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Luego de que los abogados de las víctimas del caso de abuso eclesiástico Próvolo denunciaran públicamente la existencia de una "doble vara" en la Justicia y evidenciaran su preocupación por la resolución que dejó en libertad a la ex representante legal del instituto religioso, Graciela Pascual; los jueces que tomaron esta decisión se defendieron de las acusaciones.
"Me parece que hay una utilización de esa forma que no busca otra cosa que exacerbar tal vez las pulsiones más irracionales de las víctimas. Porque (los abogados) colocan la situación como si nosotros hubiésemos obrado en detrimento de las víctimas, lo cual es absolutamente falso. Hemos respetado los parámetros de la ley", destacó el juez Diego Lusverti al referirse a la resolución adoptada por el tribunal que integra junto a Ariel Specktor y a Eduardo Martearena; y que otorgó la libertad a la mujer; mano derecha del cura Nicola Corradi y a quienes los chicos conocen como "la jefa". La situación de la imputada no ha cambiado, por lo que llega igual de comprometida al proceso; aunque en libertad.
Graciela Pascual se desempeñó hasta fines de noviembre del 2016 como la representante legal del instituto religioso. Luego de que salieran a la luz las primeras denuncias por abusos sexuales a niños y niñas que dormían en el lugar, las acusaciones fueron sumándose hasta alcanzar a 14 autoridades y ex empleados del instituto, entre ellas 2 curas, 2 monjas y la mencionada Pascual. "La jefa" está imputada como partícipe primaria de los abusos, e integra la causa tres del caso Próvolo; que investiga hechos de abuso sexual y corrupción de menores cometidos contra más de 20 ex estudiantes en el instituto lujanino.
Si bien aún no se encuentra en juicio (ni siquiera hay fecha todavía para el proceso), en las declaraciones del proceso que está en marcha actualmente ya se la menciona por los chicos y padres, quienes la acusan de haber estado al tanto de los abusos, de haberlos tapado y hasta de haber echado y amenazado a aquellos que advertían que la situación en el Próvolo era irregular.
Hasta el martes, "la jefa" estuvo con prisión domiciliaria. Sin embargo, los jueces resolvieron que recupere la libertad.
"La decisión se tomo en función de los parámetros que dispone la ley, no ha sido interpretación arbitraria, antojadiza o ridícula. Sino que es una estructura que establece la ley que es muy clara en cuanto al cumplimiento de los plazos", agregó Lusverti.
Los jueces había otorgado una prórroga de 18 días hábiles a la prisión preventiva de Pascual, que se cumplieron el viernes pasado. En ese lapso, el fiscal debería haber firmado un decreto para remitir el expediente a un tribunal penal colegiado. "La parte querellante podría haber pedido que se hiciera inmediatamente la audiencia preliminar. Esa actividad no existió, y eso es algo que escapa a nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es aplicar la ley, que establece aplicar parámetros claros y precisos. Nosotros aplicamos esos parámetros para darle la misma aplicación a todos los ciudadanos", detalló el magistrado.
Concretamente, la polémica radica en que los abogados querellantes argumentan que el fiscal hizo ese pedido concreto, y que fue autorizado por la jueza Alejandra Alonso. No obstante, se resolvió que no era facultad de esta magistrada ya que no era ella quien tenía la causa. El detalle -según acusan los abogados de las víctimas- es que el expediente no había pasado a otro tribunal aún.
"Creo que es errado el cuestionamiento de los abogados porque fueron solo 18 días (NdA: los que se otorgaron de prórroga). Cuando terminó la audiencia, ellos nos felicitaron por esa resolución, les parecía que era la más justa, la más racional y adecuada. Y creo que es así", agregó Lusverti. Además, cuestionó las acusaciones de "doble vara" para actuar por parte de la Justicia y del término "Justicia de los pasillos".
"Creo que todos los ciudadanos -hasta el acusado del crimen más perverso- tiene derecho a que se le aplique la ley, no la justicia de los pasillos ni una interpretación arbitraria de una de las partes", explicó.
"La única lectura posible es que cuando una de las partes no está conforme con la resolución que se dicta, utiliza un mecanismo que yo interpreto que es extorsivo, que es colocar al juez en tela de juicio acerca de que resolvió protegiendo o tutelando el interés espurio de alguna de las partes, lo cual en este caso es absolutamente falso. No tienen ninguna prueba, hablan de sospechas, de la justicia de los pasillos, de que respondemos al interés corporativo de la Iglesia Católica, son todas acusaciones absolutamente falsas, no me parece ético decir eso", sentenció.
