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En los últimos tiempos, importantes fábricas de productos agroindustriales de Mendoza han pasado a manos de comercios mayoristas y/o minoristas, incluyendo las marcas con que dichos productos se comercializan. La pregunta a hacerse es: ¿Es bueno o es malo para Mendoza?
A lo largo del tiempo aprendimos que el aspecto financiero es el más importante entre los que determinan la situación que atravesarán en el año los productores agrícolas, las fábricas elaboradoras y por ende todos los proveedores de productos y servicios que están relacionados con la misma. En varias ciudades de Mendoza es hablar de la calidad de vida de mucha gente.
Una actividad estacional, que debe procesar y envasar en un corto lapso una producción destinada a un año entero (o más) de ventas y consumo. Es prácticamente imposible que un industrial posea todo ese capital, para aplicarlo en un par de meses y recuperarlo recién en un año. O que una entidad financiera se lo preste. En el caso del durazno en conserva, por ejemplo, donde en promedio se envasan anualmente 100 millones de latas, a un costo de $15 por unidad el volumen de capital necesario se eleva nada menos que a $ 1.500 millones. Hablamos de un solo producto, imaginen considerar la totalidad del universo agroindustrial que produce nuestra provincia, son varios miles de millones de pesos que no están al momento de la cosecha y el procesamiento y cuya disponibilidad determina la distribución posterior (muy injusta) de los ingresos en la cadena.
La práctica usual, perversa, es que el industrial negocie con los comercializadores, mayoristas y minoristas, los cuales a cambio de una orden de compra le fijan un precio (seguramente bajo) al producto terminado, que a su vez define un precio (más bajo) para la materia prima, determinando en ese momento la suerte que correrán en el año miles de operarios, productores, elaboradores y en general las familias rurales. Ordenes de compra que luego los bancos financian, con altas tasas de interés, completando una operación en la que algunos eslabones (financieros y comerciales) ganan fortunas, y los que más se sacrifican reciben ingresos de miseria.
No es difícil entonces de entender por qué hace 25 años el sector industrial representaba el 25% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza y actualmente sólo un 11% o 12%, aún cuando los volúmenes producidos sean iguales o mayores. Y que el sector comercial haya pasado en el mismo período del 15% al 30% del PBG. Sin caer en comunes simplificaciones, es innegable la transferencia de recursos que se ha producido en las últimas décadas desde los sectores primarios y secundarios hacia el comercio y las finanzas, en la mayoría de los casos basados en el abuso de la posición dominante de éstos últimos, ni más ni menos.
Ahora bien, volvamos al tema a que se refiere este análisis. Grandes operadores mayoristas adquieren las fábricas de productos agroindustriales y producen un acortamiento notable en la cadena productiva y comercial: productores primarios de un lado, ellos como industriales y comercializadores mayoristas y/o minoristas, y el consumidor final en el otro extremo.
Es decir que los que antes, aprovechando su tamaño y poder de comercialización, imponían duras condiciones a los industriales y de ahí a los productores primarios y sus familias, ahora negociarán directamente con productores por un lado y con consumidores por el otro.
¿Qué actitud tomarán a partir de ahora y como repercutirá esto en la economía mendocina en general y en el sector rural en particular, tanto productores como trabajadores y en general las ciudades productoras?
¿Aprovecharán su acrecentado poder de negociación para sacar todavía más ventajas, afectando negativamente al sector productivo? ¿Seguirán utilizando estos productos para, precios bajísimos mediante, atraer a los consumidores, con las previsibles pésimas consecuencias para el sector rural?
¿O, por el contrario, trasladarán parte de sus mayores beneficios a productores y trabajadores rurales vía mejores condiciones de compra? Si uno toma los comportamientos de las últimas décadas, apreciará que ésta es una pregunta bastante ingenua.
En mi opinión, el Estado (no sólo el Gobierno), debe tomar el toro por las astas, considerando la importancia que el tema tiene en la calidad de vida de cientos de miles de personas que se relacionan directa o indirectamente con la actividad rural y agroindustrial, y que en gran medida es determinado por un puñado de empresas.
Por un lado, promoviendo la articulación entre las poderosas empresas y el sector productivo, en acuerdos a largo plazo donde se proteja al eslabón más débil de la cadena, posibilitando precios e ingresos razonables que permitan la sustentabilidad, con buena calidad de vida, de productores y obreros rurales.
Pero por otro lado, a través de normas legales que no dejen librado este importante objetivo solamente a la buena o mala voluntad de las grandes empresas o a sus estrategias empresarias de maximización de ganancias, sino que equilibren las cadenas y tengan en cuenta que el interés general siempre está por encima de las ganancias y estrategias abusivas y dañinas de algunos particulares. Hace rato que llegó el momento de terminar con dichos abusos.
Es mucho lo que está en juego como para seguir mirando para otro lado.