Desde agosto, mientras grandes superficies de la Amazonía estaban siendo reducidas a cenizas y la indignación y los llamados de acción se intensificaban, un grupo de abogados y activistas que han estado promoviendo una idea radical descubrieron un aspecto positivo en plena tragedia: imaginaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dentro de algunos años, siendo transportado a La Haya para ser juzgado por ecocidio, un término ampliamente entendido como la destrucción premeditada y extendida del medioambiente y uno que esperan que esté en el futuro a la par de otros crímenes de lesa humanidad.
Actualmente, no existe un delito internacional que pueda ser usado de modo ideal para responsabilizar, en tiempos de paz, a líderes mundiales o directores ejecutivos corporativos de catástrofes ecológicas que tienen como consecuencia la aniquilación de población y el tipo de desplazamientos masivos más comúnmente asociados con crímenes de guerra.
Sin embargo, los ambientalistas afirman que el mundo debería tratar el ecocidio como un crimen contra la humanidad -como el genocidio- en estos momentos en que las amenazas a corto y largo plazo del calentamiento global se están materializando. Y han descubierto en Bolsonaro una especie de villano ideal hecho a la medida para un caso judicial de prueba. "Él se ha convertido en un símbolo de la necesidad de criminalizar el ecocidio", afirmó Jojo Mehta, cofundadora de Stop Ecocide, un grupo que busca que se le otorgue a la Corte Penal Internacional de La Haya la jurisdicción para procesar líderes y compañías que causen daño ambiental extendido con premeditación.
El primer llamado prominente a criminalizar el ecocidio fue realizado en 1972 por el entonces primer ministro de Suecia, Olof Palme, quien fue anfitrión de la primera cumbre importante de las Naciones Unidas sobre el medioambiente.
En su discurso principal en la conferencia, Palme sostuvo que el mundo necesitaba urgentemente una visión unificada para proteger el medioambiente. "El aire que respiramos no es propiedad de ninguna nación, lo compartimos", afirmó. En aquel momento, esa idea obtuvo pocas reacciones. Palme falleció en 1986 habiendo logrado muy pocos avances en su lucha.
Durante los años 80 y 90, algunos diplomáticos consideraron incluir el ecocidio como un delito grave mientras debatían las competencias de la Corte Penal Internacional, ente establecido esencialmente para enjuiciar crímenes de guerra. Pero cuando el documento fundacional de la Corte, conocido como el Estatuto de Roma, entró en vigor en 2002, el lenguaje que hubiese criminalizado la destrucción ambiental a gran escala había sido eliminado por insistencia de poderosas naciones productoras de petróleo.
En 2016, el fiscal principal de la Corte demostró interés por priorizar casos dentro de su jurisdicción que incluyesen la "destrucción del medioambiente, la explotación ilegal de recursos naturales o el despojo ilegítimo de tierras".
Ese interés llegó en un momento en que los activistas que buscan criminalizar el ecocidio estaban sentando las bases para un cambio histórico a las competencias de la Corte. Su plan es conseguir que alguno de los Estados que son parte del Estatuto de Roma -o una coalición- proponga una enmienda al instrumento constitutivo que establezca el ecocidio como un crimen contra la paz. Al menos dos tercios de los países firmantes del Estatuto de Roma tendrían que apoyar la iniciativa de proscribir el ecocidio para que la Corte obtenga un mandato ampliado, y aun así sólo sería aplicable a los países que acepten la enmienda. De cualquier modo, esta medida podría cambiar la manera en que el mundo percibe la destrucción ambiental.
Richard Rogers, abogado especialista en derechos humanos y derecho penal internacional, afirmó que si los activistas en contra del ecocidio y los países que sufren los efectos del cambio climático proponen una definición concreta del delito, podrían recibir apoyo generalizado con rapidez.
Dado el número de países y empresas que podrían recular ante la posibilidad de ser hallados responsables del delito de daño ambiental, afirmó Rogers, es vital proponer parámetros que reserven el procesamiento para casos de destrucción ambiental "masiva y sistemática" realizada "de manera intencional o premeditada".
Los activistas ambientales afirman que no hay escasez de responsables que pudieran ser juzgados si el mundo decide criminalizar el ecocidio. Sin embargo, pocos casos son tan convincentes como el de Bolsonaro, que en su campaña presidencial prometió revocar los derechos de tierras de los pueblos indígenas y abrir áreas protegidas de la Amazonía a la minería, la tala y la agricultura.
Desde un punto de vista probatorio, Bolsonaro es un acusado potencial atractivo porque ha sido cruelmente irrespetuoso de las leyes y regulaciones ambientales de su propio país. Ha afirmado que proteger el medioambiente es algo que solo importa a los veganos. Se queja de que la Constitución de 1988 de Brasil reservó demasiadas tierras para comunidades indígenas que "no hablan nuestro idioma".
Desde que Bolsonaro asumió el mandato en enero, la deforestación en la Amazonía ha crecido de modo considerable, lo que preparó el terreno para los miles de incendios que iniciaron el mes pasado. Mientras tanto, los organismos gubernamentales encargados de la protección del medioambiente han advertido que están en un punto crítico como resultado de los recortes de personal y presupuesto.
Bolsonaro no es el único líder mundial repudiado por los ecologistas. El presidente Donald Trump ha sido atacado por revertir regulaciones ambientales y retirarse del Acuerdo de París.
El mes pasado, tras enfrentarse a una avalancha de presión internacional y al boicot de algunas exportaciones brasileñas, Bolsonaro ordenó una operación militar para apagar los incendios en la Amazonía. Pero el mensaje dominante del gobierno ha sido que la angustia del mundo por la Amazonía es una intromisión indeseable e injustificada a la soberanía de Brasil.
