El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, investigado por corrupción, lanzó una campaña para denunciar acoso judicial y mediático y pidió levantar el bloqueo a su designación ministerial, que lo libra a la justicia ordinaria.
Foto:
El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, investigado por corrupción, lanzó una campaña para denunciar acoso judicial y mediático y pidió levantar el bloqueo a su designación ministerial, que lo libra a la justicia ordinaria.
Los abogados de Lula y un grupo de juristas pidieron a la corte suprema dejar sin efecto el fallo que le impide asumir como nuevo jefe de gabinete del gobierno de izquierda de Dilma Rousseff, quien a su vez está a las puertas de un juicio de destitución en el Congreso.
“Lula no ha sido acusado de ningún crimen, incluso después de haber sido sometido en los últimos meses a una verdadera invasión (de su vida privada) y a intimidaciones”, afirmó en un comunicado el Instituto Lula.
En tanto un juez del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil se excusó ayer de resolver un hábeas corpus a favor del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reclamaba anular la decisión de otro magistrado del máximo tribunal que devolvió investigaciones contra el político al juez de primera instancia Sergio Moro, a cargo del escándalo de Petrobras.
Según se informó oficialmente, el juez Luis Fachin devolvió en término el pedido de hábeas corpus por tener a un amigo íntimo entre los renombrados juristas que firmaron la solicitud.
Ahora, la ministra del STF Rosa Weber deberá resolver la cuestión realizando un nuevo sorteo. Ese organismo, voz pública del ex jefe de Estado (2003-2010), también denunció un "acoso mediático" contra el ex líder sindical y dirigente del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).
Los abogados piden que el presidente de la corte suprema levante el bloqueo de la designación de Lula como ministro.
Ahora el caso volvió a manos del juez de primera instancia Sergio Moro, considerado por muchos brasileños un símbolo de la lucha contra la corrupción, aunque para el Instituto Lula es el responsable de buena parte del hostigamiento judicial del exmandatario.
Lula y su familia, afirma el comunicado, fueron “sometidos a métodos no jurídicos y antidemocráticos de investigación, intimidación y difamación”.
El expresidente de Brasil, de 70 años, está en la mira de la justicia por supuesta ocultación de bienes -un tríplex y una chacra en Sao Paulo- que los fiscales vinculan al escandaloso esquema de fraudes que drenó más de 2.000 millones de dólares de Petrobras a través de una red de empresarios, políticos y especialistas en blanquear capitales.
Moro ordenó el 4 de marzo un aparatoso allanamiento del domicilio del hasta entonces intocable ícono de la izquierda latinoamericana y debía decidir si daba cabida a una orden de detención, cuando el nombramiento ministerial pareció arrebatarlo de su esfera.
El magistrado no vaciló en divulgar una conversación telefónica pinchada entre Lula y Rousseff, que fue interpretada como una señal de que el nombramiento era una treta para que su caso pasara a la corte suprema.
El máximo tribunal tiene previsto realizar su próximo plenario el 30 de marzo y los abogados de Lula pidieron un hábeas corpus para que su cliente no pueda ser detenido en ese lapso.
Argentina ratificó su apoyo
La canciller argentina Susana Malcorra expresó ayer firme apoyo del gobierno de su país a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, envuelta en una crisis que genera gran preocupación y por la que desean expresar cuanto antes respaldo regional en nombre del Mercosur.
“Apoyamos a la presidenta Rousseff, esperamos que Brasil resuelva esta crisis de manera institucional. Necesitamos un socio fuerte”, afirmó Malcorra en rueda de prensa en el Palacio San Martín (sede diplomática), al recordar que Brasil es su primer socio comercial.
La canciller dijo que si bien por el momento Brasil no es uno de los temas que tienen en agenda con el presidente estadounidense Barack Obama, que visitará la nación el 23 y 24 de marzo, indicó que se tenía como objetivo emitir un pronunciamiento a nivel del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela- antes de su arribo a Buenos Aires.
