo a la prisión de Ciudad Juárez.
