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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad le ordenó a la provincia "adecuar su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en esta sentencia sobre el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior...".
Lo que se traduce en que deberá incluir, dentro del Código Procesal Penal de la provincia, esta doble instancia procesal.
En este fallo redactado en Barranquilla (Colombia), el pasado 2 de setiembre de 2019, también se hace referencia al primer caso de un policía que llega al sistema interamericano de protección a los derechos humanos, cuando señala que el "Estado es responsable por la violación al derecho a recurrir el fallo en perjuicio del señor Oscar Raúl Gorigoitía, disponiendo que se adopten las medidas necesarias para que "los efectos jurídicos del referido fallo condenatorio -dado en setiembre de 1997- queden en suspenso hasta que se emita una decisión de fondo..."
En otras consideraciones, el organismo con sede en la ciudad de San José de Costa Rica, dispone que el "Estado debe, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.
También le recuerda que “la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, para finalizar indicando que “dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto con ocasión del mismo”.
La Primera Cámara del Crimen condenó a 14 años de prisión al sargento Oscar Raúl Gorigoitía, por homicidio simple. La defensa del policía estuvo en manos del abogado Rodolfo Moreno, profesional asesinado en su casa durante un asalto, que intentó sin éxito que el fallo fuera revisado por la Corte, pese a la posición en favor del procurador, en aquellos años, Rodolfo González.
Eso llevó a los abogados Carlos Varela Alvarez, Alejandro Acosta y Pablo Donnangelo a recurrir ante el organismo internacional.
En setiembre de 2013 la Comisión Internacional de Derechos Humanos con sede en Washington (EE.UU) admitió tratar la situación de Oscar Gorigoitía.
Este año, en mayo, una audiencia realizada en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, los miembros del organismo internacional escucharon, durante 30 minutos a cada una de las partes involucradas, hasta que en forma unánime ahora dieron a conocer esta sentencia contra la provincia de Mendoza.
Y aquí vale recordar que el Estado provincial ha sido emplazado y condenado en varias causas, como las de Garrido y Baigorria; Cristian Guardati; al Servicio Penitenciario por el estado de las cárceles, desde el 2014 hasta la fecha.
Un año antes, durante la gestión de Francisco Pérez en el gobierno, también se ordenaba, como ahora, “modificar” el CPP, pero no se hizo.
También hubo intervención por la desaparición de Zambrano y Rodríguez.
Otro dato que no se puede dejar de mencionar está el hecho de que el año pasado de modificó la letra del CPP y este artículo que habla de la doble instancia no fue incluido, pese a la sentencia (Caso Mendoza y otros contra la Provincia) dado hace 6 años.
Ahora, se espera que con la sentencia en la mano, los profesionales intervinientos en este prolongado proceso impulsen la ejecución de los dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se vea reflejado en la letra del Código Procesal Penal.
Por este caso el Tribunal internacional recibió cinco escritos en calidad de amicus curiae (amigos del Tribunal), presentados por la Fundación Centro Latinoamericano de Derechos Humanos ; la Universidad Austral de Buenos Aires ; el Círculo de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Asociación de Pensamiento Penal; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires
